Pena muerte
Madrid, futura sede de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte
Madrid será sede de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, iniciativa surgida en 2010 a partir de una idea del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para avanzar hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
La decisión se ha adoptado en una reunión que la Comisión celebra desde este jueves en Madrid y en la que España ha estado representada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Madrid albergará así el futuro Secretariado de la Comisión, integrada en la actualidad por personalidades de reconocido prestigio en el campo de la defensa de los derechos humanos.
Ybáñez ha agradecido a los comisarios la confianza depositada en España y ha destacado que con dicha decisión se da un gran paso hacia la viabilidad de la misma.
El secretario de Estado se ha referido a la necesidad de diseñar una estrategia de financiación y ha valorado muy positivamente la iniciativa de elaborar para el año que viene una estrategia de regiones y países por parte de los mismos comisarios, ya que permitirá dar el enfoque correcto a las actividades de la Comisión en los próximos años, precisa Exteriores en un comunicado.
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Ybáñez ha destacado también el compromiso y apoyo de España a los trabajos de la Comisión al tratarse de un instrumento único, ha dicho, en favor de la abolición de la pena capital.
Uno de los ejes prioritarios de la acción exterior española en materia de Derechos Humanos es precisamente la lucha contra la pena de muerte, desde los distintos ámbitos e instancias internacionales, afirma Exteriores en su nota.
España rechaza la pena capital en todos los casos y circunstancias, recuerda el ministerio, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por ser un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provocar efectos irreparables en caso de error judicial.
