La Intervención del Estado destapa la falta de control del FROB sobre sus cuentas bancarias y los contratos que adjudica

El primer informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) para fiscalizar la política de personal, contratación y tesorería del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ofrece conclusiones poco aleccionadoras para el organismo encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. Sus mecanismos de control interno son “insuficientes”, carece de un registro de todos los contratos que adjudica y firma –además incumple la normativa que los regula– y la información económico-financiera que se deduce de la contabilidad “se elabora con bastante retraso y, sobre todo, no se utiliza”. El FROB, advierte el documento, ni siquiera tiene un “conocimiento puntual” de las cuentas bancarias de las que es titular.

Creado en 2009, tres años después el FROB pasó a gestionar la restructuración de las cajas de ahorro nacionalizadas –Bankia, Catalunya Banc y Novacaixagalicia– y de las que recibieron inyecciones de capital público –Banco Mare Nostrum (BMN), CEISS, Liberbank y Caja 3–. Cambió su naturaleza jurídica, su modelo de funcionamiento y de sede, también amplió plantilla. Si hasta entonces su actividad sólo había sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, desde ese momento se añadió el control financiero permanente de la Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Economía.

Ese primer informe que elaboró la IGAE y al que ha tenido acceso infoLibre, revisa la gestión del FROB durante 2012 y parte de 2013; fue entregado en mayo de 2014. Comienza el interventor quejándose de las “importantes” limitaciones a su función de control que ha sufrido. “Van desde la dificultad para disponer de los medios materiales” para hacer su trabajo, explica, hasta “el establecimiento de filtros permanentes a la hora de remitir la información solicitada”. “Pero sin duda las [limitaciones] más importantes y preocupantes son las derivadas de la falta de procedimientos de gestión y control interno de la entidad”, resalta.

Poderes “dispersos e inadecuados”

Así, la IGAE concluye que los poderes y delegación de competencias están “dispersos” e incluso en algún caso “se ejercen sin que exista un acto formal de otorgamiento”. “En general”, abunda, “se puede considerar que son inadecuados”. Esta carencia intentó ser subsanada en agosto de 2013 con una serie de “acuerdos” que supusieron un “avance significativo”, reconoce el informe, pero que “en algunos supuestos son muy exhaustivos y en otros siguen sin ser claros: su utilización efectiva no se cumple tal y como se han establecido”.

Los interventores se refieren a los representantes del FROB en los consejos de las entidades nacionalizadas. Según revelan, en las actas que otorgan poderes a estas personas no quedan claras cuáles son sus competencias. En el caso de un empleado a quien se encargó “el cumplimiento de las obligaciones fiscales” del organismo, el informe dice que “se desconocía tanto su poder de representación como su relación con el FROB”. En sus alegaciones al documento, la entidad asegura que se trata de un empleado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con el que el organismo suscribió un acuerdo marco en 2009 para prestar “servicios de administración general”, entre ellos, la presentación de los impuestos.

La IGAE descubre un descontrol similar en lo que se refiere a quienes tienen competencia para autorizar gastos y ordenar pagos. En una muestra de contratos que seleccionaron los interventores, encontraron un “incumplimiento sistemático de la normativa”. De ahí que el informe reclame que se apruebe un reglamento de régimen interno, tal y como le exige la ley. En su lugar, sin embargo, “se ha establecido una normativa presupuestaria y de contratación que, por las características de la entidad, o se incumple de forma generalizada o no tiene sentido su aplicación”, lamentan los interventores.

Descontrol en los contratos

En efecto, el descuido se extiende a los contratos. Desde 2009 hasta 2013 el FROB adjudicó un total de 65 contratos de importe superior a los 18.000 euros y 42 por debajo de ese umbral –que permite concederlos sin concurso–. De los 65 contratos mayores, 54 fueron negociados sin publicidad, el 83%. Ocho fueron resueltos mediante contratación directa. Y sólo tres salieron a concurso con un procedimiento público ordinario: limpieza, vigilancia e informática.Es decir, el 95,3% de los contratos fueron adjudicados sin que mediara un concurso público.

