España está en el ‘top 5’ del uso de los tribunales al margen de la justicia que potencia el TTIP

España se encuentra en los primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados, que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.

Un mecanismo llamado, por sus siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada, Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.

El informe se basa en los datos públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores, no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía, obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90% de los litigios pertenecen a este ámbito.

El segundo enfoque que aborda Justicia privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años. El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa", a juicio de los autores del informe.

El documento señala tres ejemplos ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013 (pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas defiendan sus intereses.

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El ISDS está "en el centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes", recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de legitimidad democrática.

La portavoz de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales "frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe, "impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en sociedad".

La Comisión Europea organizó una consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP. El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de "maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.