Bruselas obligará sólo a 1.900 empresas de la UE a publicar los impuestos que pagan

A golpe de filtración, las instituciones internacionales han comenzado a moverse para luchar contra una evasión fiscal que hace enormes agujeros en las arcas públicas de los Estados. En la UE, esa brecha asciende a entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales. La Comisión Europea presentó este martes una propuesta de directiva para obligar a las multinacionales a publicar los impuestos que pagan en cada país comunitario, así como en los paraísos fiscalesen los paraísos fiscales donde operan. La medida ha sido saludada por todos los partidos del arco parlamentario europeo como un avance necesario. Pero también insuficiente. Afectará a muy pocas empresas, aseguran, y no está claro cuáles serán los criterios para elaborar la primera lista europea única de paraísos fiscales.

La propuesta deberá debatirse ahora en el Parlamento Europeo y después aprobarla el Consejo Europeo. A continuación, cada país deberá transponerla a su legislación nacional, un trámite que supondrá una demora mínima de un año. Es decir, el camino que debe recorrer la medida es largo. Tampoco fácil. Reino Unido, Alemania, Holanda y LuxemburgoLuxemburgo no se muestran cómodos con una iniciativa que consideran un obstáculo para la competitividad de sus empresas. O que puede frenar la pujanza de sus laxos sistemas tributarios, como es el caso de los dos últimos países citados. No obstante, el hecho de que la propuesta sólo necesite mayoría cualificada, y no la unanimidad del Consejo, para ser aprobada, puede facilitar su éxito final, explica el eurodiputado del grupo Los Verdes-Alianza Libre Europea, Ernest Urtasun.

La Comisión Europea pretende que las multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros anuales hagan públicos los beneficios brutos que obtienen en cada uno de los países donde están asentadas. También deberán revelar qué actividades desarrollan, con cuántos empleados cuentan, su facturación, sus ganancias acumuladas y, lo más importante, tanto los impuestos que deben pagar como los que realmente pagan. Todos estos datos tendrán que figurar en la página web de cada empresa durante al menos cinco años para conocimiento general de la ciudadanía.

Según la Comisión Europea, una cantidad elevada de beneficios acumulados en países considerados paraísos fiscales puede constituir un indicador de elusión fiscal. Las multinacionales también deberán explicar la diferencia entre los impuestos devengados y los realmente pagados.

La información tendrán que facilitarla las multinacionales detallada país por país comunitario, pero sólo agregada para sus actividades en el resto del mundo. Igualmente deberán ser pormenorizados los datos que publiquen sobre su actividad en paraísos fiscales. Y tendrán que informar todas las compañías, ya sean europeas o no, que operen en territorio de la UE. Según sus cálculos, una empresa con negocios más allá de sus fronteras nacionales paga de media un 30% menos de impuestos que otra que opere sólo en su país de origen.

¿Cómo se elaborará la lista única de paraísos fiscales?

Así, la propuesta incluye la creación de una lista europea de paraísos fiscales. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, reconoce que el escándalo provocado por la publicación de los papeles de Panamá ha obligado a prestar atención a los países opacos. El problema, objeta Ernest Urtasun, estriba en que los criterios por los que un Estado se considerará paraíso fiscal no quedan claros. Cada país miembro tiene su propia lista o ninguna –como Alemania–. La Comisión adelanta que la lista común se basará en “criterios claros y justificables internacionalmente”, además de en “un sólido proceso de selección”.

Para el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, debe utilizarse un criterio “común” para elaborar esa lista, basado en una “concepto de paraíso fiscal que habría de definirse en una conferencia internacional, por ejemplo”. Y que permita después crear un “marco de sanciones comerciales y fiscales”. Paloma López, parlamentaria de Izquierda Unitaria Europea, teme que la lista se haga con criterios demasiado restrictivos. Por su parte, los técnicos de Hacienda explican que deben considerarse paraísos fiscales los países que, por un lado, no exijan tributación o permitan una tributación muy baja, y por otro, oculten datos bancarios y mercantiles, indica el presidente de Gestha, José María Mollinedo.

