El PP valenciano se hunde entre delaciones y recelos

El gesto es el de su habitual socarronería. Lo lleva colgado en la cara durante los escasos dos metros que separan su portal del vehículo de paisano de la Guardia Civil. Un puñado de palabras incomprensibles le crujen entre los dientes y perdona varias vidas de fotógrafos que le flashean sin parar. Una vez dentro del coche, lanza un suspiro de hastío largo y ronco. Se trata de Alfonso Grau, el último referente del PP valenciano encarcelado, por unas horas, siguiendo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

Grau fue mano derecha durante 20 años de la excalcaldesa Rita Barberá hasta que el pasado marzo dimitió por el caso Nóos y se convirtió en un proscrito. Este lunes fue arrestado a primera hora y presenció las otras cinco de registros en su casa del Ensanche de Valencia, a pocas calles de donde reside Rita Barberá y con el Palacio de Justicia a mitad de camino entre ambas. Ya en el cuartel de la Guardia Civil, Grau se negó a declarar por un presunto delito de soborno en la firma de un contrato municipal con Viajes Transvía, cuyo responsable, el empresario Urbano Catalán, también acabó detenido. Ambos salieron en libertad a primera hora de la tarde. La causa, bajo secreto de sumario, se habría iniciado tras la denuncia de un particular a finales de 2015.

Un sumario que ha caído en el juzgado de Instrucción número 19, el mostrador siguiente al 18, donde se investiga la operación Taula por la supuesta financiación irregular del PP valenciano y por donde ya han desfilado los ediles, cerca de 20, que acompañaron a Grau durante lustros en el consistorio. Ambas causas, al menos de momento, no están conectadas, pero el PP sigue acaparando juzgados de instrucción: el 14 investiga el agujero de Feria Valencia, el 15 la sombra de la Gürtel durante la visita del Papa, el 20 el saqueo de la depuradora de Pinedo, el 21 el accidente del metro, el esquilmado del IVAM y el robo de los fondos de Cooperación... Un efecto dominó que ha derivado en auténtica desbandada de gaviotas en un PP sumido en una densa niebla de delaciones, recelos y antipatías.

De hecho, la investigación de Taula no solo ha puesto luz a las presuntas mordidas para alimentar la caja B del grupo municipal, sino también los egos y antagonismos que lo envenenaban. Aquel marzo de 2015, Grau dimitió tras renunciar a la defensa de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, más preocupado en buscar la exculpación de la exalcaldesa que en salvar a su cliente. Grau presidió la fundación Valencia Turismo cuando se adjudicó a dedo al Instituto Nóos, entre 2004 y 2006 y por 3,6 millones, las Valencia Summit, unas jornadas sobre grandes eventos relacionados con el deporte.

El exvicealcalde conoció su procesamiento el 2 de marzo y el 16 hizo pública, en compañía de Barberá, su dimisión. Fue una comparecencia breve. “Destaco su responsabilidad y grandeza y más alto sentido del honor y el deber”, hinchó Barberá la despedida, pero el ambiente era frío. En esos días se negociaba la lista electoral y Grau quería que María José Alcón, exconcejal de Cultura y su esposa desde hacía un año, fuera en un lugar con opciones, al menos en el puesto 13, pero acabó en el 16. Aquello enfureció al político, quien no realizó ni el traspaso de poderes ni del manual de instrucciones de la maquinaria electoral que dirigía desde hacía años y que, según declaraciones al juez de concejales imputados, incluiría el manejo de las supuestas comisiones y los depósitos opacos.

Plan B para la 'caja B'

Aquello obligó a poner en marcha un plan B para la 'caja B'. Y teóricamente entró en juego Mari Carmen García-Fuster, íntima de Bárbera desde los años de cuchillos al viento de Alianza Popular, en los lejanos ochenta. A tan solo un mes y medio del inicio de la campaña para las municipales, García-Fuster, según la investigación, habría solicitado a unos 50 miembros del PP, entre concejales, exconcejales y asesores, el ingreso de 1.000 euros en las cuentas del partido –necesitado de liquidez– con retorno en dos billetes de 500 euros dentro de un sobre. Una petición en primera persona o a través de Juan Pedro Gómez, entonces asesor de Alcaldía y también imputado en la causa. “Gómez me insistió mucho, decía que venía de parte de la Fuster, pero yo le dije que no porque me estaba divorciando y no me venía bien avanzar ese dinero”, explicó uno de los cuatro asesores que rechazó el ingreso.

