Aragón y Cataluña, a la greña por 97 obras de arte que vendieron sin permiso las monjas de Sijena

Villanueva de Sijena, un pequeño pueblo oscense que no llega al medio millar de habitantes, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre los gobiernos de Aragón y Cataluña. La venta de 97 bienes del monasterio de la localidad a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en tres operaciones realizadas en 1983, 1992 y 1994, ha llevado a ambas administraciones a verse las caras en los tribunales. El Ejecutivo aragonés y el propio municipio oscense reclaman su devolución, alegando que los contratos de compraventa que la Administración catalana y el museo sellaron con la orden sanjuanista son irregulares. Cataluña, por su parte, se resiste.

Sin embargo, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca del 8 de abril de 2015 fue contundente, dando la razón a los demandantes: "Procede declarar la nulidad de pleno derecho de las compraventas por la Generalitat de Cataluña en 1983 y 1992 y por el MNAC de fecha 1994 y que la propiedad de los bienes objeto de dichos contratos es la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena, reintegrándose de este modo al propietario la posesión material y, por lo tanto, el traslado de los bienes". En junio de 2015, se acordó la ejecución de la sentencia. Un conflicto de jurisdicción, planteado por el Ejecutivo catalán con posterioridad, paralizó el proceso. Casi un año después, con la cuestión resuelta, el pasado 4 de julio el mismo juzgado reactivó la ejecución y dio a la Generalitat de plazo hasta el 20 de julio para que comunicase los pormenores del traslado de los bienes.

Los vecinos de la pequeña localidad monegrina vieron el pasado martes cómo un camión blanco se aproximaba al monasterio, rehabilitado para la conservación de las joyas artísticas. "El Monasterio de Sijena está en perfecto estado para conservar estos bienes. El pasado verano se invirtieron 100.000 euros en la reforma de los antiguos dormitorios, que quedaron listos en septiembre de 2015 (la juez llegó a fijar el 25 de septiembre de aquel año como fecha de la devolución). Además, hay ya presupuestadas y licitadas obras en la sala capitular de este mismo monasterio. Costarán unos 300.000 euros y servirán para rehabilitar la sala que albergará las pinturas murales que Cataluña debe devolver", señalan en conversación con infoLibre fuentes de Cultura del Ejecutivo aragonés. Un dinero que ha salido de las arcas públicas.

En el interior del camión, 53 de las 97 piezas reclamadas durante años. En concreto, las piezas de menor valor que habían permanecido hasta el momento en el Museo Nacional de Arte de Cataluña: cubertería, fuentes, escudos, fragmentos de pinturas murales, libros y diversa documentación de la época... Las 44 piezas restantes –entre ellas algunas cajas sepulcrales, como por ejemplo la tumba de la priora de Sijena, sor Francisquina d'Erill–, de mayor valor, siguen en el Museo Diocesano de Lérida, donde en 1970 se trasladaron diversos objetos artísticos ante la necesidad de despejar el monasterio para la realización de unas obras.

La justicia se ha pronunciado de forma categórica. Cataluña tiene que devolver todas y cada una de las 44 piezas compradas en 1983 –valoradas en 10 millones de pesetas (60.000 euros)–, las 12 adquiridas en 1992 –hojas de puerta, escudos y otros elementos decorativos del siglo XIII valorados en 25 millones de pesetas (150.000 euros)– y las 41 compradas en 1994 –pinturas murales del siglo XVI y XVIII, entre otras, con un valor, según recoge la sentencia de abril de 2015, de 14,8 millones de pesetas (más de 89.000 euros). La valoración total del conjunto de bienes roza los 300.000 euros.

Operaciones de compraventa ilegales

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, después de analizar toda la documentación aportada por ambas partes, concluyó que las tres operaciones de compraventa entre la orden sanjuanista y la Administración y museo catalanes no se hicieron conforme a la legalidad vigente.

