Argentina
La economía jaquea a Macri
Pasaron sólo dos meses y un puñado de días. El 10 de diciembre Mauricio Macri salió al balcón de la Casa de Gobierno y saludó a quienes se habían reunido para celebrar su asunción. “Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos podíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país”, aseguró. Luego siguió con unas pocas frases propias de un libro de autoayuda. “Les quiero agradecer que crean en ustedes mismos. Yo estoy acá porque creo en ustedes y necesito que ustedes crean en ustedes”, sostuvo antes de ponerse a bailar al ritmo de la cumbia No me arrepiento de este amor. “¡Los amo! ¡Amo este país! ¡Con ustedes y por ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos!”, concluyó.
Pese a aquellas promesas llenas de entusiasmo, lo que vino después está lejos de parecer una “etapa maravillosa”. Entre las distintas medidas que se han ido tomando sobresalen la devaluación del peso, una creciente desregulación financiera, la reducción y eliminación de impuestos a las exportaciones agropecuarias y mineras, el despido de empleados públicos, la subida de las tarifas de luz y el intento de limitar los aumentos salariales en un escenario de inflación creciente.
En el gobierno afirman que el presente es parte de la herencia del pasado. Sostienen que es necesario restablecer una supuesta “normalidad” perdida durante los 12 años del kirchnerismo en el poder y presentan el ajuste como un “sinceramiento” requerido para lograr ese objetivo. En todo momento han buscado instalar la idea de que lo ocurrido hasta ahora era algo inevitable y que llevará tiempo y esfuerzo salir adelante.
Desde el kirchnerismo, en cambio, responden que lo que está haciendo Macri es beneficiar a los sectores más concentrados de la economía y que el camino elegido es consecuencia de una decisión política. Incluso recuerdan que antes de las elecciones habían advertido sobre muchas de las medidas que Macri tenía en carpeta y entonces los acusaron de llevar adelante una “campaña del miedo” para asustar a los votantes.
Esa disputa por cómo interpretar lo que está ocurriendo se observa luego de cada medida que el nuevo gobierno ha ido tomando. Por ahora, Macri gana la batalla con el respaldo de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Al menos eso reflejan las encuestas, donde su imagen positiva continúa siendo alta, aunque el impacto en el bolsillo de los trabajadores ha hecho que la tendencia se muestre a la baja en las últimas semanas.
La principal medida que tomó Macri cuando llegó al poder fue devaluar la moneda. A mediados de diciembre eliminó las restricciones cambiarias que había impuesto el kirchnerismo y el dólar trepó en un día de 9,84 a 13,90 pesos, un 41 por ciento. El objetivo fue incrementar la competitividad de las exportaciones para incentivar a las cerealeras a liquidar sus stocks de granos.
Durante la campaña electoral, el entonces candidato a ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay había anticipado la devaluación, pero había dicho que no iba a impactar en los precios internos porque la mayoría de los bienes y servicios tenían como referencia el dólar negro que había surgido a la sombra de las restricciones cambiarias y que por entonces estaba en torno a los 15 pesos. “Subirá el oficial, que no afecta prácticamente a nadie”, aseguró, pero lo ocurrido fue muy diferente.
La devaluación golpeó de lleno en los precios, acelerando una inflación que ya de por sí era una de las más altas del mundo. No hay un dato que muestre el impacto nacional porque el gobierno dejó de publicar momentáneamente estadísticas oficiales con el argumento de que no eran confiables. Sin embargo, mientras prepara los nuevos indicadores pidió que se tomen como referencia los valores que arroja el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires y esos datos vienen siendo alarmantes.
Hasta noviembre, la inflación interanual era de 23,9%, pero en diciembre el aumento fue de 3,9 y en enero de 4,1%, lo que elevó a 29,6% la subida interanual. En el caso de los alimentos la situación es peor porque entre noviembre y enero trepó de 20,4 a 29% interanual.
Esta situación no sólo se potenció por la subida del dólar, que este lunes 22 de febrero llegó a 15,35 pesos acumulando una subida de 56% en dos meses, sino también por la reducción de los impuestos a las exportaciones agropecuarias y mineras.
Históricamente, cada vez que Argentina devaluaba su moneda para contrapesar el impacto en precios se solía apelar a los impuestos a las exportaciones agropecuarias. El objetivo era captar para el erario público parte de la renta extraordinaria que la devaluación le generaba al campo y al mismo tiempo limitar la suba de precios en el mercado local. En esta ocasión, en cambio, la devaluación vino acompañada de una quita de impuestos a la exportación. El gobierno afirma que es para incentivar las exportaciones y así incrementar el ingreso de dólares, pero la consecuencia inmediata ha sido una aceleración de los precios. A esa medida se le sumó luego una quita de las retenciones mineras que le restaran al Estado una recaudación anual de 220 millones de dólares, la cual irá a parar a las arcas de un puñado de multinacionales extranjeras.
A su vez, para febrero se espera que la inflación se mantenga nuevamente por encima del 4% mensual ya que el gobierno autorizó una fuerte suba en las tarifas de luz que supera el 700% para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires, donde vive cerca del 40% de la población del país. Los valores que pagaban esos hogares por la energía eléctrica venían siendo irrisoriamente bajos porque el gobierno anterior había decidido subsidiar a las empresas para mantener congeladas las tarifas durante más de una década.
Así fue como un cliente de Buenos Aires que consume 550 kilovatio hora pagaba 50 pesos por bimestre (3,3 dólares de acuerdo a la cotización actual del dólar), mientras que ahora pasará a pagar 400 pesos (26,7 dólares).
