El desconcierto educativo: la ley Wert sigue aplicándose, pero ahora a dos velocidades

La repetición de las elecciones y, por tanto, el mantenimiento del Gobierno en funciones del PP también tiene repercusión en las aulas. El fracaso de las negociaciones ha dado al traste con las aspiraciones de las autonomías que no están en manos de los conservadores de que un nuevo Ejecutivo pusiera freno a la reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert y, especialmente, a la principal cita prevista a corto plazo: la prueba de diagnóstico, con correctores externos, que esa ley establece que deben hacer por vez primera a final de este curso los más de 460.000 alumnos de sexto de primaria (11 y 12 años). 

Las declaraciones e intenciones políticas manifestadas desde el Ministerio de Educación, que defiende que hay que cumplir lo que marca la ley, y desde las autonomías opositoras, que no han dejado de intentar minimizar su impacto, han contribuido a generar una cierta sensación de caos en el sector educativo. No obstante, la repetición de los comicios y el mantenimiento del PP en la Moncloa hasta, al menos, finales de julio, supone en la práctica que, a pesar de los "desacuerdos profundos", las comunidades hayan asumido que sólo pueden hacer "retoques" para minimizar el impacto de una ley orgánica contra la que rechazan declararse insumisas.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la Lomce es la primera ley educativa de la historia democrática que desarrolla su calendario de aplicación como disposición adicional y no con un real decreto de implantación. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que no puede posponerse a través del simple cambio de un real decreto que no existe –como ocurrió con la malograda Loce de Aznar– y que su calendario sólo puede ser modificado cambiando la propia ley en su conjunto a través de un trámite parlamentario que puede durar meses. No obstante, más allá de este cambio de calado, las comunidades sí tienen cierto margen en la utilización de sus competencias para disminuir su impacto de la reforma. 

En el terreno más inmediato está saber qué ocurrirá con la evaluación final prevista en la Lomce en sexto de primaria. En las comunidades en las que siguen gobernando los conservadores –Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia– esta prueba se hará tal y como se recoge en el real decreto de desarrollo publicado el pasado 20 de noviembre, en plena precampaña electoral. Es decir, los alumnos de 11 y 12 años se enfrentarán a una "prueba final" al finalizar el curso y serán docentes externos –no sus maestros habituales– los que se encarguen de aplicarla y corregirla. 

En el resto de autonomías se han explorado fórmulas para "minimizar" el impacto de una prueba ante la que docentes y padres de la escuela pública se han mostrado en contra. No obstante, lo harán con cautela para no incumplir la ley. Así, los Ejecutivos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Extremadura han pactado un método alternativo en el que serán los propios docentes los que elaboren informes individualizados de cada alumno al acabar el curso sobre el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología. 

No obstante, dentro de este grupo también hay diferentes interpretaciones de cómo debe hacerse ese informe. Mientras en Andalucía, Aragón, Baleares o Cantabria se realizará a través de una "evaluación continua, específica e individualizada" que no entraña una prueba final, en Asturias sí habrá un examen cuya fecha ya está fijada para el próximo el 15 de junio. Eso sí, en todos los casos esos documentos serán derivados después a una "comisión externa" en un intento de no eludir al completo la obligación que consagra la ley de que esas evaluaciones finales sean externas. También en Navarra y Canarias habrá exámenes alternativos "de diagnóstico", mientras que el Ejecutivo del País Vasco ha dicho que no van a hacer ninguna prueba porque no le da tiempo a elaborarlo.

Cataluña, por su parte,lleva años realizando varias pruebas al final de la primaria que, según apunta un portavoz de la Generalitat, sirven para "evaluar el grado de adquisición de las competencias básicas" y así poder determinar si el alumno necesita refuerzo en alguna materia en su paso a secundaria. En estos exámenes –que los escolares catalanes realizaron esta semana– se valora sus conocimientos de catalán, castellano, inglés y matemáticas, pero no de ciencia y tecnología como marca la Lomce. 

Sin ránkings 

En el Ministerio de Educación subrayan que las pruebas finales en primaria son "meramente indicativas" y que sirven para poder ayudar y "encauzar" a los alumnos que no están en la buena línea. Y lo cierto es que la ley establece de forma muy clara que tienen un valor diagnóstico, a diferencia de las reválidas previstas al final de ESO y bachillerato, que sí es obligatorio aprobar para obtener el título y pasar al siguiente ciclo. No obstante, el hecho de que cada autonomía vaya a llevarla a cabo a su manera va a hacer muy difícil que se puedan establecer diagnósticos uniformes y comparables.

