El oligopolio permitió a bancos, eléctricas y telecos apuntarse un sobrebeneficio de 200.000 millones la pasada década

Monopolio en España es sinónimo de empresas públicas como Telefónica o Campsa. Nacidas en 1924 y 1927, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, no sólo han sido poderosas, también han despertado el recelo ciudadano. “Cómo Acaparan Millones Primo [de Rivera], [Calvo] Sotelo y [Martínez] Anido” fue el chascarrillo que corría de boca en boca en las primeras décadas del siglo XX para completar las siglas del monopolio de petróleos. En efecto, resultó un magnífico negocio que se prolongó hasta 1992. Los precios de los combustibles los fijaba el Gobierno, mientras la red de gasolineras era de las más reducidas de Europa: en 1985 el número de estaciones de servicio por cada 100 kilómetros cuadrados equivalía a 0,93 en España, pero ascendía a 6,4 en Francia, 8,7 en el Reino Unido, 12 en Italia, 22 en Holanda… En agosto de 1990, en plena guerra del Golfo, el monopolio multiplicó por cinco sus beneficios respecto al año anterior. Según publicaba entonces la prensa, la compañía estatal, dueña del 90% de las gasolineras, compraba el crudo a las refinerías a 32 pesetas el litro y lo vendía al consumidor a 72 pesetas el gasóleo y 94 la súper. Poco después, a Campsa se la llevó por delante el mismo viento que desmanteló la mayor parte de los monopolios estatales en España y buena parte del mundo.

Desde entonces, prohibidos también por las leyes europeas, los monopolios, entendidos como operadores únicos y exclusivos en un mercado, no existen en España. Pero sí sobreviven posiciones de dominio e inercias oligopólicas que, al restringir la competencia, siguen haciendo pagar un sobreprecio al consumidor. “Ser grande no es necesariamente ser malo”, resume Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y puede ocurrir que en un mercado con múltiples operadores tampoco haya competencia. Incluso la cuota de mercado puede ser “irrelevante” a la hora de determinar si existe monopolio, apunta.

Para detectar esos abusos, la lupa, explica Jiménez, hay que ponerla en la existencia o no de barreras de entrada a ese sector o mercado, en si existe innovación y procesos de concentración y, finalmente, en el precio que paga el consumidor. Además, las empresas con posición de dominio tienen una “especial responsabilidad”, abunda Joan-Ramon Borrell, de la Universitat de Barcelona: ni pueden cerrar el mercado –negarse a vender a alguien– ni pueden cobrar más a unos que a otros sin una razón objetiva.

¿Cumplen estos requisitos el sector energético, financiero, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y por ferrocarril?

Superbeneficios

Un estudio elaborado por Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada para la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha calculado las rentas de oligopolio obtenidas por los bancos, las eléctricas y las empresas de telecomunicaciones en la primera década del siglo. Es decir, la diferencia entre los beneficios de estos tres sectores y el Excedente Bruto Empresarial (EBE), las ganancias del conjunto de la economía, que mide la Contabilidad Nacional. El resultado asciende a 42.622 millones de euros en el caso de los bancos, 82.521 millones en el de las eléctricas y 77.700 millones en el de las telecos. Un total de 202.843 millones de euros en una década, de 2001 a 2009, casi el 20% del PIB.

Por establecer una comparación: el Estado gastó el año pasado en prestaciones de desempleo 20.609 millones de euros. La hucha de las pensiones guarda aún  24.207 milloneshucha. Es decir, los sobrebeneficios de estos tres oligopolios multiplican por 10 esas cifras.

Según el informe, las rentas de oligopolio del sector bancario se dispararon a partir de 2007, con la crisis financiera. La reestructuración forzó las fusiones y restringió la competencia. Sus beneficios se situaron 10 puntos por encima de la media de ganancias del conjunto de la economía. Si las rentas de oligopolio alcanzaban los 2.575 millones en 2006, un año más tarde se triplicaron –7.850 millones– y en 2009 se dispararon hasta los 13.752 millones de euros. Los autores atribuyen esta renta diferencial al “poder de mercado que tienen las entidades financieras, lo que les permite imponer precios (tipos de interés o comisiones) sobre otros agentes económicos, debido en gran medida a las barreras de entrada”. Para crear un banco o para que uno extranjero se instale en territorio nacional, el Banco de España debe autorizarlo. En una entrevista a El País, la directora general de ING, Almudena Román, reconocía recientemente que al banco holandés no le “compensa” pagar la “cara ficha bancaria” que le exige el supervisor para estar registrado como entidad española. Así que rinde cuentas ante el Banco Central de Holanda.

