Grandes empresarios esquivan el banquillo de los acusados en los casos de corrupción

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de librar de la cárcel a dos de los dueños del grupo alimentario Damm, los Carceller, a cambio del pago de una multa de 93 millones de euros ha puesto de nuevo el foco en el papel de los empresarios en los escándalos de corrupción. En el caso de los papeles de Bárcenas, ninguno de los 23 grandes empresarios acusados por el extesorero del PP de financiar de forma ilegal al partido ha acabado en el banquillo de los acusados.

Las empresas de los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular recibieron más de 12.000 millones entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía remitido al anterior instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

En los casos de las sociedades Constructora Hispánica (Assignia), OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la Udef apreció en el mencionado informe "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo analizado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existía "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que solía coincidir con el de "mayor volumen de contratación". Sin embargo, el único procesado en el caso de la caja B del PP es Gonzalo Urquijo, el arquitecto que rehabilitó la sede nacional del partido presidido por Mariano Rajoy en madrileña calle Génova.

Por el contrario, en el resto de escándalos de corrupción, como la primera etapa de Gürtel (1999-2005), la financiación irregular del PP valenciano, Boadilla del Monte o la visita del papa, los empresarios sí han sido enviados al banquillo. Y en el caso de la financiación irregular del PP de Francisco Camps, al menos tres empresarios han logrado sortear la cárcel tras confesar que financiaron de forma ilegal el partido.

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Contabilidad B del PP

El 15 de julio de 2013, el extesorero del PP Luis Bárcenas fue conducido a la Audiencia Nacional por la Policía para declarar sobre la contabilidad paralela o caja B que mantuvo el partido durante 18 años. Y en su testimonio, tal y como refleja el acta de la declaración, el exsenador del PP por Cantabria identificó a 23 empresarios que supuestamente habrían aportado importantes cantidades de dinero al margen de la contabilidad oficial.

Así, Bárcenas dio el nombre de importantes empresarios españoles como el dueño de Mercadona, Juan Roig, sobre el que llegó a decir: "Visitó al presidente [Mariano Rajoy] y le dijo que quería hacer una ayuda para la campaña. Éste llamó a Álvaro Lapuerta y quedaron en que vendría a vernos. Es el director financiero el que materializa la donación en una única entrega, de 240.000 euros". En los papeles de Bárcenas aparecen dos entregas en B, en 2004 y 2008, que suman 240.000 euros.

Pero el extesorero también aludió a Juan Miguel Villar Mir (OHL), a quien se le atribuían pagos por 530.000 euros. En este caso, el extesorero del PP relató numerosas reuniones con él, pues era amigo personal su predecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, que se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados por demencia sobrevenida.

En los papeles de Bárcenas también se alude a José Mayor Oreja, de FCC, quién habría entregado, según la confesión de Bárcenas, el dinero que aparece en la contabilidad B del PP: un total de 499.078 euros en 2008, año en el que Lapuerta deja de ser tesorero, cediendo el testigo a Bárcenas.

Roig, Villar Mir y Mayor Oreja son, junto al expresidente de Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero, los cuatro nombres más conocidos de una lista relatada por Bárcenas y que se elevó hasta las 23 personas, que completaban Manuel Contreras, José Luis Sánchez, Alfonso García Pozuelo, José Manuel Fernández Rubio, Ramón Aige, Juan Cotino, Pablo Crespo, José Luis Suárez Gutiérrez, Ignacio Ugarteche, Antonio Pinal, Adolfo Sánchez, Rafael Palencia, Antonio Vilella, Ignacio López del Hierro –marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal–, José Antonio Romero Polo, Joaquín Molpeceres, José Luis Moreno, Cecilio Sanz y Lucio Moreno.

En las hojas manuscritas en las que se reflejaba la entrada y salida de dinero en negro del PP, aparecía también el cobro de presuntas cantidades por parte Mariano Rajoy y otros políticos del PP. Todos lo negaron, pero sin embargo los conocidos como papeles de Bárcenas indican que el ahora presidente del Gobierno habría percibido más de 300.000 euros en sobres.

A pesar de que el juez Ruz dio por acreditada la existencia de una caja B en el PP durante casi dos décadas, la instrucción de los papeles de Bárcenas no logró determinar la implicación de los empresarios, y mucho menos que Rajoy y otros políticos del PP cobraran sueldos en negro, y por eso el magistrado justificó el sobreseimiento a "consecuencia de la ausencia, por el momento y a tenor del conjunto de las diligencias", de indicios suficientes para considerar acreditada su participación en los hechos investigados.

