Bruselas pasa factura al Real Madrid por el trato de favor urbanístico que le dio Gallardón

La controvertida relación entre fútbol de élite y política acaba de recibir un triple mazazo cuyo principal golpe ha ido directo al Real Madrid. La Comisión Europea ha concluido que en 2011, el último año en que Alberto Ruiz-Gallardón empuñó la vara de mando de la Alcaldía madrileña, el consistorio benefició al equipo blanco con una permuta urbanística en la que una de las parcelas clave obtuvo una sobrevaloración de nada menos que 18,4 millones de euros.

La Comisión también declara ilegal que a cuatro clubes –Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna– se les haya aplicado durante 20 años el tipo impositivo que, para gravar los beneficios, se aplica a las entidades sin ánimo de lucro en lugar de a las sociedades. 

Asimismo, Bruselas considera ilegal los avales prestados por la Generalitat valenciana a tres equipos de la comunidad, el Valencia, el Hércules de Alicante y el Elche. En total, los siete clubes de fútbol afectados por la triple investigación de Bruselas tendrán que devolver hasta 68,8 millones como receptores de ayudas ilegales en tres vertientes: la urbanística (la permuta de terrenos del Madrid), la tributaria (la rebaja de un 5% en el impuesto sobre beneficios) y la financiera (la concesión de avales en Valencia).

Pero, sin duda, la operación de mayor calado político, tanto porque su protagonismo recae sobre el exministro Gallardón como por la imbricación de urbanismo y deporte, es la que benefició al Real Madrid. Aquella operación, sostiene la Comisión en su comunicado oficial, "otorgó a este club una ventaja injustificada frente a otros clubes que ahora debe devolverse".

La permuta final de suelos entre el Ayuntamiento y el Madrid incluyó la cesión de una parcela en Valdebebas, donde la entidad ha construido su nueva Ciudad Deportiva. Y, sobre todo, incluyó 5.216 metros cuadrados junto al Bernabéu. Esa franja de suelo había de permitir al club ampliar el estadio y construir un hotel y un centro comercial, proyecto que el TSJ madrileño tumbó casi al completo hace un año.

Un incremento de valor del 3.700% 

Localizada en Las Tablas, al norte de la capital, la parcela que dio origen al procedimiento investigado por Europa había sido tasada en 595.000 euros en 1998, con José María Álvarez del Manzano, también del PP, como alcalde. Un convenio suscrito aquel año estipuló su entrega al Real Madrid en una operación encadenada a la cesión de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del club, donde hoy se erigen las cuatro torres más altas de la capital. 

La parcela de Las Tablas nunca llegó a estar en poder del Madrid. Años después del convenio de 1998, el Ayuntamiento invocó una sentencia de 2004 sobre la obligatoria titularidad pública de los suelos destinados a usos deportivos básicos y nunca llegó a ceder ese terreno al equipo. Se generó así una deuda en favor del Real Madrid. 

Pero  lo anterior en absoluto significa que la parcela de Las Tablas desapareciera del mapa de la negociación. Muy al contrario, lo que en 1998 valía oficialmente 595.000 euros, pasó en 2011 a ser tasado por el Ayuntamiento en 22,6 millones. Es decir, le aplicó un incremento de valor del 3.700%. La Comisión Europea entiende que fue esa segunda tasación la que se infló en 18,4 millones de manera artificial. Y que el precio real del suelo rondaba en 2011 los cuatro millones de euros.

Fue esa segunda tasación municipal la que se convirtió en la piedra angular de un nuevo convenio que el consistorio madrileño y el Madrid suscribieron en julio de 2011, meses antes de que Gallardón dejase la alcaldía para asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Rajoy.

Como la parcela de las Tablas no podía pasar a manos del Madrid, el ayuntamiento compensó al club con otros suelos... hasta alcanzar la cifra de 22,6 millones menos dos que el club le debía por otros conceptos.

Misteriosamente, el club devolvió meses después al Ayuntamiento uno de los lotes de terreno que le había cedido el consistorio en una zona sin mucho tirón inmobiliario y víctima de la degradación urbanística: el barrio de Opañel, en el distrito de Carabanchel.

En diciembre de 2013, la Comisión Europea reconocía en un documento oficial que nadie le había explicado aún el porqué de aquella devolución de suelos. Fue una de las organizaciones de defensa del medio ambiente más reconocidas, Ecologistas en Acción, la que encontró una explicación plausible al fenómeno: el Madrid había devuelto los suelos de Opañel para cumplir así el trámite de cesión obligatoria de zonas verdes que debe cumplir cualquiera que quiera llevar a cabo una modificación puntual del planeamiento. 

Y esa modificación era la que había de permitir al equipo de Florentino Pérez ampliar el Bernabéu y construir un hotel y un centro comercial. ¿Cómo? Gracias a los 5.216 metros cuadrados suelo público que, en virtud del convenio de 2011 y a la sobrevaloración de la parcela de Las Tablas, le había traspasado el consistorio en plena Castellana, una de las áreas más caras de la capital.  Pero Ecologistas en Acción impugnó el convenio ante el Tribunal Superior de Madrid, que en 2015 dio al traste con el plan impulsado por Gallardón y Florentino Pérez. 

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Trato fiscal "privilegiado"

En relación a las otras dos patas de la investigación sobre los clubes españoles, Bruselas ha alcanzado conclusiones muy duras. La Comisión considera que el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna recibieron un trato fiscal privilegiado, al quedar exentos de la obligación general de transformarse en sociedades anónimas durante un periodo de 20 años. Gracias a esta ventaja, los cuatro clubes disfrutan de un tipo fiscal ventajoso del 25% frente al 30% del resto de clubes, por lo que el Ejecutivo comunitario exige una multa de hasta 5 millones de euros para cada uno, aunque la cuantía final deberán fijarla las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas. España modificó la legislación sobre el Impuesto de Sociedades y esta ventaja ya no se aplica a los clubes desde enero de este año.

Por último, la Comisión ha investigado los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por préstamos concedidos a tres clubes de la comunidad: el Valencia, Hércules y Elche. En este caso, Bruselas ha determinado que deben devolver 20,4 millones, 4,1 millones y 3,7 millones, respectivamente. La Comisión ha considerado que el aval público del IVF, concedido cuando los clubes atravesaban dificultades económicas, les permitió obtener préstamos en condiciones más favorables, y que, al no haber pagado una remuneración adecuada por ellos, se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros equipos.