El líder de C's niega vínculos con la empresa de su familia para no abstenerse en la votación sobre Telemadrid

¿Los negocios de la familia deben condicionar la actuación de un diputado en la Asamblea de Madrid? El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, cree que no. Al menos en el caso que le afecta: Aguado indicó a preguntas de infoLibre que no se abstendrá en la votación que esta semana deberá aprobar la nueva ley de Telemadrid, que deja abierta la puerta a la externalización de la emisión de la señal de la cadena, ahora en manos de Telefónica. Se da la circunstancia de que la empresa Coyser SA, propiedad de la familia de Aguado, mantiene relaciones empresariales con Telefónica. "No existe ninguna razón para abstenerme", contestó Aguado a este periódico.

Telefónica Broadcoast Services, una filial de la multinacional, está vinculada a Telemadrid desde que en 2013 recibió un contrato, sin concurso público, para la gestión de la emisión de la señal de la televisión madrileña. Estos trabajos fueron externalizados pocos días después del despido, mediante un ERE, de 861 profesionales de la cadena autonómica madrileña.

Y el proyecto de ley de Telemadrid negociado entre Ciudadanos y el Partido Popular, y presentado en la Asamblea, abre la puerta en su nuevo artículo 31.8 a mantener las cesiones a terceros de la realización de los programas informativos, que desde 2013 gestiona Telefónica.

En 2014 Telefónica se hizo por 7.397.658 euros con un nuevo contrato, y según las bases del concurso realizado por Telemadrid, la vinculación era de un año. Sin embargo, el acuerdo contemplaba que podría ser prorrogado por anualidades, "de mutuo acuerdo por las partes, hasta un máximo de cuatro anualidades de vigencia total del contrato". Es decir, Telefónica podría gestionar la externalización de las emisiones de la cadena por cuatro años, lo que supondría 29,5 millones.

Contrato a Coyser

Precisamente Telefónica otorgó en 2013 a la empresa de la familia de Aguado, según la información que consta en la propia web de Coyser SA, un contrato nacional de cableado. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, a preguntas de infoLibre, ha asegurado "desconocer" la vinculación familiar de Coyser con Telefónica.

Este diario también interpeló a Aguado acerca de si considera ético haber participado en la negociación de la nueva ley de la televisión autonómica, que mantiene la posibilidad de adjudicar a operadores como Telefónica parte de sus trabajos, cuando la multinacional ha contratado a su empresa familiar: "Ni soy ni he sido accionista de Coyser, ni tengo ningún tipo de relación con esa empresa. Creo que mi comportamiento es perfectamente ético".

Preguntado por el motivo por el que la ley no prohibirá la cesión a terceros de la realización de programas informativos, tal y como sí plantea por ejemplo la ley gallega de la televisión autonómica, Aguado se limitó a responder que la intención de su formación política es "aumentar paulatinamente la producción propia de la cadena".

Renovó en 2014

La renovación en 2014 de Telefonica como subcontrata de Telemadrid se acordó pese a presentar una de las ofertas más caras. La multinacional se hizo con la gestión de las señales de audio y vídeo de los programas de Telemadrid, LaOtra y el canal web.

La oferta de la operadora no era la más barata. Según el diario El Mundo, Mediapro y Secuoya habían presentado ofertas económicas más rentables, casi un millón de euros al año menos. En concreto, la oferta de Mediapro se situaría en 6,5 millones (4,2 en sevicios fijos y 2,3 en servicios variables) y la de Secuoya en 6,3 millones al año (3,9 en servicios fijos y 2,4 en servicios variables).

Querella por la adjudicación

La adjudicación de este contrato sin concurso público sirvió de base para la querella de los trabajadores de la autonómica madrileña, que denunciaron que días después de que se expulsara de la plantilla a las personas que se encargaban de gestionar la señal, Telefónica se hizo a dedo con la gestión técnica de la televisión.

infoLibre también ha preguntado a Aguado acerca de si conocía que un juzgado investigaba la contratación de Telefónica por vía de urgencia y sin publicidad para la emisión de la señal, a lo que contestó con un escueto "no".

En concreto, la querella se dirigió contra el ahora presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, cuando era máximo responsable de Telemadrid. Los trabajadores le acusaron en el juzgado de subcontratar a una filial de Telefónica para realizar tareas desempeñadas por una parte de los 861 trabajadores despedidos en un ERE, posteriormente declarado "improcedente" por los tribunales.

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La querella, inicialmente presentada por el sindicato CCOO, denunciaba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos "contra derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario".

Se da la circunstancia de que Sánchez había desempeñado diversos altos cargos en Telefónica justo hasta su designación como director general de Telemadrid. Tras la presentación de la demanda ante la juez de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, José Antonio Sánchez prestó declaración en julio de 2013 y defendió la "absoluta legalidad de todas las decisiones, actuaciones y contratos realizados en la tramitación y ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público".

Aguado no es el único diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid vinculado a Telefónica. Dolores González Pastor ha ocupado durante más de 15 años diferentes puestos de responsabilidad en la multinacional española de telecomunicaciones, según especifica la diputada en su perfil de la red social Linkedin.