Hay que bajar el umbral

Los grupos también ponen reparos al umbral de 750 millones de euros en ingresos establecido por la Comisión. “Es demasiado alto”, protesta Florent Marcellesi, de Los Verdes Europeos, “el 70% de las empresas queda por debajo de esa cifra”. Ramón Jáuregui querría reducirlos hasta los 500 millones, para que la futura directiva implicara a más de 15.000 compañías. A juicio de Urtasun, el umbral debería bajar a los 40 millones de euros de facturación, de manera que se la obligación de informar podría aplicarse a 20.000 compañías.

José María Mollinedo apunta que en España se consideran “grandes contribuyentes”, y pasan por tanto a ser vigilados por la delegación central de la Agencia Tributaria, las empresas que ingresan más de 100 millones al año. Pero cree que lo “deseable” sería poner el límite en 50 millones de euros, precisamente el que utiliza la propia Comisión Europea para definir el concepto de “gran empresa”. Sólo en España, utilizando ese baremo, hay unas 6.000 compañías, indica. Por el contrario, la Comisión defiende el umbral elegido porque incluye “casi el 90% de los ingresos” consignados por las multinacionales, según las cifras de la OCDE.

Todos los eurodiputados consultados por infoLibre coinciden en que la iniciativa es una reacción “tímida” que “no soluciona el problema”. Miguel Urban, de Podemos, no duda de que la propuesta de la Comisión “se queda corta”. Entre otras razones, porque no aborda la polémica sobre los paraísos fiscales dentro de la propia UE, como Holanda y Luxemburgo. Paloma López pide que toda la información no sólo se publique en las webs de las multinacionales, sino que además pase a constar en registros públicos. Y José María Mollinedo pone el foco en la necesidad de una base armonizada común para toda la UE del impuesto de sociedades.

Ramón Jáuregui incluye esta unificación de las bases del impuesto de sociedades en la “revolución fiscal” pendiente que, asegura, se va a producir en la próxima década. Considera “una ventana de oportunidad” la propuesta de la Comisión Europea. Ya el pasado enero Mostovici presentó una primera iniciativa para combatir las prácticas de elusión fiscal y que modifica los sistemas para impedir la doble imposición internacional.

Detrás de estas dos propuestas, coinciden de nuevo los eurodiputados, han empujado las revelaciones de LuxLeaks –que implicaban a Luxemburgo y Holanda– y Panamá. Urban y Jáuregui ponen el dedo en la llaga de la reputación y la responsabilidad social corporativa. “Lo que les molesta [a las empresas] es que aparezcan sus nombres”, advierte el eurodiputado de Podemos. “La alarma social está provocando una sensibilidad y una exigencia política más intensas”, añade el parlamentario socialista, “hay que aprovechar, con mesura, que la presión mediática es tan alta para avanzar en justicia social”.

La patronal europea, en contra

En contra de esta nueva política, sin embargo, también son poderosas las voces que se han levantado. La patronal BusinessEurope ya ha anunciado su radical oposición a que las empresas informen de su actividad y resultados en cada país. También ha advertido de que la propuesta “minará” el “atractivo” de la UE como “lugar de inversión, especialmente para inversores extranjeros”. En todo caso, defiende que la información sea revelada sólo a las agencias tributarias nacionales, no a la ciudadanía.

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Lo mismo ha dicho Alemania, pero con el argumento de que hacer públicos esos datos perjudicará a la competitividad de sus multinacionales.

La Comisión Europea rechaza ambas críticas. Y que se vulnere el derecho a la confidencialidad de las empresas. “No se le pide a Coca-Cola que revele su fórmula secreta, sino que publique dónde vende refrescos y qué beneficios obtiene”, explica José María Mollinedo. La Comisión asegura que revelar los datos requeridos no se traducirá en un aumento significativo de costes o de cargas administrativas para estas grandes compañías ni mermará su capacidad para competir en el mercado internacional.

Florent Marcellesi recuerda que desde 2015 los bancos europeos tienen que declarar, país por país, los mismos datos que ahora se están reclamando a las multinacionales. “Sólo pedimos para el resto de las compañías la misma trazabilidad de su actividad que ya se exige a la banca”, concluye.