Ana Miranda: “El Estado no sólo no escuchó a las víctimas de Angrois, sino que las silenció”

El informe de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE) es concluyente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de investigar el accidente de tren en Angrois (A Coruña), que se cobró la vida de 80 personas, no fue independiente. El Ministerio de Fomento nombró a la comisión, algo que va en contra de la normativa europea.

Ana Miranda, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Bruselas, fue la encargada de llevar a la Unión Europea este asunto. Ante la conclusión de la CIAF, que culpa de la tragedia exclusivamente al maquinista, y ante la negativa del Parlamento gallego y del nacional para abrir una comisión de investigación parlamentaria, las plataformas de víctimas del accidente y Ana Miranda decidieron acudir a las instituciones europeas, que, con el informe publicado el jueves, han abierto la puerta para realizar una nueva investigación. 

El informe emitido por la Agencia Ferroviaria Europea se prorrogó hasta en tres ocasiones, aplazándose, en la última prórroga, hasta después de las elecciones del 26J. Finalmente, el documento concluyó que no se habían tenido en cuenta las "causas subyacentes", más allá del "error humano" del maquinista. 

PREGUNTA: ¿Ha sido dura la batalla por conseguir la realización del informe?

RESPUESTA: Sin duda. Las víctimas llevan mucho tiempo siendo silenciadas. Ni el Parlamento gallego ni el nacional quisieron abrir una investigación del accidente. En el Estado nadie nos apoyó, por lo que resultaba muy difícil explicar una versión alternativa a la oficial. El aparato estatal tiene capacidad y recursos en comunicación, gabinetes, poder…, lo que hace que el asunto se convirtiese en una lucha entre una hormiga y un elefante.

P: ¿Cuál ha sido el principal obstáculo a la hora de hacer público el informe?

R: El único obstáculo, en realidad, fue la larga espera que se produjo con los tres aplazamientos de la publicación del informe. Tuvimos la primera reunión en noviembre de 2015, unos meses después de que Bruselas hubiera valorado, sin destacar incidentes ni infracciones, la investigación y conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y sin que en ese momento se hablara de falta de independencia. Cuando Bruselas aceptó nuestra petición y se comprometió a realizar el informe, la primera fecha de publicación que se nos dio fue febrero. Cuando solicitamos el informe, nos dijeron que había que aplazarlo hasta abril; y cuando llegó la nueva fecha, nos dijeron que finalmente podríamos conocerlo el 15 de junio. La mayor decepción llegó cuando, en junio, volvieron a aplazarlo hasta el 17. No podíamos creerlo. En abril, concretamente, tuvimos que presentar dos recursos –uno por parte de las víctimas y otro del BNG– ante la Comisión de Transparencia para hacer ejercer presión y que no se siguieran dilatando los plazos.

P: ¿A qué cree que se debieron los sucesivos aplazamientos?

R: Yo puedo intuir que había un cierto interés por parte del Gobierno en que no se conociera el informe antes de la celebración de las elecciones del 26J; pero eso me lo dice la lógica. Lo que sé con certeza es la justificación que nos daban en Europa cada vez que lo prorrogaban. En ese momento, había un procedimiento de infracción abierto por parte de la Agencia Ferroviaria Europea a España, y estoy segura de que el Ministerio de Fomento y la CIAF dilataron y ampliaron los plazos todo lo posible para retrasar la publicación del informe, ya que, desde Bruselas nos decían que no lo podían hacer público para que no afectase al expediente abierto. De todas formas, es increíble que un documento con información de este tipo, la cual hace referencia a uno de los mayores accidentes ferroviarios de España, no pudiera ser público por un tema de procedimiento jurídico y burocracia. Sin duda, hay mucho que mejorar en ese sentido.

P: ¿Hay diferencias entre el trato recibido por parte de las instituciones españolas y las europeas?

