Imputado un exdirector de Vivienda por la venta de 3.000 pisos públicos

El que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2013, Juan Van-Halen, tendrá que comparecer en sede judicial el próximo 23 de febrero en calidad de imputado –ahora investigado– para explicar la operación de venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en 2013. Van-Halen ocupa, actualmente en funciones, el puesto de director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, Ignacio Bigeriego, ha aceptado finalmente la petición de imputación que hicieron las acusaciones después de que la actual directora del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Ana Gomendio López de Asiaín –que también está imputada en esta causa– echara balones cuando fue interrogada por el juez en septiembre de 2014. Entonces, Gomendio, que sustituyó en ese puesto a Van-Halen, dijo desconocer algunos de los aspectos planteados por los querellantes porque cuando llegó al cargo, en abril de 2013, el proceso de venta, que se consumó cuatro meses después, ya estaba iniciado.

Ahora el juez también llama a declarar, en este caso en calidad de testigos, a los integrantes de la mesa de contratación, pues la venta se llevó a cabo a través de subasta pública; y a los máximos responsables de la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicataria de estas viviendas.

También reclama al Ministerio de Hacienda que designe a un arquitecto público para que realice una tasación de los inmuebles, que fueron vendidos por 201 millones de euros. Los querellantes creen que la venta se produjo a un precio "irrisorio": 68.484 euros de media por inmueble. Consideran además que ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".

Entramado societario 

Por otro lado, el juez Bigeriego también reclama a la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que designe a dos inspectores para elaborar el informe que solicitó el pasado octubre para de dilucidar "la posible interrelación" entre las empresas que compraron estos pisos. El objetivo del juez es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación. El juez hizo el pasado mayo a la Guardia Civil una reclamación en este mismo sentido.

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En la misma providencia el magistrado reclama también al Registro Mercantil que aporte al juzgado la hoja registral íntegra de la sociedad Colon Viviendas SII S.A. 

Hay que tener en cuenta que son varias las compañías implicadas en esta operación: la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicatria; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

Pues bien, tal y como figura en un escrito del fiscal fechado con fecha del pasado 15 de enero, Encasa Cibeles fue en un primer momento una sociedad unipersonal participada en exclusiva por Azora. Pero en octubre de 2013 se produjo una ampliación de capital a la que concurrieron ELQ Investors II LTD, una sociedad controlada por el fondo de inversión Goldman Sachs con sede en Delaware, que es un territorio considerado paraíso fiscal; y Colon Viviendas SII S.A. De esta última sociedad es de la que el magistrado reclama ahora más información.