El juez sienta en el banquillo a ‘El Albondiguilla’ y otras 26 personas por la ‘Gürtel’ de Boadilla

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla y otras 26 personas por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la localidad madrileña.

La Fiscalía Anticorrupción pide en esta pieza separada del caso Gürtel penas de 40 años y siete meses de cárcel para el ex primer edil el ex primer edily de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa.

En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular. El magistrado considera al PP partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el número dos de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

Regalos y comisiones

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor,

que participó en su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Una parte de las comisiones percibidas por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad Longridge International, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.