Desigualdades sociales, desigualdades en salud

Está demostrado que los niveles de salud de los países dependen de forma sustancial de su grado de desarrollo, de la distribución de esa riqueza entre el conjunto de su población y de las políticas y servicios que se desarrollen para proteger la salud de las personas. Desde el inicio de la crisis en el año 2008 España se ha convertido en uno de los países de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad social y económica y, también, donde las políticas de protección social han sufrido una mayor regresión: desde las ayudas a los desempleados y desempleadas, a la pobreza, hasta las sanitarias y educativas, todas han sufrido grandes recortes reduciéndose radicalmente su función protectora. Por tanto, no debe sorprendernos que los españoles y españolas sean ahora más pobres y tengan una peor salud que hace diez años, con lo que paradójicamente aumenta la presión en un sistema sanitario público ya mermado.

En esa correlación directa entre desigualdad social y desigualdad en la salud hay factores determinantes que destacan sobre otros, como son el empleo (o la ausencia de él), el género y la vivienda (desahucios). En este sentido, desde el año 2008 se han multiplicado los estudios científicos sobre el impacto del desempleo y de los desahucios en la salud de las personas, sobre todo en Europa y Estados Unidos. En España, contamos con estudios que demuestran que debido a la crisis han aumentado sustancialmente las consultas médicas en los centros de salud de personas con trastornos de salud mental. Esto se asocia al desempleo tanto de las personas como de los familiares con los que se convive. Y el efecto negativo del desempleo en la salud mental se multiplica cuando además las personas están en proceso de desahucio. Las personas en procesos de desahucio se ven sometidas a situaciones asimiladas a las de un shock postraumático: sufren depresión, ansiedad, estrés, trastornos del sueño y alto riesgo de suicidio. Además también afecta su salud física. Estas personas cambian sus estilos de vida, de forma que aumentan su tabaquismo, hacen peor dieta y se hacen más sedentarias.

Las personas sufren durante mucho tiempo, hasta años, esta situación porque tanto el desempleo como los desahucios se han hecho crónicos en nuestro país. Así que se dañan distintos sistemas del organismo humano, como el inmune o el neurohormonal, generando efectos a largo plazo que pueden ser irreversibles. Estas personas están en riesgo de tener mala salud durante el resto de su vida: sufrirán más incidencia de enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, que afectarán a su esperanza de vida, según señala la literatura científica. Por último, la mayoría de las familias en desahucio tienen niños que se convierten, a su vez, en más vulnerables a estos efectos en la salud.

Ocho años han pasado ya desde el inicio de esta crisis, y nada indica que vaya a tener un fin próximo. Es más, nuestra continuidad en la Unión Europea implica al menos una década más de recortes y austeridad: es decir, de empobrecimiento. El desempleo y los desahucios van a continuar, mientras no haya un cambio en las políticas económicas que se han demostrado inútiles, ineficaces y contraproducentes. Es por ello que necesitamos organizar y desarrollar estrategias de emergencia que nos ayuden a proteger la salud de los grupos de población más vulnerables, para evitar en lo posible que al daño económico y social se le añadan daños irreversibles en su salud.

Una de esas medidas de emergencia, como paso necesario –aunque lejos de ser suficiente–, se empezó a caminar hace unas semanas en Andalucía, donde se aprobó por unanimidad una propuesta de Podemos que instaba al Gobierno andaluz a organizar un programa de atención psicosocial a las familias en proceso de desahucio, con especial énfasis en los niños y niñas de estas familias, y un sistema de vigilancia y seguimiento de este colectivo enormemente amplio en Andalucía. Se convierte así el Parlamento andaluz en el primer parlamento que reconoce de forma explícita que los desahucios tienen efectos en la salud. Queda establecida pues la evidencia de los determinantes sociales en la salud, y cómo los servicios sanitarios hacen de llave reguladora de las desigualdades sociales en la población, a través de un efecto multiplicador o amortiguador de la desigualdad dependiendo del grado de acceso que tienen los diferentes grupos sociales al sistema público.

En definitiva, el crecimiento de la brecha social que ha agudizado la crisis en nuestro país a partir de 2008, provocando periodos prolongados de desempleo, de pérdida de ingresos y de la vivienda en los casos de desahucio incide claramente en un empeoramiento de la salud física y mental de la población. Lo que de forma subsidiaria revierte negativamente en una mayor tensión en enfermedades crónicas, un mayor deterioro en la salud mental o un incremento de la dependencia, amenazando la sostenibilidad del sistema. En un sentido totalmente antagónico a las medidas austericidas y de recortes sobre políticas públicas, hay que virar hacia su fortalecimiento para reencontrar el equilibrio y restablecer la garantía de su sostenimiento. Es necesario articular y diseñar, además, políticas públicas en salud no solo centradas en política sanitaria sino también en otro tipo de actuaciones que tienen una influencia central en la salud de manera transversal: vivienda, educación, empleo, servicios sociales, etc., que corrijan en gran medida esas desigualdades sociales que persisten en nuestra sociedad. Con ello no solo mejorará la salud de las clases más desfavorecidas, sino que el propio sistema sanitario público se verá fortalecido en su sostenimiento al aligerarse la presión sobre él, evitando miles de enfermedades crónicas y el consecuente incremento de dependientes.

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Juan Antonio Gil

de los Santos es ecomomista,

La revista 'The Lancet' advierte de que la pobreza es un factor de riesgo para la salud

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diputado autonómico y portavoz del

Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía.

Antonio Daponte Codina es médico, investigador del proyecto Desahucio y Salud y miembro del Círculo de Salud de Podemos.