Las rentas de oligopolio de las eléctricas son producto de la “regulación ineficaz” a que están sometidas, continúa el estudio. Los 82.521 millones de “superbeneficios” supusieron un 86,4% en 2008 para este puñado de compañías –los tres gigantes, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, junto a las menores HC Energía y Viesgo–, casi el doble del margen obtenido por el conjunto de la economía ese año –46,6%–. Los autores atribuyen estas cifras y los altos precios de la luz a los costes de moratoria, los costes de transición a la competencia y el déficit de tarifa, las compensaciones que reciben del Estado –del contribuyente–estas empresas.

En el sector de las telecomunicaciones, la desaparición del monopolio estatal de Telefónica –en 1997– tampoco ha abierto mucho más el abanico. La facturación de Movistar, la nueva marca de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, representa el 44,7% del sector. Si se le suman las de los otros dos grandes, Vodafone y Orange, las tres se reparten casi el 80% del mercado. Si se cuentan las líneas, el trío acumula el 94% de las de telefonía fija y de banda ancha; el 83% de las líneas de voz de telefonía móvil y el 85% de las de banda ancha móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al cierre de 2015.

Así, las rentas oligopólicas del sector se elevaron a 11.383 millones de euros en 2009, un margen del 84,7% que, de nuevo, casi duplica la media de la economía nacional.

Sin embargo, Joan Calzada, profesor de la Universitat de Barcelona, cree que, a diferencia de lo ocurrido con la electricidad, la liberalización de la telefonía ha funcionado razonablemente. Aunque reconoce que los precios soportados por el consumidor nacional son aún más altos que los del resto de Europa, señala que los cambios tecnológicos han potenciado las nuevas entradas en el mercado, algo que no puede decirse del sector eléctrico. Pese a ello, Calzada echa en falta más operadores. En España hay menos que en otros países de la UE “y sólo con que llegara uno más, se notaría”. “Un oligopolio clarísimo de las eléctricas”

“En España ha habido un oligopolio clarísimo de las eléctricas”. Así de contundente se despachaba en 2013 el excomisario europeo de la Competencia Joaquín Almunia, quien denunciaba también la persistencia en España de “las malas prácticas” a las que estaban acostumbrados los monopolios públicos. Joan-Ramon Borrell protesta por las reuniones que celebran públicamente los sucesivos ministros de Industria con las grandes compañías. “Que las empresas se reúnan y pacten no es legal”, asegura, “porque luego dan al Gobierno un mensaje coordinado que es precisamente lo que la ley intenta impedir”.

“Es un lobby muy fuerte, cierto”lobby, admite Mariano Bacigalupo, exsecretario del consejo de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). También reconoce la existencia de “desequilibrios regulatorios” claros, como el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que ingresan las compañías por la factura de la luz y lo que les cuesta suministrar la electricidad– o la sobrerretribución a determinadas tecnologías como la nuclear o la gran hidráulica. Pero precisa que el sector eléctrico español figura entre los avanzados en liberalización, “mejor que Francia o Italia” y sólo por detrás del Reino Unido en cuanto a número de operadores.

Aun así, Bacigalupo cree que todavía hay “mucho recorrido de mejora en la regulación sectorial, necesaria porque, según destaca, el eléctrico nunca será un mercado con la “suficiente madurez competitiva” como para que sólo se le aplique el derecho de defensa de la competencia.

