Los Carceller negocian con la Fiscalía un pago millonario para eludir la cárcel

Los propietarios del grupo alimentario Damm, Demetrio Carceller Arce y Demetrio Carceller Coll, negocian con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo que evite su ingreso en prisión, ya que afrontan sendas acusaciones de 14 y 48 años de cárcel, respectivamente.

En este sentido, la Cadena Ser ha informado de que la multa a los Carceller que está negociando el Ministerio Público podría superar los 90 millones de euros, lo que supondría una de las mayores de los últimos años. La radio del Grupo Prisa también sostiene que ninguno de los dos ingresará en prisión.

Por su parte, la Fiscalía únicamente ha difundido un escueto comunicado en el que sostiene que en estos momentos se está negociando con las partes, pero que no hay firmado ningún acuerdo, un hecho que podría producirse el próximo jueves.

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En julio de 2014, el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.