Concretamente solo se negaron los cuatro colaboradores de Alfonso Grau, conscientes de que no seguirían en la próxima legislatura: “Era un caso clarísimo de blanqueo de capitales”, resumió Arantxa Martín junto al cuartel de la Guardia Civil. El mismo escenario en el que el exedil Juan Vicente Jurado señaló, el 2 de febrero, a Grau como “quien movía los hilos y por el que pasaban casi todos los contratos, al menos en los últimos cuatro años”. “A mí Grau no me ha hecho nada, a la ciudad muchas cosas”, insistió Jurado la semana pasada tras declarar ante el juez.

Madera y cólera

Mientras, Alfonso Grau se ha dedicado al lanzamiento de dardos a una Rita Barberá, agazapada tras los visillos de su ventana y el teclado del móvil. “Cuidado con lo que decís”, envío un sms a Isabel Bonig, actual presidenta del PP valenciano y una de las que más ha insistido en que la excalcaldesa debe dar explicaciones y un paso al lado. “Algo sí sabía”, se refirió Grau a Barberá y a la supuesta contabilidad opaca en declaraciones a TVE el 3 de febrero. El político explicó, además, que no había tenido noticias de ningún compañero, incluida Barberá, desde que abandonó el Ayuntamiento: “He echado en falta más calor”.

Un frío que nace del silencio y la soledad, pero también del linchamiento que, a su juicio, está sufriendo su esposa, María José Alcón, imputada en el caso Imelsacaso Imelsa y considerada uno de los nudos gordianos de la investigación. En plena campaña electoral de las locales, trascendieron conversaciones entre Alcón y Marcos Benavent, el arrepentido “yonqui del dinero”, en las que negociaban comisiones y amaños de tribunales para proyectos municipales como la Mostra de Cine de València. Sobre estas cuestiones, Grau ha reiterado que, si su mujer cometió irregularidades, fue inducida a engaño y en abuso de su buena fe. Y exigió ampliar las responsabilidades: “Que cada uno cargue con su cruz”.

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Y para no llevar madera de otros, el propio Grau declaró el pasado jueves desde el banquillo del caso Nóos que Urdangarin llegó a Valencia “de mano de Barberá”, quien le remitió a la fundación Valencia Turismo “porque los proyectos pintaban bien”. Un giro en el discurso oficial y un nuevo golpe en mitad de una ciudad convulsa. Tanto como para invocar la sorprendente aparición de Francisco Camps a la misma hora en que Grau salía detenido de su casa. Desde el salón de un hotel, Camps se dirigió a la prensa para contestar a las noticias emitidas por la Ser y que le apuntan, según la investigación del caso Imelsa, como el principal recaudador de las cinco cajas Bcajas B que habrían existido en el País Valenciano desde 2003.

“No hay nada, estoy harto de las insidias y mentiras contra mí”, arremetió un Camps colérico y mesiánico: “La única explicación que tiene esto es que la izquierda contra Camps pierde en las urnas”. “¡Qué se levante un solo español y que diga que sabe que Camps tiene no sé qué!”, continuó, se inflamó y enfatizó: “Pido que nadie me impute ni me detenga, ni el guardia civil 1.000, ni el juez ni el Fiscal Anticorrupción o el Fiscal Procorrupción”. Todo ello hasta enunciar su fe en la inocencia de Barberá: “No se ha llevado ni una bolsa de rosquilletas”. “Pongo la mano en el fuego por Barberá y por Rus”, manifestó un Camps que nunca ha destacado por el aprecio a unas extremidades que ya colocó sobre las llamas por un Rafael Blasco recién condenado a ocho años de prisión.

En definitiva, todo derivaciones del juzgado de instrucción 18. O del 20, el 15, el 14, el 21. Ahora también el 19. El PP valenciano sigue para bingo.