Las asociaciones de consumidores cuestionaron que la subida no haya sido gradual porque si bien las tarifas venían siendo muy bajas los hogares tenían un presupuesto organizado en base a esos valores. Además, se quejan por los recurrentes cortes en el servicio. El gobierno encima no descartó la posibilidad de aplicar un nuevo incremento en los próximos meses y ya anticipó que habrá un ajuste similar en los precios del gas.
Al intento por captar dólares comerciales a partir del incentivo que supuso la devaluación y la reducción de los impuestos a la exportación se sumó la decisión de avanzar con una creciente desregulación financiera para tratar de atraer inversiones. Al eliminar las restricciones al ingreso y salida de divisas y subir la tasa de interés de referencia para los depósitos en pesos, se buscó seducir a fondos especulativos dispuestos a ingresar dólares al país para hacer una ganancia alta de corto plazo. Sin embargo, por ahora el ingreso de dólares financieros ha sido menor al previsto, en parte por la delicada situación financiera internacional que ha llevado a muchos fondos a refugiarse en activos más seguros.
Frente a este escenario complejo, el gobierno decidió acelerar la negociación con los fondos buitres para intentar cumplir lo antes posible con el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa que en noviembre de 2012 le ordenó a Argentina pagarle el cien por ciento de la deuda a un grupo de holdouts (fondos buitres) que vienen litigando contra el país desde el default (suspensión de pagos) de 2001 y no aceptaron ninguna restructuración. Como Argentina no cumplió con ese fallo, la justicia estadounidense bloqueó en 2014 los pagos de toda la deuda externa. Si el gobierno logra un acuerdo, podría destrabar esos pagos y eso le facilitaría volver a tomar deuda en el mercado internacional, descomprimiendo la presión sobre el tipo de cambio que genera la escasez de dólares, aunque el resultado de ese pleito todavía es incierto.
Otro de los frentes abiertos que tiene el gobierno es el de la negociación salarial. Los trabajadores han visto como en los últimos dos meses su poder adquisitivo se licuó sustancialmente. Por lo tanto, ahora que comienzan las paritarias --las comisiones de negociación entre representantes sindicales y empresarios--, la mayoría de los gremios reclaman aumentos cercanos al 40 por ciento anual. El gobierno sabe que si las empresas otorgan esas subas probablemente trasladarán su impacto a los precios y se reeditará la carrera de precios contra salarios, acrecentando la inestabilidad política y social. Para tratar de evitarlo, presionan a los trabajadores para que acepten subas de entre 20 y 25% anual.
De hecho, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, las dos jurisdicciones locales gobernadas por el frente Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia, le ofrecieron a los docentes de las escuelas públicas aumentos salariales de 22 y 24,1% anual, respectivamente, fijándole una referencia baja al sector privado. Los maestros rechazaron esa oferta y peligra el inicio de clases, previsto para el mes de marzo.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay les dijo a los gremios del sector privado que si presionan mucho por salarios podría verse afectado el nivel de empleo. "Creo que cada paritaria discute lo que puede discutir y acá no es sólo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo", aseguró. La declaración fue rechazada por extorsiva, pero logró instalar el fantasma de la desocupación como un elemento disciplinador, algo que había estado ausente en los últimos años del kirchnerismo, donde el desempleo bajó hasta un piso de 6,6% en 2015 luego de haber llegado a un record de 21,5% en mayo de 2002. El gobierno no sólo colaboró discursivamente para alentar ese fantasma. También lo hizo despidiendo trabajadores estatales. Según el Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma, entre diciembre y enero hubo 27.199 despidos en las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales y la gran mayoría de esos casos se registró en jurisdicciones gobernadas por el frente Cambiemos.
Desde el kirchnerismo, incluso denunciaron persecución política porque muchos de los despedidos son militantes de la agrupación juvenil La Cámpora que responde a Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo buscó justificar las desvinculaciones con el argumento de que era gente a la que se le venció el contrato o “ñoquis”, como se denomina en la Argentina a quienes cobran un salario pese a no trabajar. También hubo casos de represión policial a trabajadores despedidos, como los ocurridos en una protesta de municipales de La Plata y otra de empleados de la empresa avícola Cresta Roja, lo que llevó a la oposición a denunciar que el gobierno busca criminalizar las protestas. La detención de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy también constituye un antecedente peligroso en ese sentido.
Hasta el momento, y pese a las crecientes dificultades económicas, Macri conserva un porcentaje de aprobación popular cercano al 50%. Su esfuerzo por endilgarle la mayoría de las responsabilidades al kirchnerismo ha sido efectivo y el apoyo se potencia con una estrategia de marketing destinada a contrarrestar a quienes lo acusan de comandar un gobierno de derecha que responde a las grandes corporaciones económicas.
“Nosotros creemos que izquierda y derecha no son términos relevantes. Al votante no le importa eso, se da cuenta de que no son términos reales. Es mucho más relevante la diferencia entre viejo y nuevo que entre izquierda y derecha, es el siglo XXI y el siglo XX. Mauricio plantea el liderazgo de un Estado menos ideológico y más real, al servicio de la gente”, aseguró hace un par de semanas el filósofo Alejandro Rozitchner, uno de los encargados de escribir los discursos de Macri. El intento por generar empatía con la población es permanente. De hecho, cuando la inflación se aceleró, comenzaron a aparecer en las redes sociales fotos “casuales” de varios funcionarios haciendo compras en el supermercado, en un claro esfuerzo por mostrarlos cerca de los problemas de la gente. Ninguna de esas acciones es producto del azar.
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El diario argentino Perfil informó el pasado 7 de febrero que Macri armó un “gabinete paralelo” compuesto por dos ministerios, dos secretarías, cinco subsecretarías y hasta una Dirección de Discurso que se encargan específicamente de cuidar su imagen y los mensajes del gobierno. El gran interrogante es cuánto tiempo durará ese blindaje si la economía no mejora.
