Los casos de ‘bebés robados’ vuelven a las instituciones tras cuatro años de olvido

Las cifras se quedan en meros números si no se personalizan. Por eso, este texto comienza con una historia. Beatriz Soriano nació en enero de 1964 en la clínica O'Donell de Madrid. Su madre, primeriza, le dio el pecho hasta que un día se la arrebataron de sus brazos para llevarla a la incubadora. No la volvieron a ver más. "Cuando mis padres fueron a buscarla les dijeron que había muerto de otitis. Mi padre insistió en que querían verla y enterrarla, pero le respondieron que ya estaba en una fosa común", contó a infoLibre Mar Soriano, convencida de que su hermana fue robada. El día que Beatriz desapareció, el doctor Ignacio Villa certificó que otros cuatro bebés habían fallecido en la clínica. El pronóstico, el mismo: infección de oído. "Que cinco niños mueran el mismo día por otitis a mediados de los sesenta en un hospital de Madrid es un absurdo", añadió en conversación con este diario.

Una supuesta muerte–en enero de 1964 fallecieron 37 pequeños y 34 más en noviembre de 1973 en la misma clínica, según datos de la Plataforma de Afectados por el Robo de Niños en Clínicas de toda España– por la que tuvo que responder como imputado el médico por los delitos de falsedad documental, detención ilegal y usurpación del estado civil. Tras un largo proceso judicial, el pasado 2 de marzo la jueza encargada del caso de Beatriz decidió archivar el caso al considerar que con las pruebas recopiladas durante la instrucción no se puede culpar al doctor Villa de la desaparición de la pequeña. “Puede dar lugar a formularse interrogantes y no recibir respuesta contundente, sin que por ello pueda vincularse a la única persona investigada con un mínimo de consistencia indiciaria”, recogía el escrito.

Sin embargo, el caso de Beatriz no es el único. Sólo durante el primer año de funcionamiento de la Oficina de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, dependiente del Ministerio de Justicia, se registraron 476 expedientes para solicitar toda la documentación registral que estuviera en manos de la Administración para tratar de aclarar diferentes casos en los que existe la sospecha del robó de pequeños. Sin embargo, el expresidente de la Federación Coordinadora X-24 Francisco González de Tena calcula que cerca de 300.000 bebés fueron sustraídos desde la década de los cuarenta hasta bien entrada la transición. "Pero hoy, esa proyección, y perdonen la pedantería se me ha quedado muy corta", añadió en el Parlamento vasco hace una semana. Una cifra que el juez Garzón situó en 2008 en 30.000.

El caso llega al Congreso

El caso de los bebés robados durante el franquismo llegó el pasado 5 de abril al Congreso de los Diputados. Así, todos los grupos parlamentarios aprobaron, en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a "impulsar todas las medidas necesarias para la investigación", facilitar la creación de un banco de ADN para cruzar los datos de las víctimas para ayudar a encontrar a los familiares, implementar ayudas económicas para todos los afectados que no puedan permitirse el coste de las pruebas de ADN, impulsar medidas de apoyo psicológico a las víctimas "de estos deleznables sucesos" en todas las comunidades y establecer los mecanismos para garantizar a estas personas el acceso a la justicia gratuita.

La medida, impulsada por el diputado socialista José Luis Ábalos, era un asunto pendiente para el PSOE. Los conservadores ya bloquearon en octubre de 2015 una proposición no de ley similar al considerar que algunas de las propuestas planteadas "se encuentran superadas por las medidas adoptadas por el Gobierno" en la pasada legislatura, en palabras del diputado del PP Francisco Molinero. Una negativa que se unía a la posición que ha mantenido el partido durante los últimos cuatro años en materia de memoria histórica y por la que ha recibido varios varapalos de Naciones Unidas en forma de duros informes contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Un tema "completamente olvidado"

El paso dado por el Parlamento es visto con buenos ojos por las asociaciones de bebés robados. "Era un tema que estaba completamente olvidado", asegura en conversación telefónica con infoLibre Ángel Casero, presidente de Adelante Bebés Robados, que celebra, entre el resto de medidas, la reclamación de que se nombre un fiscal coordinador especializado en la sustracción de recién nacidos con el objetivo de que se refuerce la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia. Casero también explica a este diario que ninguna de las víctimas ha disfrutado de justicia gratuita o ayuda económica y psicológica por parte del Estado. "Nos lo tenemos que costear todo nosotros", remacha.

María Bueno, presidenta de la Federación Coordinadora 24X, que agrupa a decenas de asociaciones de toda España, señala que aplaude "cualquier propuesta e iniciativa" porque hasta el momento han tenido "tan poco que es prácticamente nada". Pero lo hace con cierta cautela después de varios años de olvido: "Lo que no queremos es que las palabras se queden en una página vacía de contenido. Queremos que sean realidades". Por eso, cuando habla del tema lo hace con un fuerte pesimismo, cargando contra un Estado de derecho que, en su opinión, "no existe" porque no se está haciendo cargo de los "derechos humanos" ni sabe utilizar "las herramientas en defensa de las víctimas": "Que lo único que nos hayan podido ofrecer hasta el día de hoy haya sido una oficina administrativa en Madrid me parece vergonzoso", añade en conversación con infoLibre. 

