Los otros ‘recolocados de oro’ por el Gobierno de Rajoy

"El candidato propuesto es José Manuel Soria, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico comercial y economista del Estado". Así, casi con nocturnidad y por la puerta de atrás, el Ministerio de Economía anunció el pasado viernes –nada más finalizar la segunda votación de investidura que confirmó el fracaso de Rajoy– que el extitular de Industria, que abandonó el cargo tras aparecer en los papeles de Panamá y descubrirse su vinculación con otra sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey, era la persona designada por el Gobierno como candidato para cubrir el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial para el periodo comprendido entre noviembre de este año y octubre de 2018.

La decisión, que según sostienen fuentes del Gobierno tiene como máximo responsable al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha gustado ni dentro del propio PP, tal y como quedó patente este sábado con las declaraciones que barones territoriales y dirigentes conservadores hicieron a la entrada del Comité Ejecutivo Nacional. "Mi opinión política de Soria es manifiestamente mejorable", apuntó el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Su número dos, Rosa Valdeón, también expresó en Twitter nada más conocerse la noticia la "vergüenza ajena" que le producía la designación de Soria. 

Los partidos de la oposición, por su parte, criticaron que al exministro de Economía se le premie con un puesto que en 2015 escondía un salario de 226.000 euros al año, libres de impuestos. Por eso, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Economía para que dé explicaciones. Las dos primeras formaciones registraron este sábado una petición de comparecencia de De Guindos en pleno extraordinario. Sin embargo, el movimiento a favor de Soria no es el único que se ha producido con Mariano Rajoy en La Moncloa. 

Wert se marcha a París

Algo más de un año antes, en la tarde del viernes 31 de julio, en plena Operación Salida, el último Consejo de Ministros del curso político aprobó el nombramiento del extitular de Educación José Ignacio Wert –que había sido sustituido en el cargo por Íñigo Méndez de Vigo un mes antes en la tan esperada remodelación del Gobierno– como jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un nombramiento que defendió la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría: "La OCDE es una embajada que generalmente ha tenido exministros y personas que se han dedicado a la política", deslizó durante una entrevista en la Ser.

La decisión del Gobierno, como en el caso de Soria, provocó las críticas de la oposición. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, pidió la comparecencia en el Congreso de los Diputados del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y del propio Wert, que abandonó el barco siendo el ministro peor valorado y el artífice, en palabras de Hernando, de dejar la educación española "destrozada" y de aprobar una ley, la conocida como Ley Wert, "que se ha demostrado que es inaplicable". 

También cargó contra el Ejecutivo conservador la Junta de la Asociación de Diplomáticos Españoles (JADE): "Embajador por amor debería ser una película de Hollywood y no una realidad de la Administración española", señalaron en un comunicado. Los diplomáticos hacían así referencia al hecho de que la exnúmero dos de Educación y esposa del exministro, Montserrat Gomendio, también estaba destinada en París trabajando para este organismo desde hacía tres meses, después de que abandonase su cargo en el ministerio al ser fichada por la OCDE para ocupar el puesto de directora general adjunta de Educación y Habilidades.

Ana Mato, recolocada tras su implicación en la 'Gürtel'

El Partido Popular también ha dado otra oportunidad a la exministra de Sanidad Ana Mato. Casi un año y medio después de que la exdirigente del PP, que el pasado mes de agosto pidió su baja en el Comité Ejecutivo de la formación conservadora, dimitiese tras ser imputada en relación con la trama Gürteltrama Gürtel, la delegación conservadora en el Parlamento Europeo anunció que haría un hueco a la exministra, que logró sobrevivir a las investigaciones iniciales del caso y a la crisis del ébola, en el nuevo foro Universidad Europea que empezaría a funcionar este mes de septiembre. Ocupará el cargo de directora.

