Asociaciones de jueces critican el regreso a la carrera judicial del exjefe antifraude de Cataluña

El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, pidió este miércoles reincorporarse a su puesto en la Audiencia Provincial de Barcelona tras ser cesado de su cargo, algo que ha levantado ampollas entre los jueces y que, para algunos de ellos, vuelve a poner en cuestión la Ley del Poder Judicial y reabre el debate sobre la independencia de los magistrados.

La Asociación Profesional de la Magistratura denunció en un comunicado la existencia de un "sistema de puertas giratorias" a raíz de la petición de reincorporación de De Alfonso a la carrera judicial. Según la APM, resulta "incoherente" que, mientras en la Constitución se defiende la imparcialidad de jueces y magistrados, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea que los magistrados nombrados para el ejercicio de un cargo político o de confianza puedan regresar a la carrera judicial de forma inmediata.

De Alfonso fue elegido director de la Oficina Antifraude de Cataluña en 2011 por designación del Parlament y con los votos a favor de CiU, PP, PSC y Ciudadanos. El magistrado fue cesado de su cargo por la Cámara autonómica el pasado 29 de junio tras revelarse grabaciones de conversaciones con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en las que ambos planeaban buscar pruebas para ensuciar la imagen de políticos independentistas. Sólo el PP votó en contra de su destitución.

En 2011, PP y PSOE reformaron la ley que regula el Poder Judicial para que los magistrados que desempeñaran cargos públicos pudieran volver a sus antiguos puestos inmediatamente y sin ningún tipo de filtro relacionado con su actividad política. Según indica el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) Raimundo Prado a infoLibre, esta modificación "se realizó ad hoc, para determinadas personas" y "sin que nadie lo pidiera o exigiera". Una percepción que comparte el portavoz de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que asegura a este diario que la reforma "es un escándalo que se hizo para beneficiar a cuatro personas concretas".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González, afirma que el problema "no es que los jueces puedan participar en la vida política, algo que está recogido en la Constitución", sino que lo problemático es "el retorno a la judicatura sin ningún tipo de prevenciones y, sobre todo, sin que haya pasado un tiempo entre el cese del cargo público y la reincorporación a la magistratura".

De Alfonso podría juzgar a independentistas

Sobre las conversaciones entre el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña y el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, el portavoz de Jueces para la Democracia afirma que "es lamentable lo que hemos escuchado en las grabaciones", y añade que existe la posibilidad de que haya delito, aunque "eso se tendrá que ver". González también plantea que puede darse la situación en la que "De Alfonso, al volver a la Audiencia Provincial de Barcelona, tenga que juzgar a personas a las que él mismo hacía referencia en las grabaciones", situación que, según el magistrado, se volvería "complicada", sobre todo porque el Poder Judicial "no sólo requiere de jueces responsables e independientes, sino que exige que también deban parecerlo".

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Ante estas posibles situaciones en las que exista una relación directa o indirecta entre el juez y aquellas personas, grupos u organizaciones sobre las que deba dictar sentencia, existen dos figuras jurídicas: la de la abstención y la de recusación. Según señalan González (JpD) y Prado (JFV), estas figuras serían "garantía" de imparcialidad. Sin embargo, el portavoz de Foro Judicial Independiente asegura que la recusación está prevista en la ley "para 14 casos concretos, como tener una relación familiar con la persona a juzgar", pero para ninguna que se derive de "haber pertenecido a un partido político o haber desempeñado alguna función en un cargo de confianza".

"La Audiencia Nacional sentó un precedente legal al admitir la recusación de Concepción Espejel y Enrique López en el enjuiciamiento de la trama Gürtel, aunque esta recusación se basa en [jurisprudencia de] el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial", concluye Gallardo.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura pide la derogación de la reforma de 2011 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "el daño que causa a la imagen de la justicia" y por crear la apariencia de un sistema permisivo", concluye.