Un mundo de pensiones: de las cuentas virtuales suecas al sistema de puntos francés

El Pacto de Toledo nació en 1995 para impedir que las pensiones se utilizaran como arma electoral, una tentación en la que siguen cayendo los partidos y sus líderes campaña tras campaña. En la del próximo 26-J no va a ser distinto. Las aguas de las reformas de 2011 y 2013 no bajan calmadas; además de que el déficit de la Seguridad Social y el vaciamiento del Fondo de Reservael vaciamiento del Fondo de Reserva han puesto sobre la mesa nuevas incertidumbres.

El PP dejó caer ya hace meses que el Pacto de Toledo debería estudiar nuevas fuentes de financiación para las pensiones de viudedad y orfandad. Es decir, que se paguen con impuestos, y no mediante cotizaciones a la Seguridad Social como ahora. El PSOE ha incluido en su programa crear una “contribución de solidaridad”, temporal, que recaerá sobre las rentas más altas y las grandes fortunas, para cubrir el actual déficit del sistema. Unidos Podemos propone derogar la reforma de las pensiones, reforzar el sistema público y revalorizar las pensiones mínimas.

Al tiempo, organismos internacionales como la OCDE o el FMI no dejan de advertir ante el riesgo de que los sistemas públicos de pensiones sean insostenibles, no sólo por la larga crisis económica sino también por el progresivo envejecimiento de la población. Y piden más reformas. En España, el gabinete de estudios del BBVA y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han sido los penúltimos en reclamar que se aceleren los plazos de las reformas ya en marcha –que tienen como horizonte el año 2027– o tomar nuevas medidas para reducir en un 5,1% anual el gasto público en pensiones. Para hacerse una idea de la magnitud del recorte basta con recordar que ese gasto crece ahora a un ritmo del 4,4% al año.

Las propuestas de partidos y expertos están lejos de ser originales. Aunque el espejo en que se miran unos y otros no siempre es el mismo. El PSOE quiere copiar parte del modelo francés; el BBVA y Fedea elogian el sistema sueco. La CEOE, que también plantea financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, se limita a recomendar las reformas aplicadas por “otros países” del entorno de la UE para hacer más sostenibles las prestaciones públicas.

En general, los sistemas de pensiones del mundo occidental incluyen tres tipos de prestaciones: las mínimas o sociales, para evitar las situaciones de extrema pobreza en la vejez; las públicas, normalmente basadas en sistemas de reparto –financiadas con las cuotas de empresas y trabajadores–, y las privadas, que además pueden capitalizarse, invertirse para obtener un rendimiento. Pero cada país ha configurado estos tres pilares de forma distinta. Francia, España, Portugal y Grecia cuentan con sistemas de reparto clásicos, mientras que Italia ha seguido los pasos de Suecia, Noruega, Polonia y Letonia y ha optado por las llamas cuentas nocionales, unas cuentas virtuales en las que cada trabajador va acumulando sus cotizaciones. En Alemania utilizan un sistema de puntos que se adquieren según se cotiza, y al tiempo poseen un sistema muy desarrollado de planes de empleo, ofrecidos por las empresas. En Chile, el sistema público de pensiones desapareció en 1981, por lo que los ciudadanos sólo cuentan con sistemas privados.

No obstante, una característica común a todos es el progresivo retraso de la edad de jubilación, que no suele bajar de los 65 años y se encamina, cuando no se sitúa ya en muchos países, en los 67 años. Es el caso de España. También aumentará gradualmente el número de años para calcular la cuantía de la pensión, de forma que en 2022 se utilizarán los últimos 25 años de carrera laboral. Lo mismo ocurrirá con el número de años cotizados para obtener el 100% de la pensión, que será de 38 años en 2027. 

Otra diferencia entre los distintos países es el sistema para actualizar las pensiones. En España se revalorizaban según subía el IPC hasta la última reforma. Desde entonces, se aplica un índice que tiene en cuenta el PIB y el déficit o superávit de la Seguridad Social. En el resto de los países de la OCDE se utilizan bien la inflación –Francia, Italia, Letonia–, bien los salarios –Dinamarca, Noruega–, bien el PIB y la esperanza de vida o una combinación de estos factores –Alemania, Portugal, Suecia–.

