El 'caso Acuamed'
El exsecretario de Estado de Aguas de Aznar dice que la influencia con altos cargos que le atribuía la trama Acuamed era “intelectual”
"Supongo que se refiere a mi influencia intelectual". Con esas palabras ha respondido Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas con José María Aznar, a las preguntas de infoLibre sobre la influencia con altos cargos que le atribuía el empresario Nicolás Steegman, uno de los más beneficiados por los presuntos amaños destapados en Acuamed. Acuamed son las siglas de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA.
Consejero delegado de Altyum, Steegman pidió a Blanco en la primavera de 2015 un dictamen jurídico para que la Administración accediese a modificar los términos de un contrato de 9,1 millones adjudicado dos años antes a su compañía. Según Blanco, la Administración "no aceptó" las tesis de su dictamen: que era posible modificar el contrato sin resolverlo -es decir, cancelarlo- para convocar una nueva licitación.
La petición de ese informe a Blanco y su supuesta "influencia hacia altos cargos" aparece reflejada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las conversaciones intervenidas a Steegman y otros miembros de la supuesta trama corrupta.
En una de esas conversaciones, el jefe de Altyum -anteriormente denominada Altec- anuncia a su interlocutor que la directora general del Agua, Liana Ardiles, le había dado permiso para que Benigno Blanco hablase con la abogada del Estado y la intentara "convencer" de que era factible modificar el contrato sin perjudicar a Altyum.
Blanco, más conocido desde hace años por su defensa de la llamada "familia tradicional" y de los valores católicos como unidad de medida, no cree que las palabras de Steegman le comprometan en ningún modo. "Cuando emito un dictamen -sostiene- es porque se supone que alguien se fía de mi opinión. Doy por supuesto que por mis años de trabajo como secretario de Estado y como abogado, hay gente que valora mis opiniones".
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El caso Acuamed ha ido creciendo en dimensiones y categoría con el paso de los meses. En enero, las primeras y ya inquietantes noticias sobre el alcance de la trama forzaron la dimisión de Federico Ramos, hasta entonces mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y expresidente del consejo de administración de Acuamed.
Y la semana pasada, la Conferencia de Presidentes -órgano equivalente a la junta de portavoces- del Parlamento Europeo acordó por unanimidad pedir explicaciones al comisario Miguel Arias Cañete tanto por los papeles de Panamá como por Acuamed. Convertido así en el primer comisario cuya comparecencia para ser interrogado por eurodiputados en comisión parlamentaria reclama la Eurocámara, Cañete fue directamente por el denunciante del caso cuando el juez le tomó declaración.
El ingeniero Francisco Valiente, cuya denuncia activó la investigación, relató ante el magistrado que sus sospechas de fraude comenzaron cuando supo que la desaladora almeriense de Almanzora, inundada en 2012, carecía de seguro. "Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro". "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco. "Arias Cañete", respondió Valiente.
