El ministro de Justicia no aclara si Rajoy recibió compensaciones de su sustituto como registrador

¿Ha recibido Mariano Rajoy alguna clase de compensación económica por parte de Francisco Riquelme, su sustituto como “registrador accidental permanente” en la localidad alicantina de Santa Pola? ¿Se repartieron ambos a partes iguales los beneficios del citado registro entre los años 1990 y 1998? ¿Por qué Rajoy no pidió el pase a servicios especiales hasta noviembre de 1985, 14 meses después de que la Ley de Incompatibilidades prohibiese cobrar como registrador y como cargo público? Estas son tres de las preguntas que el semanario Ahora trasladó el pasado 8 de diciembre al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al actual director general de Registros, Javier Gómez Gálligo. Ninguno de los dos respondió, tal y como revela la publicación dirigida por Miguel Ángel Aguilar en su número de esta semana.

Ahora dedica un amplio reportaje a abordar el pasado y el presente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad, así como a analizar la situación de este particular cuerpo de funcionarios que ejercen sus funciones en régimen de monopolio y obtienen a cambio unos ingresos medios que superan los 300.00o euros anuales.

El semanario asegura que Riquelme se hizo con el puesto de Rajoy en Santa Pola porque el hoy presidente del Gobierno así se lo pidió a los dos registradores que tenían derecho a la plaza, Pilar Ludueña y Francisco Pérez de la Cruz, saltándose el cuadro de sustituciones.

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La situación de Riquelme fue solucionada años más tarde, siempre según el mismo medio, a través de una reforma del Reglamento Hipotecario promulgada en 1998, precisamente cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas. La modificación del artículo 552 “atornilló la posibilidad de que Rajoy continuara como titular y que Riquelme pudiese estar de modo indefinido como 'registrador accidental permanente”.

Expertos consultados por Ahora aseguran que esta situación contradice lo previsto por el artículo 5 de la Ley de Conflictos de Intereses, que prohíbe a un alto cargo “desempeñar por sí, o mediante sustitución, cualquier otro puesto de carácter público o privado”.

El semanario se hace eco también de la investigación llevada a cabo por infoLibre en torno al expediente secreto de Rajoy y su actividad como registrador, así como de la recogida de firmas para exigir que se haga pública toda la información que el Gobierno declaró secreta en 2001.