El monasterio fue fundado en 1188 por la reina Doña Sancha, esposa del rey de Aragón Alfonso II. Ya entrado el siglo XIX, la decadencia llevó a las monjas a vender parte del patrimonio artístico, principalmente algunos retablos, lo que hizo saltar las alarmas en la Comisión de Monumentos de Huesca, que inició el expediente en mayo de 1920 para que la construcción fuese catalogada como Monumento Nacional. Una distinción que se le concedió en 1923: "S.M el REY ha tenido a bien disponer se declare monumento nacional el Real Monasterio de Sijena sito en el término de Villanueva de Sijena en la provincia de Huesca, quedando desde el momento de tal declaración bajo la tutela del Estado".

"Estamos ante lo que la legislación denomina hoy un Bien de Interés Cultural. Y cuando en 1923 se produjo la declaración, ésta recayó sobre el inmueble con todas sus partes integrantes", señala la jueza en la sentencia. Con esta catalogación, recuerda que el Real Decreto sobre el Tesoro Artístico Nacional, en vigor hasta que se aprobó en 1985 la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE), recoge que cualquier venta de estos monumentos o de alguna de sus partes debía haber sido comunicada a la Dirección General de Bellas Artes. 

En el caso de las otras dos ventas, la de 1992 y 1994, ya estaba vigente la LPHE, cuyo artículo 40 recoge: "Quien tratare de enajenar un bien que haya sido declarado de interés cultural (...) deberá notificarlo al órgano de la comunidad autónoma correspondiente encargado del Patrimonio Histórico Español y al Ministerio de Cultura, declarando el precio y las condiciones en que se proponga realizar la enajenación". Y recuerda que con la presente normativa, la catalogación que se hizo en 1923 del monasterio de Sijena pasa a llamarse ahora bien de interés cultural, por lo que es susceptible de que se le aplique el artículo 40.

Una pugna judicial que no termina

La pugna judicial sigue presente. "El Gobierno de Aragón ha pedido en tres ocasiones a la jueza de Huesca que dictó sentencia que utilice las medidas necesarias para que se garantice la ejecución de la sentencia y regresen todas las piezas (las 97)", explican fuentes del Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán. El primer escrito se remitió el 21 de julio, después de que Cataluña rebasase la fecha límite para comunicar el plan de entrega. El segundo se envió el 26, después de que se incumpliese la fecha límite para la devolución. Tras la entrega de una parte de los bienes llegó el tercer escrito, en el que se solicita a la jueza, según detallan fuentes de Cultura del Gobierno de Aragón, "que permita a la Comisión Judicial entrar en el Museo de Lérida" e incautarse de las obras restantes, recabando "la ayuda de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional".

Cataluña se resiste a entregar varias joyas del siglo XV y XVI. Por ello, el pasado viernes la Generalitat presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo que de forma urgente suspenda el auto de ejecución de la sentencia, de forma que quede paralizada la devolución de las obras restantes. El Gobierno catalán argumenta que forman parte "de una colección catalogada y protegida por la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural catalán, y por la Ley 17/1990 de Museos", añadiendo que si la ejecución se hace en los plazos planteados por la jueza se podrían producir "perjuicios irreparables". El recurso se ha presentado después de que la jueza se volviese a pronunciar de forma tajante a través de una providencia, en la que advierte de las consecuencias legales que podría tener para Cataluña no atender el requerimiento. 

El Ejecutivo aragonés exige a la Generalitat que cumpla la totalidad de la sentencia: "Poca legitimidad puede tener una institución que se precia de desacato", señaló el mismo día del traslado de parte de los bienes la consejera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez. "Desde el Gobierno se va a seguir trabajando para que vuelvan estos bienes propiedad de Aragón (como reconoce la sentencia), así como otros en litigio (en concreto, las pinturas de Sijena, sobre las que Aragón tiene ya una sentencia estimatoria y que Cataluña debería devolver). Ahora, corresponde a la jueza decir si va a tomar medidas coercitivas", sentencian desde el departamento dirigido por Pérez. infoLibre trató de recabar, sin éxito, la versión de la Generalitat.

