La Audiencia Nacional pospone por segunda vez el juicio a los Carceller por la enfermedad del patriarca

Suspendido sine die. El juicio contra el presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, que estaba previsto que se iniciara el 11 de enero y que se alargara hasta el 23 del mismo mes, no se celebrará en esa fecha por enfermedad del patriarca, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional a infoLibre.

Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que peritos judiciales han confirmado la enfermedad de Demetrio Carceller Coll, que afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusaron de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Los dueños de la cervecera Damm y del 14,1% de la constructora Sacyr ya habían logrado que el juicio, que en un principio iba a celebrarse en julio, se pospusiera seis meses. El motivo de este retraso fue para preparar el testimonio de tres personas que viven en Estados Unidos y que iban a declarar por videoconferencia.

Declaración jurada en Lisboa

Los Carceller incluyeron entre sus testigos a tres mujeres de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyeron la responsabilidad de la gestión de las empresas de esta familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Este empresario formaba parte del consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Este testimonio de las testigos es de vital importancia, habida cuenta de que la mayor parte de los delitos atribuidos al actual presidente de Damm tienen su origen en las inversiones realizadas por su familia en Arizona (EEUU).

Declaración inducida

Y por eso la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó infoLibre, quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También pretende saber si el desplazamiento desde Estados Unidos de las testigos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos.

En concreto, el Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España.

Carceller Arce también intervino, según la fiscal, en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de empresas radicadas en varias islas de las antiguas Antillas Holandesas.

118 millones

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas a la Hacienda pública española. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Simuló vivir en Lisboa

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En el caso del padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Los dos Carceller procesados en la Audiencia Nacional son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista. Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado en 1940 titular del Ministerio de Industria.

Pronazi convencido se le considera, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escala".