En cualquier caso, los colectivos de padres de la escuela pública y sindicatos de docentes como CCOO y UGT vienen denunciando que la realización de una prueba idéntica para todos los estudiantes de sexto –vivan donde vivan y estudien como estudien– puede generar unos resultados poco ajustados a la realidad que acaben imponiendo unas políticas educativas "homogeneizadoras". Sus detractores creen que, si se aplican mal, estas pruebas pueden generar el "indeseable efecto" de que se acabe focalizando la enseñanza únicamente en que los alumnos y, con ellos, el centro en el que estudian, salgan bien parados. 

Para evitar este efecto, desde el equipo de Méndez de Vigo subrayan la aprobación el pasado abril de una orden ministerial en la que este departamento dejaba clara la prohibición de la publicación de los resultados de esas pruebas. "Los informes de cada centro tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes", puede leerse en ese documento [consultar, aquí]. A diferencia de lo previsto inicialmente en la ley diseñada por José Ignacio Wert, el nuevo equipo ha estimado conveniente poner negro sobre blanco que sólo los padres o tutores tendrán acceso a esos informes.  

competencias autonómicas 

La presión de la comunidad educativa y el menor peso político del PP en las comunidades autónomas tras elecciones del año pasado también ha forzado al Ministerio de Educación a modificar parcialmente el espíritu de la Lomce a través de los desarrollos legislativos que ha presentado este 2016. Al menos, así consta en los borradores del real decreto y de la orden que regulan las polémicas reválidas de secundaria y bachillerato incluidas en esta reforma y a los que ha tenido acceso infoLibre. La realización de ambas pruebas está prevista para finales del curso que viene, aunque el verdadero cambio que trae la Lomce es la prueba que harán los alumnos de 15 y 16 años (secundaria) porque la de bachillerato será similar a la actual Selectividad. 

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De ambos textos legislativos subyace cierta voluntad del Ejecutivo de rebajar el control del Estado y dar más competencias a las autonomías en la elaboración de estas pruebas. No en vano, los opositores a la reforma siempre han criticado su carácter "recentralizador". Pues bien, con el nuevo sistema serán las comunidades las que redacten las preguntas, aunque dentro de un marco general fijado por el ministerio; también serán las que fijen las guías de codificación y corrección y las que concreten la fecha de cada convocatoria dentro de una horquilla. Eso sí, los contenidos de la pruebas, tal y como estaba previsto, los establecerá el ministerio. Además, ninguna será tipo test, como preveía Wert. Y tampoco se harán el mismo día, que era otro de los propósitos. 

Una reunión del ministro Méndez de Vigo con los rectores motivó que este departamento rectificara los requisitos de las nuevas reválidas de bachillerato que sustituyen en 2017 a la Selectividad. Los cambios introducidos respecto al planteamiento que tenía el anterior equipo hacen que, en la práctica, esta nueva evaluación quede prácticamente igual que las actuales pruebas de acceso a la Universidad. Los exámenes se seguirán haciendo en los campus, estarán corregidos docentes funcionarios de institutos y de universidades públicas y la nota servirá para acceder a cualquier universidad. En lo que no ha cedido el Ministerio es en la prórroga solicitada por los rectores para que la nueva prueba no se implantara el curso que viene sino el siguiente. 

En cualquier caso, estos asuntos serán debatidos el próximo 13 de mayo en una Conferencia Sectorial en la que están citados ministerio y autonomías. Aunque las comunidades llevaban semanas reclamando este encuentro, lo cierto es que no se espera que de él salgan grandes acuerdos. De nuevo, el horizonte electoral planea sobre las aulas, así que no se descarta que los responsables educativos utilicen esta cita para reafirmar sus posiciones políticas. El PSOE ha asegurado que, si gobierna, derogará la Lomce, algo en lo que también están de acuerdo IU, Podemos y los nacionalistas. Todos ellos sostienen que, a pesar de estos retoques, el verdadero problema es la ley. Ciudadanos, por su parte, se muestra partidario de hacer ciertas modificaciones pero no acabar con la ley de Wert al completo.