La Seguridad Social deja sin pensión durante dos años y medio a un jubilado que no pudo pagar la cuota de autónomo

A Carlos la Seguridad Social le ha quitado la pensión de 745 euros que cobraba desde junio de 2014. Taxista en Torrevieja (Alicante), ha trabajado durante 49 años y cinco meses, y cotizado durante 35 años y 17 días. Pero una deuda que arrastra con la propia Seguridad Social desde los últimos tiempos de su carrera al volante le ha dejado sin ingresos a los 67 años, y a expensas de la ayuda de sus amigos y de la que le proporciona para comer la Cruz Roja. Es decir, su acreedor, la Seguridad Social, le ha privado del único recurso con que contaba, no sólo para vivir, sino también para satisfacer la deuda que ella misma le reclama.

“Los últimos tres años con el taxi fueron catastróficos, la recaudación se hundió un 60%”, se lamenta Carlos. No es su verdadero nombre, prefiere callar el auténtico en una ciudad no lo bastante grande para ocultar tanta necesidad. El caso es que empezó a pedir aplazamientos a la Seguridad Social para pagar la cuota de autónomo cuando la crisis le dejó sin clientes. Al llegarle el momento de la jubilación, el organismo público le reconoció la pensión, de la que a partir de agosto de 2014 empezó a descontarle 29,29 euros cada mes para saldar la deuda. Hasta septiembre del año siguiente, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le suspendió el cobro íntegro de la prestación por no haber atendido los aplazamientos concedidos.

A día de hoy, Carlos adeuda 15.617 euros a la Seguridad Social. Prácticamente la misma cantidad que al principio de su insolvencia, en 2009, pese a haber pagado ya al organismo de previsión un total de 30.527 euros, el doble de lo que debía. “Un auténtico disparate”, resume. La deuda inicial, unos 17.000 euros, se ha convertido, con el recargo que la Seguridad Social impone a sus morosos –de entre un 20% y un 35%– más los intereses de demora –otro 3,75%–, en 46.145 euros. Carlos no duda en tacharlo de “usura”. “El mismo organismo que se supone que debe proteger al ciudadano”, se enfurece, “le deja desprotegido y atenta contra su salud física y mental”.

“Atender con razonable dignidad su subsistencia”

El caso es que para terminar de pagar todo lo que debe tendrá que seguir sin cobrar la pensión hasta febrero de 2018. Casi una sentencia de muerte. La casa se la ha embargado el banco, que anunció su salida a subasta hace ya cuatro años. De momento, dice, el procedimiento está paralizado. Y, con su edad, encontrar un trabajo se convierte en un imposible. En cualquier caso, sólo podría ser un empleo a tiempo parcial o, si persistiera en ser autónomo, sus ingresos no podrían superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 655,2 euros al mes, si no quiere perder su derecho a la pensión. Ésa es la opción legal. Porque también podría trabajar en negro: “Pero si me pillan, es aún peor: no sólo me quitarían la pensión, sino que a lo mejor hasta me meten en la cárcel”.

Lo advertía Maquiavelo en El Príncipe: si el gobernante se excede en la recaudación de impuestos a sus súbditos, se extenderá la pobreza, por lo que éstos perderán la fuerza para hacer trabajos productivos… Y no podrán seguir pagando impuestos. La Ley de Enjuiciamiento Civil precisa que la Administración no puede embargar aquellos bienes “imprescindibles” para que el deudor y su familia puedan “atender con razonable dignidad su subsistencia”. Tampoco se le puede privar de los “instrumentos necesarios para ejercer su profesión, arte u oficio”.

Pues bien, en el caso de Carlos la ley ha fallado. El extaxista no pudo atender los cinco aplazamientos que le concedió el INSS para ingresar la deuda porque la disyuntiva era comer o pagar la cuota. Ahora le cuesta incluso lo primero. Hace unos días miembros de Stop Desahucios le llevaron comida a su casa: leche, galletas… Vive con su hijo, de 22 años, quien ha tenido que dejar el instituto donde estudiaba el bachillerato, a 10 kilómetros de distancia de su casa, porque Carlos no puede pagar la gasolina de la vieja furgoneta –acumula 900.000 kilómetros– con que lo acercaba cada día a clase. Es un instituto donde imparten el bachillerato para adultos. Como tantos otros, decidió reengancharse al pupitre tras abandonar los estudios con la ESO sin terminar. Pero ahora que saca sobresalientes, ha tenido que ponerse de nuevo a buscar empleo. “Desde agosto”, cuenta su padre, “ha trabajado sólo 31 días, y en cuatro empresas distintas”. Una de ellas, Inditex, como dependiente. El resto han sido empleos de camarero. “Lo único que hay en Torrevieja, la ciudad con más miseria y más paro de España”, protesta Carlos.