FRANCIA

Los trabajadores franceses se jubilan entre los 65 –los nacidos antes de 1951– y los 67 años. Para cobrar la pensión completa hace falta haber cotizado entre 40 y 41,5 años. Hay dos sistemas públicos: el básico y el complementario. La pensión máxima del primero no puede superar el 50% de un tope de cobertura que en 2014 era de 37.548 euros al año. La pensión mínima asciende a 629 euros mensuales.

Estas pensiones básicas se pueden complementar con las del segundo sistema, en el que la prestación se calcula por puntos. Los trabajadores cotizan en dos subsistemas: uno para cuadros y directivos (AGIRC), y otro para el resto (ARRCO). Los autónomos tienen su propio subsistema, al igual que los funcionarios (RAFP) y el personal laboral de las administraciones (IRCANTEC). Cada año, los trabajadores acumulan una serie de puntos, que se canjean por la pensión cuando se jubilan. Cada punto tiene un precio – 1,2513 euros en ARRCO y 0,4352 euros en AGIRC–.

En conjunto, el gasto público en pensiones representa el 13,8% del PIB francés, casi el doble del gasto medio de la OCDE, que se sitúa en el 7,9%. El español equivale al 10,5% del PIB. Por el contrario, los planes de pensiones privados sólo suman el 0,3% del PIB galo, según datos de la propia OCDE.

PORTUGAL

Los trabajadores públicos portugueses tenían su propio sistema de pensiones públicas, que desde 2006 se ha integrado en el mismo sistema para asalariados del sector privado y autónomos. La edad de jubilación se sitúa en 66 años y la pensión se calcula teniendo en cuenta toda la carrera laboral. Ésta se revaloriza de acuerdo con el IPC y la evolución del salario, pero también se le aplica un factor de sostenibilidad –como el que se aplicará en España a partir de 2019– que reducirá su cuantía según aumente la esperanza de vida de los portugueses.

También existen planes de pensiones, de empresas y personales, ambos con aportaciones voluntarias. Además, la Seguridad Social gestiona un Régimen Público de Capitalización, al que los asalariados pueden cotizar con entre un 2% y un 6% de su sueldo bruto anual a partir de los 50 años.

ITALIA

Desde 2012 en Italia funciona un sistema de cuentas nocionales o virtuales donde el trabajador acumula sus cotizaciones, revalorizadas según el crecimiento del PIB nominal y un coeficiente de transformación que depende de “la esperanza de vida del perceptor, de la probabilidad de dejar un superviviente y de la esperanza de vida de éste”, explica el Instituto BBVA de Pensiones en su último documento de trabajo sobre pensiones europeas. Los trabajadores adscritos a estas cuentas –todos los nacidos a partir de 1996– pueden elegir su edad de jubilación entre los 62 y los 70 años. Para quienes quedan fuera de este sistema, creado en 2011, la edad de retiro es de 66 años.

Los planes privados de las empresas los gestionan sindicatos y patronal, y sus aportaciones están exentas de impuestos.

ALEMANIA

En Alemania, las pensiones del sistema público también se calculan por puntos –un año de cotización equivale a un punto de pensión–. La edad de jubilación se ampliará progresivamente hasta los 67 años en 2029. Desde julio de 2014 los trabajadores con 45 años cotizados pueden retirarse de forma anticipada, a los 63. Las pensiones se ajustan en función de dos factores, uno de cotización y otro de sostenibilidad. Según la OCDE, a largo plazo la suma de ambos recortará un 14% el crecimiento del valor de cada punto de pensión respecto de los salarios brutos. Alemania gasta en pensiones públicas el 10,6% de su PIB.

Existen cinco tipos de planes de empleo: los que ofrecen las propias empresas a sus expensas; los fondos de apoyo, que las empresas proporcionan a través de una entidad independiente; los seguros directos; los planes contratados con mutuas, y los fondos de pensiones, estos dos últimos supervisados por el Gobierno. Todos ellos cubren al 56,4% de la población, calcula la OCDE.

Desde 2002, además, funcionan las pensiones Riester –por el nombre del ministro de Trabajo que las creó–, que son planes de pensiones privados personales, subvencionados y gestionados por bancos, aseguradoras o fondos de inversión. No pagan impuestos y su cuantía depende de la renta y del número de hijos del trabajador. Se pueden cobrar a partir de los 60 años. Y en 2005 se crearon las pensiones Rürup –por el nombre del economista del SPD que las diseñó–, que disfrutan de una fuerte exención fiscal de hasta el 60%. El 35% de los alemanes están suscritos a ambos tipos de planes privados.