Enfrentamiento político

El caso de los bienes del pueblo oscense ha abierto también un frente político. Así, el Parlament aprobó el pasado 13 de julio, dos semanas antes de la entrega de parte de las joyas históricas, una resolución en la que insta al Govern a adoptar "todas las acciones que sean necesarias" con objetivo de "garantizar que las obras de arte" permanezcan en el MNAC y en el Museo de Lleida, "de forma que continúen formando parte de las colecciones inscritas en el catálogo de patrimonio cultural catalán". Un paso que recibió respuesta dos días después en las Cortes aragonesas, a través de una declaración conjunta respaldada por todos los grupos en la que se pide “defender la independencia del Poder Judicial y rechazar las acusaciones de politización del proceso efectuadas por algunos grupos políticos del Parlamento catalán” y “reivindicar el legítimo derecho de la comunidad autónoma de Aragón y de los aragoneses a defender su patrimonio, su historia y cultura".

El texto catalán fue respaldado por Junts pel Sí, PSC, PP, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP. Los 25 parlamentarios de Ciudadanos se abstuvieron. El aragonés recibió el apoyo de PP, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos y Grupo Mixto (CHA e IU). Opiniones contrapuestas dentro de las mismas formaciones que evidencian una clara división a nivel territorial respecto a los bienes del monasterio. De hecho, PP, PSOE y Podemos han reclamado soluciones opuestas en ambos parlamentos, algo que han criticado desde el partido de Albert Rivera. "El PP de Aragón ha defendido siempre y ha trabajado con todos los medios a su alcance para conseguir la devolución de los bienes religiosos tanto del Monasterio de Sijena como de las parroquias del Aragón Oriental", señaló en su momento la portavoz adjunta de los conservadores en el Parlamento aragonés, María Ángeles Orós.

Llega a Sijena el camión con las 44 piezas procedentes del Museu de Lleida

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También se ha pronunciado al respecto el propio presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, que aseguró, pocos días antes de que la resolución catalana se votase en el Parlament, que le producía "terror" ver cómo dos formaciones constitucionalistas –en referencia a PP y PSC–  estaban "a un paso de la insumisión contra el Estado de derecho" por el texto en el que se llama a desacatar el mandato judicial. Además, confirmó haber mantenido conversaciones con Miquel Iceta, que no quiso desvelar. Sin embargo, los socialistas catalanes apoyaron el texto. Ciudadanos, por su parte, se ha mantenido mostrado partidario de respetar las decisiones judiciales.

Lambán también ha puesto el foco en el Gobierno central, al que acusó hace poco más de dos semanas de secundar "la estrategia de la Generalitat en este asunto", en referencia a una reunión del patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña en la que el Ministerio de Cultura respaldó la decisión del conseller del mismo área de la Generalitat, Santi Vila, de enviar una carta a la jueza para avisarla de que no se podría cumplir con el plazo dado. Algo que el presidente aragonés le afeó por carta al actual jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, el pasado 12 de julio: "Es inadmisible", aseveró, calificándola a continuación de "intolerable complicidad con la estrategia de los que promueven la independencia".

La voz del Gobierno conservador sobre este asunto la puso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, un día después. No mostró un posicionamiento claro. Sólo señaló que esperaba que la devolución de las 53 obras anunciada –que se hizo efectiva el pasado martes– se llevase a cabo "en los mejores términos posibles" y con "la mejor coordinación y colaboración entre administraciones". Cuestionada por el incumplimiento de la sentencia y la posibilidad de que fuera una muestra más de la "desconexión" con España, Sáenz de Santamaría aseguró que la posición del Ejecutivo "siempre ha sido que las resoluciones judiciales y las sentencias se cumplen y obligan a todos". Por el momento, se ha cumplido sólo una parte.