Torrevieja, récord de economía sumergida

La ciudad alicantina saltó a los titulares de muchos periódicos el pasado verano cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la citó como el municipio con los ingresos por hogar más bajos de España: 7.986 euros. La mitad que antes de la crisis. El turismo barato y estacional condiciona la vida de Torrevieja, que bate récords nacionales en economía sumergida. “Es una sociedad artificial”, analiza el extaxista, “basada en la burbuja”. La construcción de segundas residencias pinchó, mientras la hostelería sobrevive como puede en una ciudad que triplica su población en verano. El resto del año, Torrevieja hiberna. De sus 88.000 habitantes, la mitad son foráneos. “Aquí se han quedado prisioneros muchos extranjeros, que compraron su casa y ahora no la pueden vender”, explica el taxista jubilado. La ciudad ha perdido 17.000 habitantes desde 2013.

En cuanto le quitaron la pensión, Carlos presentó un recurso ante el propio INSS, después escribió al Defensor del Pueblo. Ambos se remiten a la dura letra de la ley. Así que está preparando una denuncia judicial con un abogado de oficio. El Ministerio de Empleo explica a infoLibre, a través de un portavoz, que la ley dicta la retirada de la pensión si se incumplen los aplazamientos de pago de las cuotas. “La Seguridad Social siempre ofrece opciones para aplazar el pago y no te quita la pensión salvo que las hayas rechazado todas”, apunta.

Carlos lo niega. “Nada de opciones. Esto son lentejas… se trata de la orden automática de un ordenador”. Al menos eso es lo que le han respondido en la Seguridad Social cada vez que ha pedido explicaciones a los funcionarios. “Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad”, establece la norma. “Y esa ley es la misma para todos”, zanja el ministerio.

Un caso “bastante común”

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Carlos lo sabe, pero no entiende cómo la Seguridad Social puede reclamarle una deuda y, al mismo tiempo, dejarle sin posibilidad de obtener ingresos para saldarla. También recuerda la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual es inembargable cualquier salario o pensión en la cuantía del SMI, 655,2 euros. Si excede esa cantidad pero no supera el doble del salario mínimo, se puede embargar hasta el 30% del sueldo, pensión o prestación. Ése sería su caso, y es lo que pide: que le sigan descontando una parte de la pensión hasta que cubra la deuda, pero que no le dejen sin ingresos y pendiente de la caridad de amigos y extraños, o con un pie en el trabajo en negro.

Los abogados consultados por infoLibre aseguran que el caso de Carlos es “bastante común”. Apuntan como única opción para salir del atolladero acudir a un préstamo. Algo imposible para el extaxista, con su casa embargada y sin más bienes. También puede ser declarado incobrable por la administración, por lo que la deuda se consideraría no exigible. Pero a continuación el periodo pendiente de pago se descontaría del tiempo total cotizado a efectos del cálculo de la pensión y Carlos tendría que seguir trabajando para reunir, de nuevo, el mínimo legal.

Carlos tampoco puede solicitar ningún tipo de subsidio –426 euros– por la deuda que tiene viva con la Seguridad Social. Ni obtener una licencia para trabajar con su vieja furgoneta por no estar al corriente con la Seguridad Social. Dice que se defiende en inglés, francés, alemán y noruego, y antes del taxi llegó a jefe de sala en un bingo. “También toco la armónica”, se ríe. Un currículo a buen seguro insuficiente para conseguir un trabajo a los 67 años en Torrevieja, donde el paro alcanza al 24,5% de su población, cuatro puntos y medio por encima de la media nacional. Llegó a ser del 27,5% en 2014. “Estoy atado”, resopla, “por un sistema perverso”.