La exministra siempre ha estado en el punto de mira por la relación de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, con la trama Gürtel. Sin embargo, el golpe definitivo lo propinó en noviembre de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al considerar a Mato partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudo haber obtenido por los delitos atribuidos a Sepúlveda. En el momento de los hechos, sostenía el juez, “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, según hace constar el juez en una tabla con cuantías y conceptos. Mato sigue pendiente de juicio.

Arístegui, de embajador en la India a investigado

La carrera de Gustavo de Arístegui como embajador también se la llevó por delante un escándalo de corrupción destapado en diciembre de 2015. El que hasta ese momento estaba ejerciendo su cargo como embajador de España en India, se vio obligado a dimitir después de que trascendiese que tanto él como el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna habrían cobrado comisiones millonarias a cambio de conseguir contratos de obra pública en el extranjero para principalmente empresas españolas. Así, con el objetivo de "no perjudicar ni al Gobierno ni a su presidente" en plena campaña electoral, decidió dar un paso atrás, no sin antes asegurar que era víctima de una "campaña de destrucción".

Cuatro meses después de aquella carta remitida al ministro de Asuntos Exteriores, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó a ambos. El diplomático se negó a declarar el pasado 6 de mayo. Mientras tanto, el juez continúa investigando presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización o grupo criminal. El pasado viernes, prestó declaración ante De la Mata, en calidad de imputado, el empresario que cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación. Según aseguró José Faya, Luis Bárcenas era cliente del despacho de intereses que regentaban Arístegui y Gómez de la Serna.

Trillo, premiado en Londres a pesar del escándalo del 'Yak-42'

Sólo habían transcurrido dos meses desde las elecciones que sacaron a José Luis Rodríguez Zapatero de La Moncloa cuando el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, trató de ganarse al cuerpo diplomático anunciando que pondría fin a los embajadores políticos. El titular de la cartera fue tajante el 28 de diciembre de 2011: estos puestos están reservados para diplomáticos "salvo circunstancias excepcionales". El exministro de Defensa Federico Trillo fue una de esas excepciones y, en marzo de 2012, fue nombrado nuevo embajador de España en el Reino Unido.

La decisión fue duramente criticada por las familias de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42: “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, lamentaron. Aunque Trillo es considerado responsable político de las falsas identificaciones del accidente militar, no fue imputado en ninguno de los tres procesos judiciales que se abrieron en España tras la tragedia. Sí que declaró ante el juez Grande-Marlaska en 2008 como testigo, asegurando que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del avión, que no reunía las condiciones necesarias para volar y que causó una de las mayores tragedias del Ejército español en tiempos de paz.

El PP sostiene que la propuesta de Soria para el Banco Mundial no afecta a la regeneración

Ver más

Rodrigo Rato: del "milagro español" al banquillo 

El retiro del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, también comenzó siendo dorado. El "artífice del milagro español", como le definían sus propios compañeros de partido, fue nombrado en 2010 presidente de Caja Madrid después de una dura batalla entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Rato era la apuesta personal de Mariano Rajoy para cubrir el puesto. El expresidente madrileño Ignacio González, la de Aguirre. Finalmente, el actual presidente del Gobierno en funciones, entonces líder dela oposición, se impuso y el exdirector general del FMI tomó las riendas de lo que después se convertiría en Bankia.

Todo parecía marchar bien al prinicipio. En verano de 2011, Rato agitó sonriente la campanita que indicaba la salida a Bolsa de Bankia. Pero en 2015, todo se empezó a torcer y el exvicepresidente del Gobierno comenzó a ser investigado por su nefasta gestión al frente de la entidad financiera. Y el calvario judicial continuará durante los próximos meses. El 8 de septiembre deberá declarar de nuevo como imputado por las operaciones relacionadas con la gestión de Bankia. Veinte días más tarde empezará el juicio por las tarjetas black, donde se sentará en el banquillo. Al exdirector general del FMI se le imputan, entre otros, delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, fraude fiscal y falsedad documental por su gestión en Bankia.