R: No hay diferencias, hay un mundo. En España no sólo no se escuchó a las víctimas, sino que se las silenció. La reunión que mantuvimos en Europa con altos cargos de Seguridad fue bilateral. En España, una reunión con un ministro es un acto de pleitesía. Aquí no estamos acostumbrados a que una queja ciudadana, no solo sea escuchada, sino que tenga éxito y pueda revertir una situación. La Agencia Ferroviaria Europea actuó con imparcialidad, responsabilidad y profesionalidad. Quizá no nos hemos parado a pensar con suficiente atención, pero el informe que elaboran es demoledor; se acusa a una comisión de investigación de no ser independiente del poder político y las instituciones y se reconoce que la versión de las víctimas no se tuvo en cuenta. Las víctimas se vieron obligadas a acudir a las instituciones europeas para ser escuchadas, y eso no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad.

P: ¿En algún momento llegó a pensar que no se llegaría a publicar el informe?

R: Al contrario. Al conocer la maquinaria europea –llevo lo mío en las instituciones europeas– sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Es cierto que aún estoy sorprendida con el contenido, y que no me esperaba un informe tan impecable. No solo se da la razón a las víctimas, sino que lo hacen expertos en seguridad ferroviaria imparciales. Nosotros, en la primera reunión que tuvimos, dejamos claro que aceptaríamos el resultado, fuera cual fuese, y lo seguimos manteniendo para futuras investigaciones, siempre que sean imparciales.

P: A parte del resultado de la investigación y del documento en sí, ¿cuáles cree que fueron las claves para que Bruselas aceptara hacer el informe?

R: La insistencia tiene mucho que ver, no conformarse con algo que consideras injusto. El hecho de que las víctimas llevaran la razón, de que su causa fuera justa, fue el punto fuerte, porque si tu causa es justa, en ocasiones, te dotas de mucha credibilidad. También el contacto entre los altos cargos en seguridad ferroviaria europeos y las víctimas fue un elemento esencial; y no hablo de utilizar argumentos sentimentales, sino de poder ver la fuerza y justicia de la lucha. Desde la primera reunión hubo compromiso, y eso es porque convencimos.

P: ¿El informe llega demasiado tarde?

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R: En absoluto. Nos hubiese gustado que se publicara mucho antes, por supuesto, pero ahora nos encontramos con la oportunidad de reabrir la investigación. La Agencia Ferroviaria Europea está diciendo que no ha habido independencia en la investigación. Lo más importante ahora, una vez publicado el informe, no es solo que se reabra la investigación, sino que sea neutral, como lo han sido las instituciones europeas. El Estado fue, en todo momento, un elemento negativo. Las puertas giratorias contaminan todo el sistema, y algunos miembros de la CIAF antes fueron cargos en Renfe y Adif. Si sumamos esto a la negativa de abrir una comisión de investigación parlamentaria, la sustitución del juez en la investigación, la inculpación inmediata y exclusiva del maquinista… son muchos elementos que enturbiaron la investigación.

P: Feijóo defendió este viernes a la ministra de Fomento, Ana Pastor, argumentando que en el momento de poner en funcionamiento la vía el PP estaba en la oposición. ¿Cree que el PSOE también tiene responsabilidad?

R: El PSOE tiene su parte de responsabilidad, en el sentido de que también se opuso a abrir una comisión de investigación parlamentaria, pero lo que dijo Feijóo no tiene sentido. Según el razonamiento del presidente de la Xunta, los trenes, vías y cualquier infraestructura relacionada con la movilidad, donde un fallo puede matar a personas, no se revisan de forma continua. Eso no se lo cree nadie, y si es así, también tiene responsabilidad por no haber solucionado los posibles fallos del Ejecutivo anterior. Estamos en el siglo XXI, y no se puede dejar un tren de alta velocidad exclusivamente en las manos de una persona, por eso existen tecnologías que actúan como sistemas complementarios para evitar este tipo de accidentes.