La Unión Europea acuerda medidas limitadas contra la evasión fiscal de las multinacionales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron oficialmente este martes en la reunión del Ecofin una directiva sobre intercambio de información fiscal de empresas multinacionales. Las medidas, que se acordaron por unanimidad y sobre las que se alcanzó un primer pacto político en marzo, entrarán en vigor en 2016 y 2017.

El objetivo principal es evitar que las firmas transnacionales aprovechen vacíos legales y apliquen ingeniería fiscal para reducir al máximo el pago de impuestos. La UE quiere obligarlas a tributar por sus beneficios en los Estados donde los generan, y no en otros territorios con condiciones más laxas. Además, se busca incrementar la coordinación entre las distintas autoridades nacionales. 

En el texto adoptado este martes, el Consejo de la Unión Europea admite que "en los últimos años" se ha "agravado considerablemente" el "desafío que plantean el fraude fiscal y la evasión fiscal". También que las multinacionales "tienen la posibilidad de utilizar prácticas de planificación fiscal agresiva" a las que no pueden recurrir las empresas "estrictamente nacionales" y, en especial, las pymes, que salen perjudicadas.

"Por otra parte, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y se plantea el riesgo de que los países compitan entre sí para atraer a grupos de empresas multinacionales ofreciéndoles más ventajas fiscales", agrega el documento, que reclama a estas sociedades transnacionales que "paguen la cuota impositiva que les corresponde en el país en que se obtienen los beneficios".

Intercambio de información

Las nuevas obligaciones, sin embargo, afectan únicamente a las empresas multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados superen los 750 millones de euros. Esas firmas tendrán que entregar con carácter anual un informe a la Hacienda de cada país de la UE en el que operen con multitud de datos que, al menos por ahora, no se harán públicos.

Así, en virtud de la directiva, las multinacionales deberán comunicar el importe de sus ingresos, sus beneficios antes de impuestos y los tributos abonados. Además, indicarán a las autoridades de cada país su número de empleados, el capital declarado, los resultados no distribuidos y los activos materiales de los que disponen en cada territorio.

En el caso de las multinacionales que tienen su matriz en un país de la Unión Europea, deberán entregar un primer informe correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Si la matriz está fuera del territorio comunitario, estarán obligadas a presentar el documento sus sociedades subsidiarias en Estados miembro. En este último supuesto será opcional hacerlo en 2016 y obligatorio a partir del ejercicio 2017.

La directiva establece que las firmas pueden presentar los citados informes hasta 12 meses después de concluir el ejercicio fiscal, de modo que el plazo para presentar esos datos por primera acabará –según el caso– en diciembre de 2017 o 2018. Después, los Estados comunitarios deberán compartir la información con el resto de integrantes de la UE en un plazo máximo de 90 días.

Un primer paso limitado

Las normas adoptadas, no obstante, no regulan el régimen sancionador para las empresas incumplidoras. De esta forma, será cada Estado el que determine qué multas aplica a las multinacionales que se nieguen a suministrar información. La directiva se limita a señalar que deberán ser "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Además, algunos expertos consideran que la directiva no es suficiente pues consideran que las multinacionales radicadas en paraísos fiscales o territorios con una fiscalidad laxa disponen de herramientas para alterar las cuentas de sus empresas subsidiarias –las filiales que controlan a través de intermediarios– en la UE, de modo que no reflejen el total de beneficios obtenidos en territorio comunitario.

En este sentido, el texto adoptado establece que "cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir que la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales que tenga residencia en su territorio" presente el informe que le corresponde, pero no determina qué instrumentos pueden emplear las autoridades nacionales para reclamar los datos.

Los países de la UE disponen ahora de doce meses para regular y publicar todas las disposiciones legales, reglamentarias y adminitrativas para cumplir con la directiva adoptada.

Para Francisco de la Torre, ex secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda y número dos de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados, estas medidas no son "la solución a todos los problemas", pero sí "un primer paso en la buena dirección". De la Torres señala a infoLibre que la aplicación de la directiva permitirá a las autoridades europeas "hacerse un mapa de la situación" sobre las multinacionales.

Además, el experto señala que facilitará poner el foco sobre aquellas multinacionales cuyas cifras arrojen indicios de que podrían estar evadiendo impuestos. "Después habrá que analizar los casos en mayor profundidad y determinar si cada una de ellas actúa conforme a la ley o no, pero estos datos pueden permitir centrar los esfuerzos", comenta.

Por último, De la Torre predice que el intercambio entre los distintos países "funcionará bien" pero considera que hay que "seguir dando pasos", con medidas como la formación de equipos de inspectores de varios países para revisar la actuación de las multinacionales en todo el territorio comunitario de forma simultánea, y no en cada país a un ritmo distinto. "Hay que seguir avanzando porque, si las multinacionales no pagan, lo acabamos pagando todos", concluye.

Nuevas conversaciones en junio

Los miembros del Ecofin tampoco fueron capaces de alcanzar un acuerdo en la reunión de este martes en torno a la nueva normativa para combatir la elusión fiscal propuesta por la Comisión Europea a finales de enero, de modo que decidieron retomar ese debate en la próxima reunión del Ecofin, que se celebrará el 17 de junio en Luxemburgo.

El objetivo de ese paquete es que los Estados puedan gravar los beneficios que las multinacionales producen en territorio comunitario y que derivan a filiales en paraísos fiscales o con un impuesto de sociedades muy bajo. Las grandes empresas tendrían así más complicado beneficiarse de lagunas legales o de una "planificación fiscal agresiva".

Entre otros elementos, contempla la "regla de la compañía extranjera controlada", que permitiría a los países comunitarios donde esté radicada la matriz de una empresa gravar "cualquier beneficio" que se derive a países "sin impuestos" o con impuestos corporativos un 40% inferiores a los vigentes a nivel local.

También se incluye la "regla del intercambio", que haría posible para los Estados imponer tasas sobre los dividendos, ganancias de capital y beneficios que se introducen en países de la UE provenientes de territorios donde no pagan impuestos o lo hacen sólo de manera muy baja, y que hoy por hoy están exentos para evitar la doble imposición.

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Finalmente, y entre las principales medidas, destaca la propuesta de un límite a las deducciones por el pago de intereses, estableciendo un ratio respecto a los beneficios. De esa forma, argumentó la Comisión, se evitaría que las firmas crearan de forma artificial pagos de deuda entre sus propias filiales para reducir la cantidad de impuestos que deben abonar.

Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, señaló este martes que "la opinión pública para luchar contra la elusión y la planificación fiscal es muy fuerte", de modo que hay que "utilizar la ventana de oportunidad" para aprobar esas medidas en junio. "Confío en que podamos alcanzar un acuerdo en junio. Realmente tenemos que conseguirlo, no podemos posponerlo", subrayó.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el euro, Valdis Dombrovskis, consideró por su parte que esa propuesta de la Comisión es "ambiciosa" y "equilibrada", de modo que ayudaría a los Estados "a combatir la elusión fiscal". "Confiamos en que el acuerdo sea factible. Hay un amplio apoyo político para lo que estamos intentando lograr".