Boadilla, cuyo alcalde es del PP, acusa a su partido de ser partícipe lucrativo de la 'Gürtel'

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, cuyo alcalde es el candidato del PP al Congreso de los Diputados Antonio González Terol, acusa a la formación conservadora de ser partícipe a título lucrativo de la pieza separada dedicada a este municipio dentro de la GürtelGürtel, según el escrito de acusación presentado el pasado 9 de junio ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

La representación legal del Consistorio del municipio madrileño, considerado el epicentro de la trama liderada por Francisco Correa, alude al artículo 122 del Código Penal para incluir al PP como partícipe a título lucrativo de la red corrupta: "Y así vendrá obligado el Partido Popular a resarcir al Ayuntamiento de Boadilla del Monte del importe de 204.198 euros que asumieron algunas empresas para pago del coste de determinados actos de partido y electorales", especifica el escrito que fue presentado días antes de que comenzara la campaña electoral.

El escrito del Consistorio de Boadilla, cuyo alcalde González Terol es considerado como uno de los delfines del aguirrismo, ha entrado en la Audiencia Nacional pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral, en la que el propio González Terol forma parte de las listas del PP por Madrid. Ya en las elecciones de diciembre el regidor de Boadilla, natural de Cartagena (Región de Murcia), González Terol obtuvo el acta de diputado.

Apuesta de Aguirre

González Terol es una apuesta política personal de Aguirre, que le nombró en su primer Gobierno, en 2003, director general de Juventud con tan sólo 25 años. Desde entonces, este político nacido en Cartagena en 1978, ha permanecido en cargos del PP, como por ejemplo diputado en la Asamblea de Madrid y director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid.

El reconocimiento de que el PP de Boadilla del Monte se lucró de la Gürtel se produce días después de que el pasado 23 de mayo, el partido se viera obligado a emitir un comunicado en el que eludía cualquier responsabilidad en el caso de la caja B controlada por Luis Bárcenas.

El PP reaccionó de esta forma tras conocerse que el juez José de la Mata exigía a este partido que abonara 1,2 millones de euros de fianza como responsable civil subsidiario de la pieza separada de Gürtel de los papeles de Bárcenas o la caja B del PP. De lo contrario, la formación conservadora se enfrentaba a un embargo días pocos días antes de que se iniciara la campaña electoral.

Rechazo del PP

En ese comunicado, los conservadores rechazaban que el partido de Rajoy fuera considerado responsable civil subsidiario de los delitos de los que se acusa a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como contra el exgerente Cristóbal Páez, que están acusados de pagar una parte de la remodelación de la sede nacional del partido en negro.

La diferencia principal entre ser considerado partícipe a título lucrativo, que es la acusación que tiene que afrontar el PP en la pieza principal de Gürtel denominada Época I o en la pieza separada de Boadilla del Monte, o ser considerado responsable civil subsidiario, consiste en que la formación de Rajoy solo tendrá que afrontar el posible resarcimiento del dinero del que presuntamente se lucrólucró, mientras que en el caso de la remodelación de la sede nacional, el PP ya ha tenido que presentar una fianza por el total de la cantidad defraudada por los acusados.

Es decir, para el PP el esfuerzo económico será menor si es considerado partícipe lucrativo que si fuera declarado en el juicio responsable civil subsidiario de los delitos cometidos de unos condenados que se declararan insolventes, ya que en el primer caso no tendría que asumir las multas de los posible condenados, pese a que muchos de ellos eran cargos del partido y cometieron los delitos en el ejercicio de sus funciones.

Problemas internos

Sin embargo, y pese a que en principio beneficia al partido ser considerado partícipe lucrativo en vez de responsable subsidiario, el reconocimiento del Consistorio dirigido por el candidato del PP al Congreso González Terol volverá a herir las susceptibilidades entre los partidarios de Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la gestora del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, y el sector aguirrista en el que se enmarca al regidor de Boadilla del Monte. 

Además, el Consistorio de Boadilla reclama 49 de cárcel para el exalcalde Arturo González Panero, conocido con el alias de El Albondiguilla, que hace un mes acusó a Francisco Granados, en la cárcel de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014, de haber pedido un millón de euros a una veintena de alcaldes para la campaña autonómica de 2007. Estos hechos los investiga la Fiscalía Anticorrupción en el seno de la Operación Púnica que instruye el juez Eloy Velasco.

En contraposición al mencionado reconocimiento de la responsabilidad del PP de Boadilla del Monte, en el que González Terol es presidente local, la Abogacía del Estado ha registrado un escrito de acusación en la Audiencia Nacional en el que no hace ninguna mención al PPPP. Y en el caso del exalcalde Arturo González Panero, la petición de cárcel es de 15 años, mientras que para el empresario José Luis Ulibarri el Consistorio madrileño reclama tres años de prisión.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel,Gürtel Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

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27 procesados por el fiscal

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas procesados y trece personas jurídicas se sienten en el banquillo por esta pieza separada del caso Gürtel. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

Además, solicita que el número dos de la red, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.