Además, también se pronuncia sobre las decisiones judiciales de dar carpetazo a los casos. "En todo el territorio español, la mayoría de los casos están completamente archivados, aunque todavía queda un foco importante en la provincia de Cádiz", explica. Lamenta que todos los casos lleven cinco años en la vía judicial, y critica que después de años bajo secreto sumarial su apertura evidencie que "la investigación ha sido mínima". Procesos que tienen que afrontar las familias económicamente por la falta de acceso a la justicia gratuita, una de las reivindicaciones que ponen de manifiesto y que recoge la PNL en la Cámara baja.

Apertura de archivos

Otro de los pasos para allanar el camino entre las familias y los bebés robados se ha dado desde Aragón. En concreto, Ciudadanos , tras reunirse con la Asociación de Bebés Robados de Aragón, anunció a mediados de abril que llevará una iniciativa al Parlamento autonómico con el objetivo de que se facilite el acceso a todas estas personas a los historiales clínicos. La portavoz del partido en las Cortes aragonesas, Susana Gaspar, denunció que hay una "negativa sistemática por parte de la Administración a las personas afectadas por este tipo de casos" y consideró que es necesario la elaboración de un registro "para que la gente sepa dónde acudir", centralizando y digitalizando "la información que esté dispersa" por toda la comunidad autónoma.

"A día de hoy no han tenido acceso a archivos. No me refiero sólo a eclesiásticos, sino de instituciones y estamentos públicos a los que sí han tenido acceso algunas sociedades privadas. Así estamos. Si no somos capaces de que nos abran un registro y tardan cuatro meses en darnos un simple certificado...", lamenta. Por ello, aplaude la iniciativa de Ciudadanos, pero añade que de nada les "va a servir" que se abran "cuando el propio Estado no establece unos criterios básicos y determinantes para poder hacer algo luego con ese material que tengamos". "No queremos ningún tipo de reparación económica si es eso lo que temen. Queremos reparación moral", añade, pidiendo a renglón seguido una investigación "seria y profunda".

Una apertura que también han pedido al Vaticano. Así, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, envió a comienzos de mes una carta a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en España y otra al representante del Ejecutivo en Bruselas en las que pide a las dos instituciones que faciliten el acceso a los "archivos relevantes" a las familias víctimas de la sustracción de bebés durante la dictadura y los primeros años de la democracia e insta a que se garantice que "todas las investigaciones penales se lleven a cabo". "Es necesario que se haga. Los archivos eclesiásticos están cerrados a cal y canto. De todas las mujeres que parieron en su momento hay archivos, porque en aquella época no salía un niño del hospital sin ser bautizado", apunta Bueno.

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La Comunidad Valenciana también ha vuelto a poner sobre la palestra en los últimos meses el tema. Así, a través de un comunicado de prensa, la Consellería de Justicia de la Generalitat informó el pasado mes de marzo de la reactivación de los trabajos de la comisión interdepartamental de apoyo a las familias biológicas de bebés robados y a las asociaciones que las representan a través de un encuentro entre representantes de las asociaciones SOS Bebés Robados de la Comunitat Valenciana, SOS Raíces, Aprodeme y otras organizaciones. Una cita en la que la presidenta de la comisión, la consellera Gabriela Bravo, anunció que "estudiará sus demandas y buscará un cauce que permita agilizar las relaciones de las asociaciones con la administración". Entre las peticiones, algunas coinciden con la PNL aprobada en la Cámara baja: atención psicológica, asistencia jurídica y ayudas para acceder a las pruebas de ADN.

Desde su nacimiento en febrero de 2013, a raíz de la resolución 70/VIII, sólo ha celebrado tres reuniones, la última de ellas el 18 de septiembre de 2014. Por ello, las asociaciones recordaron a la consellera "la situación de desamparo en que se encuentran una vez que sus demandas han naufragado en la vía judicial ante la extrema dificultad que entraña el proceso probatorio imprescindible para tratar de reunir a bebés robados hace décadas con sus familias biológicas", según se recoge en el comunicado hecho público tras la cita.

Unos mensajes optimistas que se encargan de rebajar desde las asociaciones valencianas. "No ha sido algo como para tirar cohetes", asevera en conversación con este diario Luna, presidenta de SOS Bebés Robados Comunidad Valenciana, que lamenta haber escuchado durante la cita expresiones como "No es de nuestra competencia" o "Lo miraremos...". Las representantes de estas organizaciones acudieron a la reunión con Bravo con varias peticiones bajo el brazo. "Que Justicia se ponga manos a la obra e investiguen todo lo que tienen que investigar; que se hagan exhumaciones respetando el protocolo; apoyo y asistencia para las víctimas a nivel jurídico y psicológico; y el respaldo económico a las pruebas de ADN", explica. Medidas que recoge la proposición no de ley presentada en el Congreso.