El 74% de las empresas del IBEX 35 oculta sus negocios en paraísos fiscales

El 74% de las compañías del IBEX 35 no facilita información alguna sobre su actividad de paraísos fiscales. Son 26 empresas en total, tan sólo una menos que el año pasado, según revela la Fundación Compromiso y Transparencia en su último informe sobre la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. Además, las nueve compañías que sí informan al respecto lo hacen “de manera sesgada o indirecta”, destaca el documento.

Todas ellas niegan que el motivo de su presencia en territorios off-shore sea eludir el pago de impuestos en España. Por el contrario, dicen que responde sólo a “motivos empresariales”. Algunas incluso niegan tener filiales en países de baja o nula tributación indicando que éstos han dejado de figurar en las listas de paraísos fiscales tanto de la Agencia Tributaria española como de la OCDE, por ejemplo. Pero a continuación explican que cuentan con negocios en Dubai, Hong Kong, Singapur y Suiza, como es el caso de Acerinox. O en las Islas Caimán, como el BBVA. O en Delaware (EEUU), Holanda y Luxemburgo, como Endesa.

En su informe de sostenibilidad, Acerinox asegura que no emplea “sistema alguno de ingeniería fiscal” para reducir sus bases imponibles en España, ni crea “sociedades artificiosas en paraísos fiscales”. Pero enseguida matiza que “cuando debe asentarse en un país que tiene esa consideración, la actividad que realiza es únicamente comercial y supone una parte ínfima de sus facturación y de la contribución a los resultados del grupo”. Según precisa, sus sociedades en los cuatro países antes citados se dedican sólo a comercializar acero inoxidable.

Por su parte, el BBVA detalla que cuenta con dos sucursales, dedicadas a la banca corporativa, y tres sociedades emisoras de valores en las Islas Caimán. Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa  posee cinco sociedades también en esas islas del Caribe, pero dice que no le aportan “ninguna ventaja fiscal”. Iberdrola asegura que ni crea ni compra sociedades en paraísos tributarios, a no ser que se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta”. Tiene dos filiales en las Islas Caimán y en la Isla de Man.

Indra repite que su actividad en estos países carece de motivaciones fiscales y que se debe al “desarrollo del negocio internacional de la compañía”. Por ese motivo la empresa posee centros de trabajo en Filipinas, Panamá, Uruguay y Báhrein. También desarrolla “actividades puntuales” en Andorra, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Belice, Bermudas, Chipre, Dominica, Gibraltar, Granada, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Puerto Rico, Seychelles, Singapur y Suiza. En total, concluye Indra en su informe anual, sus ventas en 2014 en paraísos fiscales representaron el 3,3% de la facturación de la empresa.

Otro tanto ocurre con Repsol: publicita su compromiso de “evitar estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias o de ocultación”, pero a continuación justifica su presencia en esos territorios “por motivos de negocio”. Cuenta con participaciones en sociedades de Bermudas e Islas Caimán. Banco Santander posee filiales en Jersey, Isla de Man e Islas Caimán.

También declaran como principio de sus códigos éticos evitar los paraísos off-shore Bankia, DIA, Ferrovial, Gamesa y Red Eléctrica Española. Pero no informan sobre qué procedimientos utilizan para luchar contra el blanqueo de dinero 15 compañías del IBEX, el 57%. Y de las que lo hacen siete son bancos, que están obligados a ello por su propia naturaleza, recuerda el informe.

Sabadell y Popular, más de 30 años con el mismo auditor

El informe de la Fundación Compromiso y Transparencia también analiza la relación de las grandes compañías con sus auditores. Así, el 23% de las empresas del IBEX 35 llevan con la misma firma de auditoría más de 24 años. Dos de ellas, incluso, los bancos Sabadell y Popular, son auditados por la misma empresa, PricewaterhouseCoopers (PwC) desde hace 31 y 34 años, respectivamente. La media de las 35 grandes sociedades del selectivo bursátil tampoco es corta: 15 años. Un tiempo que puede poner en duda la independencia del auditor. Y que obligará a muchas de ellas a cambiar de firma de auditoría en próximas fechas.

El próximo mes de junio entra en vigor la nueva Ley de Auditoría, aprobada en julio de 2015. A partir de entonces, las denominadas empresas de interés público –cotizadas, bancos y aseguradoras– deberán cambiar de auditor cada cinco años y de firma de auditoría cada 10. Además de adaptar la legislación comunitaria, se trata de evitar así la “amenaza de familiaridad derivada de relaciones prolongadas entre el auditor y la empresa auditada”, según constata la nueva ley. Sobre todo teniendo en cuenta que las cuatro Big Four –Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PwC– las que se reparten las 35 grandes del selectivo. Sólo Deloitte audita a 15 de ellas y Ernst & Young a otras nueve.

Ya se han producido los primeros movimientos en esta dirección. Mapfre cambió el año pasado a KPMG después de 24 años con Ernst & Young. Banco Santander pasó el año pasado de Deloitte, que le auditaba al menos desde 1990, según los registros de la CNMV, a PwC. Y BBVA ya ha anunciado que dejará a Deloitte tras 26 años de contrato.

También bate récords de longevidad la cadena de supermercados DIA, que lleva 24 años con KPMG; Gas Natural Fenosa, con una relación de 25 años con PwC; y Grifols, con otros tantos años de ser auditada por KPMG. Acciona, ACS, Arcelor, Caixabank, FCC, OHL y Repsol no bajan de 14 años de contrato con sus respectivos auditores.

El caso de Indra

Como ejemplo del riesgo que implica la “falta de diligencia” sobre la auditoría, el informe destaca a Indra, cuyas cuentas son fiscalizadas desde hace 24 años por KPMG. Desde 2009, el beneficio neto de la tecnológica disminuía al tiempo que su endeudamiento se disparaba de 123 millones a 659 millones de euros. A finales de 2014, la CNMV le solicitó aclaraciones sobre sus cuentas de 2013. El 29 de enero de 2015 cesó su presidente, Javier Monzón y en febrero, su sucesor en el cargo, Fernando Abril-Martorell, anunciaba unas pérdidas de 92 millones, tras aplicar provisiones y gastos extraordinarios por importe de 265 millones de euros. Tres meses más tarde, tuvo que reconocer nuevos ajustes de las cuentas por sobrecostes en sus proyectos de Brasil y Lituania. Finalmente, presentaba en junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 1.750 trabajadores, el 8% de su plantilla en España.

La revisión de las cuentas no fue óbice, sin embargo, para que la junta general de accionistas aprobara la relección del mismo auditor que no había detectado la falta de fiabilidad de las cifras de Indra en sucesivos ejercicios.

Técnicas Reunidas y Aena, las más opacas

El informe de la fundación elabora una ránking de las empresas según su grado de transparencia fiscal. Repite como la empresa más opaca Técnicas Reunidas. A la que se suma este año la semipública Aena. Ninguna de ellas cumple ni uno solo de los 12 indicadores seleccionados para medir la transparencia de las empresas. La más cumplidora resulta ser Iberdrola, que respeta 10 indicadores, seguida de BBVA, Endesa y Telefónica. Entre las más oscurantistas, figuran Abertis, Amadeus, los bancos Popular y Sabadell, FCC, Grifols y Merlin Properties, que sólo cumplen un indicador.