La empresa pública Tragsa readmite al exalcalde del PP procesado por las tarjetas ‘black’ al que despidió en 2014

Javier de Miguel Sánchez, exalcalde del PP de El Escorial (Madrid) y procesado en el caso de las tarjetas black de Cajamadrid, ha vuelto este martes a Tragsa, la empresa pública de la que fue despedido por motivos disciplinarios en noviembre de 2014.

De Miguel demandó a Tragsa en los tribunales y ganó el juicio. El despido fue declarado nulo. Según las fuentes consultadas por infoLibre, fue readmitido y ha permanecido de baja hasta este martes, en que ha regresado a la empresa pública. No obstante, no ha recuperado su anterior puesto, gerente de la zona de Madrid y ahora se encuentra en la sección de Internacional, donde tiene el rango de jefe de grupo de actuaciones y proyectos. En cualquier caso, Tragsa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El exalcalde de El Escorial fue destituido como gerente de zona el 16 de octubre de 2014, tras descubrirse que había gastado 172.700 euros con su tarjeta B mientras se sentaba en la Comisión de Control de Caja Madrid. A día de hoy, el juez Fernando Andreu lo mantiene procesado, acusado de apropiación indebida.

Aunque fue destituido de su cargo, De Miguel no fue despedido, sino que se le asignó un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de Tragsa, donde se ubica la presidencia. La medida, en medio del escándalo de las tarjetas y de la cascada de dimisiones que le siguió, provocó el malestar de la plantilla, inmersa entonces en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en principio iba a suponer el despido de 1.336 trabajadores, el mayor acometido en una empresa pública. Tras ser impugnado por los trabajadores, el Tribunal Supremo ratificó su legalidad en octubre de 2015 y Tragsa ejecutó los despidos definitivos en enero. Finalmente fueron 555555 los empleados de Tragsa que se quedaron sin trabajo.

El caso es que un mes después de ser ubicado en la planta noble de la sede madrileña del grupo, la dirección decidió enviar a De Miguel a Tragsa Brasil, con un cargo intermedio, lo que le iba a suponer el cobro de un plus por desplazamiento internacional de hasta 40.000 euros anuales. Como gerente de zona su sueldo era de 73.000 euros al año, sin contar la retribución por objetivos.

Pero, sólo siete días más tarde, la empresa le comunicó el despido acogiéndose al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores:el despido disciplinario se deriva de un “incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por lo que le priva de indemnización. Y aquél se produce por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, por indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros empleados, por “transgresión de la buena fe contractual” o abuso de confianza en el desempeño del trabajo, disminución en el rendimiento de trabajo, embriaguez habitual o toxicomanía o, finalmente, acoso sexual o por razón de raza, religión o discapacidad. Los jueces, sin embargo, consideraron que ese despido no había sido legal.

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Javier de Miguel fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. En la comisión de control de Caja Madrid permaneció hasta el 23 de marzo de 2010. En Tragsa entró a trabajar como apoderado en septiembre de 2012, hasta que el 1 de noviembre de 2013 fue nombrado gerente de zona de la Comunidad de Madrid.

Esa designación se produjo en plena negociación del ERE y no fue la única entre personas relacionadas con el PP. En esa misma época entraron en plantilla Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Poco después, en abril de 2014, la empresa pública fichó a la exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Luz Reverón González, como delegada en Canarias.

En octubre, se anunció el nombramiento de otro exalcalde del PP, el de Santiago de Compostela, Ángel Currás, imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, como delegado de Tragsa en Galicia. La publicación de la noticia abortó finalmente la maniobra y el cargo sigue sin ser ocupado, casi dos años después.