Anticorrupción pide seis años de cárcel para Blesa y cuatro y medio para Rato por las tarjetas ‘black’

La Fiscalía Anticorrupción ha dado por finalizada la investigación sobre el escándalo de las tarjetas black y reclama al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu penas de prisión para los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y para otros 64 exconsejeros y exdirectivos de las entidades financieras.

En concreto, el Ministerio Público ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y una indemnización de 9.344.808 euros, cantidad dispuesta entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.

Para Rodrigo Rato, primero presidente de Caja Madrid y después de Bankia, el fiscal solicita cuatro años y seis meses y una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las Visa.

Apropiación indebida

Tanto a los expresidentes como al resto de exconsejeros y exdirectivos, la Fiscalía Anticorrupción les acusa de ser los autores de un delito continuado de apropiación indebida al gastar más de 15 millones de euros con tarjetas de las entidades financieras.

Según Anticorrupción, Blesa "autorizó" la entrega a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid, de la comisión de control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito que podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición: "Incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad", especifica el escrito de acusación.

Cuatro años para Blesa

La Fiscalía sostiene que, con esta forma de actuar, "se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid".

El fiscal Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, pide para los investigados penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel. Entre 2003 y 2012, periodo en el que los delitos no han prescrito, los gastos de las tarjetas black ascendieron a un total de 12,03 millones.

El representante del Ministerio Público también reclama tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y dos años para el exdirector general financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, informa Europa Press.

También reclama para todos los acusados penas de inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria y que no se presenten a unas elecciones durante el tiempo que duren sus condenas. Además, considera como atenuante que once exdirectivos, entre ellos Sánchez Barcoj y Fernández Norniella, hayan reparado el daño al devolver el dinero que gastaron de forma irregular.

Blesa fijaba el límite

Anticorrupción señala que Blesa autorizó personalmente la entrega de las Visay fijó el límite de gasto mientras ocupó la presidencia de Caja Madrid, entre el 11 de septiembre de 1996 y el 28 de enero de 2010. Su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, se encargó "materialmente", a través de sus secretarias, de dar las indicaciones correspondientes al departamento de tarjetas para la emisión y cancelación de las mismas y las eventuales modificaciones de sus límites.

El total de los cargos presuntamente irregulares ascendió a 9,3 millones de euros en la época de Blesa y a 2,4 millones en la de Rato, a lo que hay que sumar otros 245.228,48 euros que fueron gastados por los consejeros ejecutivos y directivos de Bankia bajo la presidencia de este último.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750).

Tres años de cárcel

Anticorrupción también reclama tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226) y dos años y medio para Luis Blasco (51.580), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).

Asimismo, la petición de penas de dos años de cárcel corresponde al ex director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).

También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154); mientras que solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).

Por su parte, solicita un año y medio de cárcel para el representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472).

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Las menores penas, de un año de cárcel, solicita que sean impuestas sobre Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).

Por su parte, la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri también ha presentado un escrito de acusación en el que reclama cuatro años de prisión para Blesa y tres para su sucesorBlesa al frente de la entidad, como máximos responsables de las polémicas Visa, al tiempo que reclama a todos los beneficiarios de las mismas que devuelvan el dinero gastado.