¿Por qué se muestra Bruselas tan indulgente con España y Portugal?

La Comisión Europea ha decidido no correr riesgos en el partido que disputa con Madrid y Lisboa. Ha pospuesto hasta julio la decisión de imponer eventuales sanciones a España y Portugal. Ambos países llevan unos meses en la picota por superar, ampliamente, los límites presupuestarios permitidos. En teoría, estos incumplimientos deberían acarrear sanciones. El déficit público español alcanzó el año pasado el 5,1% del PIB, cuando el objetivo del déficit pactado era del 4,2%; España lleva en campaña prácticamente desde marzo de 2015 y el Gobierno está en funciones. Mientras, en Portugal, donde gobiernan los socialistas desde octubre con el apoyo de otras fuerzas de izquierdas, la desviación del déficit es todavía más importante: a finales de 2015 era del 4,4% del PIB, es decir, 1,7 puntos por encima de lo establecido.

“No son decisiones fáciles de tomar”, se justificaba esta semana el comisario Pierre Moscovici en el solemne acto de presentación, en Bruselas, de las “recomendaciones económicas”, dirigidas a coordinar mejor las políticas económicas en todo el continente. El socialista francés se justificaba con relación a España: “No es el mejor momento ni económica ni políticamente […] No tenemos delante a un Gobierno capaz de tomar las medidas necesarias. Pero quiero dejar claro, ante todo, que la Comisión tiene la intención plena de hacer respetar las normas”.

Si Moscovici guarda las formas es porque sabe que esta demostración –relativa– de flexibilidad, por parte de la institución, considerada garante de los tratados, no evitará que resurja el viejo debate, que tanto gusta a los alemanes, sobre las reglas de la Unión. De “inaceptable”, lo ha calificado el eurodiputado de la CSU (la formación bávara aliada a la CDU de Angela Merkel) Markus Ferber partidario de las sanciones. La prensa alemana ha manifestado su incomprensión al respecto. ¿Para qué sirven las reglas comunes si después se permite, de facto, no respetarlas? ¿Y si hiciera falta una institución independiente, menos politizada que la Comisión, para controlar las cuentas de los países miembros?, se preguntan en voz alta dos de los alemanes más influyentes, Jens Weidmann (al frente del Bundesbank) y Wolfgang Schäuble (ministro de Finanzas)?

“Es posible que estas reglas fueran mal concebidas, pero los reiterados fracasos a la hora de aplicarlas alimentan una fuerte convicción entre los alemanes: la indulgencia de la Eurozona para con los Estados endeudados y derrochadores natos, cuando al final, son ellos los que pasarán por caja”, se inquietaba recientemente The Financial Times en un editorial benevolente con la Comisión de Bruselas. Existe un precedente que irritó bastante al otro lado del Rin; en 2015, París fue amenazado con ser sancionado en un escenario similar al de España o Portugal. Francia logró escapar in extremis a las sanciones, tras años de intimidaciones. El argumento alemán sigue siendo frágil, pese a todo; no hay que olvidar que la primera economía de la Eurozona también fue el primer Estado miembro –junto con Francia– que incumplió, en 2004, las reglas del primer Pacto de Estabilidad (un déficit público por debajo del 3% del PIB; una deuda pública por debajo del 60% del PIB).

La decisión de Juncker de ganar tiempo se ve con buenos ojos. Se explica bien. De aquí a la celebración del referendo británico sobre la pertenencia a la UE, previsto para el 23 de junio, y hasta las elecciones generales españolas de tres días después, Juncker trata de presentar un perfil bajo. Frente a su habitual locuacidad, se muestra cauto, evita destacar. Atrás quedan aquellos tiempos en que se atrevía a decir, pocos después de arrancar la campaña electoral griega, que prefería la victoria de “rostros familiares”, para con ello criticar veladamente a Syriza. Como mucho, se conforma con decir, en una entrevista a Le Monde, que se siente “obligado de manifestar lo que no les gusta”, en alusión a la ultraderecha austriaca, que puede imponerse en las presidenciales del domingo. Pero tanto en el caso del Brexit como en lo que respecta a España, el luxemburgués recurre al comodín. Cuando Boris Johnson, exalcalde de Londres, hace una lamentable comparación de la UE y los nazis, él calla (al contrario que su colega Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo). Estos días, Juncker parece decidido a hablar lo menos posible para hacer el menor mal posible al proyecto europeo.