Aquí el interventor vuelve a quejarse de los obstáculos que el FROB le puso para conseguir información. A sus peticiones, revela, el organismo le contestó suministrándole “relaciones incompletas en las que se omitían contratos detectados a través de la contabilidad o de los movimientos de las cuentas corrientes”.

El FROB justifica el recurso a los procedimientos negociados y sin publicidad –es decir, cerrados, en los que se invita a un mínimo de tres candidatos– por el hecho de que se trata de contratos de consultoría o asesoría muy específicos que además deben resolverse con “urgencia”. “A raíz de la firma del Memorando de Entendimiento [MoU, el acuerdo con la UE que establece las condiciones del rescate financiero español], todas las actuaciones [del FROB] han estado presididas por la exigencia de plazos exiguos”, argumenta el organismo, “y esto se ha visto reflejado en los procesos de contratación, donde todos los plazos han sido reducidos al mínimo posible”, incluidas algunas fases documentales como reservas de crédito, inicio de expediente y autorizaciones y órdenes de pago.

Precisamente el informe enumera las carencias detectadas en la tramitación de los contratos: no se hace una reserva expresa de crédito presupuestario, ni se autoriza el gasto. Y al no existir, indican los interventores, un registro o base de datos que recoja los contratos, resulta imposible también hacer un seguimiento de su ejecución; es decir, no se sabe si el servicio se ha prestado de acuerdo con las condiciones pactadas.

Por ejemplo, los funcionarios de la IGAE aseguran que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con el despacho Garrigues.

O en el caso del contrato firmado con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que éste se encargara de los servicios de administración general del FROB, los interventores advierten de que se le facturó dos veces por “servicios comunes y específicos” y por “servicios informáticos” entre el 12 y el 31 de diciembre de 2013.

Descontrol de las cuentas bancarias

Pero llama aún más la atención que el informe de la IGAE ponga en evidencia al FROB por la falta de control de sus cuentas bancarias. Según la primera información que el organismo remitió a los interventores, el FROB poseía cuatro cuentas: una en Bankia y otras tres en el Banco de España. Como los funcionarios poseían indicios de que “tenían que existir otra u otras cuentas” a través de las cuales se había canalizado un préstamo del Estado, y después de “insistir”, según apuntan, el FROB les comunicó que poseía dos más en el Banco de España y dos en Caixabank.

El informe achaca al “deficiente control” de las cuentas bancarias las diferencias de 593 millones de euros descubiertas entre la información de tesorería que le fue facilitada a la comisión rectora y los datos reales de contabilidad correspondientes al cuarto trimestre de 2013.

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Finalmente, los interventores tampoco salvan de las críticas a la contabilidad del FROB. Alertan de que no se utiliza como sistema de control ni como mecanismo de información, puesto que los estados contables “no se comunican de forma regular, mensual o trimestral, ni a la comisión rectora ni a ningún otro órgano de la entidad”. Como en sus alegaciones, el FROB asegura que envía cada mes el balance y la cuenta de resultados al Departamento de Estadística del Banco de España y a la propia Intervención General del Estado, el informe tacha de “preocupante” que el organismo “se conforme” con esa remisión. También dice el FROB que manda un informe periódico de gestión al ministro de Economía.

Donde sí coinciden interventor e intervenido es en constatar el considerable retraso con que se aprueban las cuentas anuales. Las de 2012 no le fueron entregadas a los funcionarios de la IGAE hasta julio de 2013 y las de 2013 no llegaron a verlas a la fecha de mayo de 2014 en que se envió su informe definitivo.

Como ejemplo del descontrol contable del FROB, señala el informe lo ocurrido con el consumo de teléfono. Las facturas de Movistar desde febrero de 2013, cuando se instaló el organismo en su sede actual de la Avenida del General Perón de Madrid, quedaron pendientes de registro a lo largo de casi un ejercicio. El motivo fueron las “fuertes discrepancias” sobre las tarifas que aplicaba la compañía operadora. Los interventores afean al FROB que esas “discrepancias”, que tardaron un año en ser corregidas, no fueran “objeto de registro contable” en ningún momento. Movistar estaba cobrando al FROB un 70% de más.