Las seis operaciones “escandalosas” de Acuamed que favorecieron a constructoras con dinero público

El sumario de la trama descubierta en la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pone de manifiesto que el juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso, Eloy Velasco, investiga seis operaciones sospechosas que supusieron un importante quebranto para las arcas públicas.

El propio magistrado llega a definir de esta forma la actuación del jefe de la trama desarticulada, Arcadio Mateo, que era director general de Acuamed en el momento de su detención: "Usted lo que hace es favorecer escandalosamente intereses de carácter privado". El propio Mateo, que se negó a declarar, interrumpió en ese momento al magistrado para decirle: "Yo no he favorecido a nadie y lo demostraremos".

Las constructoras presuntamente beneficiadas serían, según los interrogatorios a los que ha tenido acceso infoLibre, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona y Altyum Proyectos y Servicios. Dos de los testigos, en concreto la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, y el responsable de las obras de la desalinizadora de Torrevieja, Diego Cuenca, aseguraron que las empresas trataron de aumentar el precio de dos obras un 10%.

Entre estas operaciones destaca por el montante de dinero la vinculada a la planta desalinizadora del Bajo Almanzora, en Almería, en la que la empresa FCC arrancó del Ministerio de Agricultura, encabezado entonces por Miguel Arias Cañete, un compromiso de pago de 40 millones de euros, según confirmó la extrabajadora Azahara Peralta Bravo, que fue despedida por oponerse al desembolso, ya que ella consideraba que la cifra correcta era de solo 3,5 millones.

Una formación política

El magistrado trata de determinar si los sobreprecios detectados sirvieron para financiar alguna formación política, en referencia al Partido Popular en el Gobierno, o sin embargo ese dinero acababa en manos de los dirigentes Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el testigo clave, el directivo de Acuamed que denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Valiente, aseguró que el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, le dijo tras pedirle que amañana el contrato: "Paco, esto es así, no es cosa mía, hay mucha gente ahí... en el partido y tal", aseguró Valiente al juez que le dijo Mateo en relación a la desaladora de Mutxamel.

infoLibre ha tenido acceso a las declaraciones de los principales testigos de la denominada Operación Frontino en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, que focalizan sus denuncias en la mencionada desalinizadora del Bajo Almanzora, en las plantas de Torrevieja (Alicante), Águilas (Murcia) y El Campello-Mutxamel (Alicante), así como obras ambientales en la Rambla Gallinera del municipio de Oliva (Valencia) y en el río Serpis (Valencia).

1. Bajo Almanzora y embalse de Flix

Las declaraciones de los testigos Francisco Valiente, Azahara Peralta Bravo, Diego Cuenca y de la investigada Gabriela Mañueco evidencian que la obra más importante que investiga el juez Eloy Velasco es la de la desalinizadora de Almería, que costó 76 millones y que a su vez la trama habría ligado a los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, también adjudicada a FCC por 165 millones en 2008, pero cuyo coste final ascendió a más de 190 millones.

Correo electrónico

El denunciante explicó al magistrado que recibió un correo electrónico de su jefe, Arcadio Mateo, en la cárcel desde el pasado 20 de enero, en la que previamente el exsubsecretario de Estado, Federico Ramos, había explicado su intención de compensar a la contratista FCC por las inundaciones que sufrió con la desaladora del Bajo Almanzora. "Y en ese email se decía: a ver si le podemos colar a la contratista los dos millones del Bajo Almanzora y le vamos pagando algo, que le debemos mucho", aseguró el denunciante, que confirmó que en Acuamed se hablaba del intento de compensar las pérdinas que habría sufrido FCC en Almería con otro contrato por la descontaminación del Ebro en Flix (Tarragona).

El subsecretario de Estado Federico Ramos se vio obligado a dimitir tras conocerse la existencia de este mensaje, que acabó en el correo del testigo, que se negó a amañar los contratos, y por lo que acabó despedido. Según adelantó elespañol.es, el propio número tres de Soraya Sáenz de Santamaría fue quién dio instrucciones de paralizar el pago de los 40 millones tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción había iniciado una investigación.

Por eso, el juez Velasco, según se desprende de sus interrogatorios, investiga si el Gobierno trató de compensar a FCC, que fue la adjudicataria de la desalinizadora de Almería, por una inundación que sufrió este infraestructura en 2012. En este presunto acuerdo se enmarcaría una reunión, mantenida "al más alto nivel" en el Ministerio de Agricultura.

En la reunión habrían participado, según reconoció el Ministerio a la Cadena Ser, el entonces ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y directivos de FCC como el presidente de la filial de construcción Miguel Jurado. Pero el testigo Francisco Valiente asegura que también podría haber participado en la citada reunión Esther Alcocer Koplowitz, la principal accionista de la constructora.

