El duelo judicial que ganó José Castro

Cristina de Borbón no se librará del banquillo. no se librará del banquilloLa Audiencia Provincial de Baleares confirmó este viernes la condición de acusada de la hermana del rey Felipe VI, cuya presencia se adivina central en el juicio en el que se determinará la culpabilidad de los 18 implicados en una pirámide presuntamente delictiva en cuya cúspide aparecen los seis millones de euros públicos cazados a dedo en Baleares, Valencia y Madrid por Instituto Nóos y su ONG heredera (la Fundación DCIS) y el entramado societario construido en España y en paraísos fiscales como Luxemburgo y Belice y utilizado por los acusados para desviar y blanquear ese dinero. 

El tribunal acordó este viernes que la infanta sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco de este caso dando carpetazo a la pretensión del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach de que diera por bueno el paralelismo entre ella y el ya fallecido banquero Emilio Botín, quien se libró de una condena por fraude a Hacienda porque sólo la acusación popular –es decir, no la fiscalía– le endosaba ese delito. Así que si hay una gran perdedora en esta historia, al menos por el momento, esa parecer ser la infanta. Aunque no es la única.

La decisión de las tres juezas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares echa por tierra la pretensión de Horrach. Y también de la Abogacía del Estado –que en este caso representa los intereses de la Agencia Tributaria– y que ha mantenido que la infanta no hizo ningún daño a Hacienda. En el otro lado, en el de los resarcidos por esta decisión, aparece la figura del juez José Castro, que tras sus investigaciones consideró que no imputar a la infanta equivaldría a extender una mancha de sospecha de privilegios imposible de limpiar. Pero ahora ya no es sólo él, sino tres magistradas de un tribunal de segunda instancia, las que consideran que la infanta tiene que sentarse en el banquillo. 

En declaraciones a infoLibre, el magistrado dice sentirse "satisfecho" con una decisión que confirma las tesis que había defendido en el auto de apertura de juicio oral y califica de "técnicamente impecable" el escrito que firman las tres juezas conocido este viernes. La realidad es que fue en soledad y hace dos años cuando el juez José Castro tomó la determinación de citar como imputada a Cristina de Borbón. 

Tándem anticorrupción 

La decisión de la Audiencia de Baleares abre más si cabe el hueco que se abrió en abril de 2013 entre el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma y el representante del Ministerio Público. En esa fecha Castro atribuyó a la hija del rey un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Y Horrach recurrió esta decisión. El tono de su escrito, en el que le acusó de basarse en "sospechas personales" y llegó incluso a hablar de teoría conspiratoria, contribuyó a agravar las diferencias entre ambos.

Hasta entonces ambos habían hecho un buen equipo en la lucha contra la corrupción en Baleares. De hecho, Castro dio un impulso la investigación con la que se levantó el caso Palma Arena gracias a las diligencias que Horrach había abierto respecto al expresidente balear Jaume Matas. El culmen de esa macroinstrucción –fue repartida en 27 piezas separadas– fue la apertura en 2010 de un sumario sobre el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos del entonces yerno del rey, Iñaki Urdangarin.

Fue desentrañando facturas del gobierno autonómico como el fiscal se encontró una carpeta casi vacía que le hizo sospechar. Y de ahí surgió el caso Nóos. Cuando el asunto llegó a Urdangarin ninguno dudó sobre qué camino tomar. Tras tomarle declaración estuvieron de acuerdo en su imputación sin saber exactamente qué irregularidades podía esconder el Instituto Nóos. Pero esta sintonía se desvaneció cuando apareció en escena la infanta y, más si cabe, cuando Castro decidió imputar a la infanta. 

Investigación 

Lo cierto es que aquella primera imputación resultó suspendida por la Audiencia de Palma con un auto que implicó una victoria pírrica para quienes, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cabeza, habían expresado públicamente su desacuerdo con el juez. Pero como si de una carambola se tratase fue precisamente esa resolución la que ordenó a Castro investigar a la infanta por delito fiscal y blanqueo.

El juez siguió investigando tal y como le había conminado a hacer la Audiencia de Palma. Mientras tanto, antes incluso de que Castro hiciera pública la segunda imputación siguiendo la vía abierta por ese tribunal, Horrach volvió a aparecer. Esta vez con un escrito en el que se defendía de quienes le señalaban como defensor de la infanta. Insistió en que no había "un solo elemento de prueba" para sustentar su citación y alertaba de que Castro no podía atribuir a Cristina de Borbón presuntos delitos "con meras elucubraciones". Era noviembre de 2013. 

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Finalmente, en un auto del 7 de enero de 2014, el juez Castro concluyó que la infanta debía ir al banquillo como presunta cooperadora de dos de los delitos fiscales (2007 y 2008) atribuidos a su marido. Sostuvo que participó en una estrategia contable dirigida a obtener beneficios "opacos" para Hacienda a través de la empresa Aizonn SL, cuya propiedad comparten cada uno de los cónyuges. Pero su decisión de imputarla y, luego, de incorporarla a la lista de inculpados acabó por dinamitar la relación de confianza entre Castro y el fiscal Horrach, una relación sustentada en la lucha contra la corrupción en Baleares y de la que hoy no queda nada.

En este último auto Castro calificó de "inadmisible" que se pretendiera aplicar un especial cuidado a la citación de personajes públicos y señaló que llamar a la hija del rey para preguntarle por los manejos de la sociedad que posee al 50% no hace "tambalear los pilares del Estado de Derecho". Pero también este escrito fue recurrido por Horrach, que sostuvo que Cristina de Borbón había sido imputada por ser quien es. Acusó al magistrado de hacer un "juicio de valor" y "encaje de bolillos", así como de estar contaminado por "la influencia de los medios de comunicación". Castró le respondió invitándole a presentar una querella contra él por prevaricación. La Audiencia volvió a dar la razón al juez, si bien exoneró a la infanta del segundo delito en liza, blanqueo.  

Horrach no recogió el guante de esa invitación a querellarse contra él que le lanzó Castro, pero el enfrentamiento público de estos escritos cruzados sí evidencia la clara ruptura de un engrasado tándem que se fracturó por sus posturas opuestas sobre la imputación de la infanta. Por el momento, el juez Castro parece ser el vencedor de la partida.