REINO UNIDO

Hasta el pasado mes de abril, los británicos cobraban una pensión pública básica de hasta 589 euros mensuales si habían cotizado durante al menos 30 años. Y podían complementarla con la SP2 (State Second Pension), por un máximo de 849 euros al mes. Desde esa fecha, se han sustituido ambas por una pensión de cuantía fija igual para todos: 155,65 libras semanales (unos 196 euros), que se pueden percibir siempre que se haya cotizado durante 35 años.

Además, los británicos cuentan con un sistema muy desarrollado de planes privados de empleo y personales, que equivalen al 95,8% del PIB del Reino Unido, según el Instituto BBVA, y cubren al 40% de los trabajadores. Los planes de empleo son obligatorios para las empresas. A partir de 2018 éstas deberán cotizar un 8% de los salarios brutos de sus trabajadores para nutrirlos. El Gobierno también ha creado un fondo de pensiones, el National Employment Savings Trust, de gestión pública, para dar cobertura a los trabajadores que el sector privado rechace por considerarlos poco rentables: aquéllos con salarios bajos, temporales o autónomos. La edad de jubilación también se retrasará de forma gradual en Reino Unido hasta los 67 años en 2020.

SUECIA

Los suecos son los pioneros de las cuentas nocionales. Los trabajadores cotizan para la pensión pública obligatoria un 18,5% de su salario bruto –pero quienes cobran menos de 2.168 euros al año están exentos–. El 16% se ingresa en la cuenta individual y el 2,5% restante se capitaliza en un plan personal. La cuenta se actualiza según varíe el sueldo medio. La edad de jubilación la elige cada trabajador entre los 61 y los 70 años. En el momento de retirarse, la pensión se reduce según la esperanza de vida del grupo de edad del trabajador, más un descuento del 1,6%. Además, se le aplica un factor de estabilización, que vuelve a recortar la prestación.

Para los planes personales obligatorios, los trabajadores contribuyen con un 2,3% de su salario bruto a un sistema gestionado por la Agencia de Pensiones Sueca. Pueden elegir hasta cinco planes de una cartera de 800, todos ellos gestionados por entidades privadas. Por su parte, los planes de las empresas cubren al 90% de los suecos. Hay un plan para trabajadores industriales, fruto de la negociación colectiva, y otro para cuadros y directivos, y un tercero para autónomos, mientras que el personal de banca, seguros o los funcionarios cuentan de los suyos propios.

HOLANDA

A los 65 años los holandeses pueden cobrar una pensión de cuantía fija que se ajusta cada seis meses según el salario mínimo y es independiente de lo que habían cotizado cuando trabajaban. Equivale al 70% del salario mínimo –fijado en 1.508 euros al mes este año–. Esta prestación básica supone sólo el 30% del salario medio que se cobra en Holanda. Por eso se complementa con planes de empleo casi obligatorios, que cubren al 91% de los trabajadores. Existen 414 fondos de pensiones de este tipo, que se reparten por sectores productivos. Otros 327 planes son para autónomos y 40.818 más los gestionan aseguradoras para pequeños empresarios. De esta forma, el gasto público holandés en pensiones es sólo del 5,5% de su PIB.

Los planes de pensiones no son para salarios españoles: sólo el 9,5% de quienes ingresan menos de 30.000 euros tiene uno

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ESTADOS UNIDOS

Los trabajadores estadounidenses se jubilan ahora a los 66 años, pero tendrán que esperar hasta los 67 a partir de 2022. La Seguridad Social sólo paga un máximo del 40% del salario medio. En cualquier caso, la cuantía de la pensión se calcula según los sueldos percibidos durante toda la carrera laboral, hasta un máximo de 3.501 dólares mensuales (3.053 euros) con 70 años –2.663 dólares con 66 años (2.322 euros)–.

En Estados Unidos las pensiones públicas, que cobran unos 59 millones de trabajadores, se revalorizan en función del IPC. Para los estadounidenses con menos ingresos la Seguridad Social paga un suplemento de hasta 8.652 dólares anuales, que a su vez pueden completar los Estados.