2. Desalinizadora de Torrevieja

Otra de las operaciones que el juez considera "escandalosas" es la de la construcción de la desalinizadora de Torrevieja, Alicante, cuya adjudicataria fue la firma Acciona. Según el testigo Diego Cuenca, responsable de las obras de Acuamed en la planta alicantina, Acciona reclamó un aumento del precio de la misma, que era de 184 millones, de 17 millones. Esta cifra suponía elevar 18,9 millones la cantidad que ofrecía la Administración, que consideraba que debía abonar dos menos de los presupuestados: 182 millones.

Acciona reclamaba ese importante aumento por la construcción de la planta pese a que el testigo principal del caso Acuamed, Francisco Valiente, aseguró al juez que la constructora había "engañado" a la Administración, ya que la edificación de la planta había sido "un desastre".

Según Valiente, una de las empleadas de Acuamed le llegó a asegurar que la desalinizadora estaba terminada y que no tenía ningún problema: "Por los retrasos en la obra se llegaron a perder los fondos europeos, pero eso fue antes de que yo entrara a trabajar. Y no pudimos recuperar los 55 millones de fondos europeos porque no estaban las certificaciones. Y después me dijeron que la obra no está acabada, pues tenía muchos problemas, como po rejemplo fisuras".

Ante esta situación, el denunciante les pregunté a los responsables de Acuamed si no habían controlado los trabajos realizados: "Y me contestaron que para qué, ya que habían adjudicado la obra a la mejor empresa del mundo ¿para qué la vamos a controlar? Y esa respuesta fue definitiva, por lo que llamé a la responsable de la misma Gabriela [Mañueco] y le dije que eso era una vergüenza. Te tenemos que destituir. Y al gerente de la UTE de Acciona hay que escribirle una carta porque nos han engañado", aseguró el denunciante durante su declaración ante el juez Velasco.

3. PLANTA de Mutxamel-El campello

El autor de la denuncia que dio inicio a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Acuamed también explicó al juez instructor que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, le pidió que "preparara" la adjudicación de la planta desalinizadora de El Campello-Mutxamel (Alicante) a la empresa Altec, que después cambió su nombre por el de Altyum Proyectos y Servicios.

Francisco Valiente se negó a "amañar" la adjudicación. Sin embargo, el denunciante asegura que Acuamed contrató a una empresa externa que hizo un informe que sirvió para otorgar la obra a la empresa que en un principio "estaba colocada como la penúltima de 20 o 30 empresas que optaban al mismo. La adjudicación se amaña para dársela a Altec ya que se cambia para dársela a éstos. Los perjudicados fueron las constructoras que competían" con la firma beneficiada presuntamente de forma irregular.

4. Cerro Colorao en Águilas (Murcia)

Las operaciones sospechosas, según el denunciante del caso Acuamed, incluyen la adquisición de las tuberías de la planta desalinizadora de Águilas (Región de Murcia), que conectan una balsa de agua situada en el paraje denominado Cerro Colorao con las acequias que reparten el agua en el campo de Lorca.

Valiente destacó que las conducciones habían sido compradas por la concesionaria a una empresa de Vitoria sin tan siquiera preguntar a una empresa de Lorca por los precios, que según su versión eran más baratos que los de la empresa vasca. "Con todo lo que había visto, esto me dio una sensación extraña", explicita el denunciante, que asegura que mantuvo una reunión "muy desagradable" con los regantes murcianos que le denunciaron los hechos. "Era un indicio porque no era normal", lamenta.

5. RAMBLA GALLINERA (ALICANTE)

El denunciante Francisco Valiente también se negó a certificar un aumento del gasto de dos millones de euros que beneficiaban a la UTE compuesta por las empresas Sogeosa y Torres Cámara. Esta empresa llegó a hacer tres proyectos diferentes para acondicionar la Rambla Gallinera, con el correspondiente gasto para la Administración pública.

Los tres proyectos, y sus correspondientes obras, fueron realizadas por la contratista "sin contar con nadie", relató Valiente, que aseguró que muchas de estas obras no se llegan a hacer. Según la ingeniera de Caminos que trabajó como gerente territorial en Acuamed, Gracia Ballesteros, Acuamed abonó dos millones de euros por una escollera que "no existía".

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6. Río Serpis (Valencia)

Francisco Valiente y la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, aseguraron al juez en sus declaraciones que los directivos de Acuamed trataron de aumentar el 10% el precio de la obra que había que pagar a la constructora Altec por construir la presa de avenidas del río Serpis, en Valencia.

Según esta versión, el director de obra se opuso a ese aumento, que rondaba los dos millones de euros. "La irregularidad consistía en que Arcadio Mateo llamó al director de obra para que hiciera una liquidación un 10% superior cuando él había hecho un informe del cero por cien". Por eso el contratista, Nicolás Steegmann, pidió su destitución, que acabó produciéndose poco después. Al final se abonó la obra con un precio superior al 10% pese a que la misma estaba incompleta.