Si bien se puede entender la estrategia del presidente de la Comisión, es difícil seguirle el ritmo a Pierre Moscovi, cuando se viene arriba: “No es indulgencia. Se trata simplemente inteligencia. Esta Comisión demuestra que es capaz de tener en cuenta las realidades políticas y económicas complejas”. En su blog, conciliador, insiste: “El papel de la Comisión, el mío en particular, es hacer respetar las reglas pero se ha de tener cuidado para no influir en la recuperación, todavía frágil. Por esa razón, no era el momento de sancionar a países que pasan por situaciones económicas y sociales difíciles y que, sin embargo, están haciendo un esfuerzo”. El socialista francés tiene en el punto de mira a la anterior Comisión, la presidida por el portugués José Manuel Durao Barroso, cuando el finlancés Olli Rehn, al frente del “semestre europeo”, destacaba las virtudes de las políticas de austeridad en lo peor de la crisis financiera. Para acabar con su imagen de padre de la austeridad, en 2013, Barroso se mostró partidario de combinar, en la jerga europea, “la indispensable corrección presupuestaria con medidas que favorecen el crecimiento”. Así y a todo, las cosas no cambiaron radicalmente. En ese sentido, la Comisión Juncker se las arregla mejor.

Más allá del debate sobre las sanciones, la Comisión en esencia no ha cambiado. Moscovici y sus colegas sólo están haciendo arreglos en un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sigue vigente. Ése sigue siendo el caballo de batalla. Si finalmente España es sancionada, saldrá adelante. En teoría, las indemnizaciones pueden llegar a ser de hasta el 0,2% del PIB del país. En realidad, se teme que sean muy inferiores. El problema, no son tanto las sanciones –sin duda anecdóticas–, sino el modo en que el Ejecutivo europeo se ha convertido en dueño y señor a la hora de comunicar y establecer, cada tres meses, una agenda económica que se resume, ahora y siempre, en un puñado de indicadores rudimentarios fijados por el “Pacto”: el déficit público, la deuda pública, uno y otra con relación al PIB, que supuestamente que resume por sí solo la “riqueza” de un país… Con independencia de lo que diga el comisario francés, se han conocido mecanismos más inteligentes, en un momento en que el proyecto europeo recibe ataques por todos lados. El debate presupuestario bruselense ya ha entrado en campaña en España: Mariano Rajoy provoca a Bruselas en una entrevista concedida a The Financial Times, a Pedro Sánchez, por no haber respetar los compromisos con la comisión, a Podemos, formación que sistemáticamente ha de explicar cómo va a gestionar los límites presupuestarios, antes incluso de haber presentado su programa… En resumen, es falso pensar que la Comisión no interviene, a su manera, en los debates electorales españoles.

Hay una constatación que resulta pasmosa: ocho años después de la crisis de las deudas soberanas, el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento sigue siendo alfa y omega en la coordinación de las políticas económicas en Europa. Bruselas se limita demasiado a menudo a unas manidas directrices –“consolidación presupuestaria” (recortes) y “reformas estructurales” (reformas del mercado del trabajo y de las pensiones para reforzar la competitividad económica)– que impiden abordar con mayor complejidad, las diferentes situaciones por las que atraviesa el continente. Sólo cambia el equilibrio entre los dos (más o menos consolidación presupuestaria). Al término del segundo mandato de Barroso, Lazlo Andor, comisario de Asuntos Sociales, trató de modificar este dogma, mediante la integración de un barómetro de otros indicadores dirigidos a medir la salud de un país (desigualdades de renta, ingresos de los hogares disponibles) y calcular de otro modo las famosas desviaciones presupuestarias, país por país. Pero, con frecuencia, ha hablado a la pared. Ahora, la belga Marianne Thyssen ha tomado el relevo de la mano de Juncker. A juzgar por la transparencia en la conferencia de prensa del miércoles, en presencia de Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis (uno de los vicepresidentes de la institución), no hay razones para pensar que las cosas hayan cambiado en el fondo. Sin duda, es más indulgente que la precedente Comisión, está por ver si también es más inteligente.

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Traducción: Mariola Moreno

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