En el banquillo de los acusados aparecen, además de los expolíticos Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz, los empresarios dueños de la sociedad Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada de esta sociedad Laura Montero, con la que el PP reconstruyó la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario del supuesto delito fiscal cometido al pagar en negro 1,4 millones de la obra. En este caso, las responsabilidades penales pasaron de largo de los presuntos financiadores de la caja B del partido de Rajoy.

'Caso Gürtel'

En la pieza principal del caso Gürtel, denominada Época I, las responsabilidades penales alcanzan a dos exdirectivos de empresas españolas, que sin embargo no están imputadas como personas jurídicas. Sin embargo, la responsabilidad penal no afecta a los máximos dirigentes de las compañías implicadas.

Los empresarios procesados en Gürtel son los expresidentes de Sufi, Rafael Naranjo Anegón [su acusación ha sido archivada por demencia sobrevenida], y Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo. También están otras personas vinculadas a las empresas de Francisco Correa, como es el caso de Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la red en la Comunidad Valenciana; el cerebro financiero, Luis de Miguel; el gestor de cuentas Antonio Villaverde; la trabajadora Isabel Jordán, y el contable de la organización, Pablo Izquierdo.

Precisamente, Alfonso García-Pozuelo ha sido el primero en confesar al juez José de la Mata que los hechos narrados por la Fiscalía Anticorrupción "son ciertos". García-Pozuelo ya había devuelto 20 millones a Hacienda en 2010. Con todo ello, García-Pozuelo trata de eludir su ingreso en prisión. 

Completan el listado los empresarios Jesús Calvo Soria y Jacobo Gordon; Alicia Mínguez Chacón, Javier Nombela Olmo, Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez, Inmaculada Mostaza Corral y Pablo Ignacio Gallo-Alcántara Criado. Todos ellos están procesados.

La Fiscalía también reclama que el Partido Popular y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados.

FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, la decena de empresarios que serán juzgados eran directivos de las mayores constructoras, caso de Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. El magistrado De la Mata declaró a sus empresas responsables civiles subsidiarias.

Estos empresarios son Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Rafael Martínez Berna, Tomás Martínez Berna, Gabriel Batalla Raigada, Enrique Ortiz —procesado también en el caso Brugal—, José Francisco Bevia García, Enrique Fresquet y Vicente Cotino —sobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino, también procesado en la causa por la visita del papa–.

Precisamente, Alejandro Pons Dols es uno de los empresarios que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales.

Los otros dos empresarios que confesaron también pagos irregulares a la formación política conservadora son Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, y su subordinado José Francisco Beviá. Los tres pretenden, al igual que los Carceller, eludir su ingreso en prisión.

BOADILLA DEL MONTE

En la pieza separada de Boadilla del Monte, considerado el epicentro de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, los empresarios procesados son Gonzalo Naranjo Villalonga, Alfonso García-Pozuelo Asins, José Luis Ulibarri Comerzana, Jacobo Gordon Levenfeld, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa, Javier del Valle Petersefeldt, José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero, estos dos últimos directivos de la constructora Teconsa.

La firma Teconsa obtuvo contratos relacionados con la trama, como la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.

Otro de los presuntos pelotazos de Correa en el municipio es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también procesado, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe policial especifica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras.

Según el juez José de la Mata, "el Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a Sufi (24.901,09 euros), Constructora Hispánica y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247 euros)". La única de estas empresas sobre las que recae la responsabilidad civil subsidiaria es UFC, además del PP, considerado "partícipe a título lucrativo".

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VISITA DEL PAPA

En la pieza separada de Gürtel sobre la visita del anterior papa, Benedicto XVI a Valencia en 2006, han sido procesados también los mencionados directivos de Teconsa José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero, pero también otro de los imputados en Boadilla, considerado como el presunto blanqueador de la trama: Ramón Blanco Balín. Teconsa fue la empresa que se encargó de la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita papal.

Otros empresarios que se sentarán en el banquillo de los acusados, además de los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, son Francisco Javier Arnuncio Perujo, Jacobo Gordon Levenfeld, Alexandra Benesovsky Svobodova, Carlos Ignacio Fragio Díaz, Óscar Fragio Díaz, Noemí Márquez Castellano, y Vicente Torró. En el caso de estos últimos, se trata de los directivos de las sociedades beneficiadas con las irregularidades cometidas por la trama en la visita del pontífice.