“Ciertamente aún hoy existe una patología excesiva por la tendencia del Gobierno y del sector a pactar la regulación”, concede el exresponsable de la CNE, “una cultura regulatoria donde se da una interacción demasiado intensa y demasiado opaca”. Aunque ya lejos de lo que ocurría en épocas pasadas, cuando las órdenes ministeriales “se escribían en las empresas, se enviaban por fax al ministerio y se publicaban tal cual en el BOE”, relata. Bacigalupo considera “demasiado de brocha gorda” tachar de oligopolio a las eléctricas, un sector “crítico y sensible” donde tampoco sería razonable legislar “de espaldas a las empresas”. Y que ya cuenta con una regulación sectorial “preventiva” que este profesor de Derecho Administrativo considera “bastante incisiva”.

Sólo hay competencia en el 3,5% de las rutas ferroviarias

Donde el monopolio se resiste a desaparecer con más inercia es quizá en el transporte ferroviario. En 1997 Renfe quedó dividida en dos: el gestor de las infraestructuras, ADIF, y Renfe Operadora, la empresa que explota en exclusiva el transporte de viajeros por ferrocarril en España y casi el 90% del transporte de mercancías. En 2006 se liberalizó este último segmento del negocio. Pero, a día de hoy, sólo siete compañías compiten aquí con Renfe: Acciona, Comsa Rail Transport, ACS, Transfesa, Logitren Ferroviaria, Tracción Rail y Transitia Rail.

Uno de los motivos de esta escasez, según el profesor de la Universidad de Las Palmas Javier Campos Méndez, son los elevados cánones que los operadores privados deben pagar y que pueden llegar a equivaler al 40% de sus costes. Una barrera de entrada que puede calificarse “de manual”. El resultado, según los datos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), es que sólo existe competencia efectiva en menos del 3,5% de las rutas. De hecho, en 2014 la CNMC abrió un expediente sancionador a Renfe por abuso de posición dominante en este segmento que aún no ha cerrado.

En el transporte de viajeros, la entrada de operadores privados en la línea del AVE a Levante, prevista para 2015, ha quedado en suspenso. En cualquier caso, sólo se ofertaba una licencia para un competidor. El Gobierno primero se topó con el escaso interés de las empresas, que se quejaban de los elevados cánones. Y después, con la parálisis sobrevenida de encontrarse en funciones. El pasado enero el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, aplazó a 2020 la liberalización total del transporte por tren.

“El sector ni crece ni es capaz de introducir dinamismo, en buena parte debido a deficiencias institucionales”, concluye Javier Campos en su estudio. Un buen síntoma de ese “poder de mercado” excesivo de Renfe es la falta de transparencia. A diferencia de Aena, operador único aeroportuario privatizado en 2015, Renfe no hace públicos sus datos sobre tráfico de viajeros, que considera información “sensible”.

Aeropuertos que compiten como centros comerciales

En efecto, Aena era otro monopolio público, uno de los que podían considerarse natural, aquél donde la necesidad tanto de inversiones iniciales como de costes de mantenimiento muy elevados hace que un solo competidor opere más eficientemente o que la entrada de nuevos operadores sea imposible. Es lo que ocurre con infraestructuras como la red de alta tensión –que en España gestiona Red Eléctrica Española (REE)– o la red de fibra óptica de Telefónica. También con los aeropuertos y redes ferroviarias. De ahí que, al mismo tiempo, sus propietarios y gestores sean los Estados. En estos casos, España no se distingue de los países de su entorno, casi todos han optado en general por su liberalización y paso a manos privadas.

A juicio de Ofelia Betancor y Mari Paz Espinosa, autoras de un informe sobre el sector publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a los aeropuertos no se les deben aplicar muchos de los principios válidos para los oligopolios. Los denominan “plataformas multilaterales” y el grado de competencia con que operan depende de si existen rivales intermodales –otros medios de transporte–, y de los servicios comerciales que ofrecen. Es lo que ha ocurrido en España con el AVE, que ha obligado a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y a las compañías aéreas a intentar frenar el trasvase de pasajeros a la alta velocidad.

En cuanto al segundo factor, en los aeropuertos más pequeños los ingresos “no aeronáuticos”, los comerciales, tienen más peso que en los de mayor tamaño. En el conjunto de los 46 gestionados por Aena, suponen el 28,1% de su facturación, una cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en torno al 50%, según un informe de Juan Santaló y Pilar Socorro también publicado por Fedea.

Ambos profesores concluyen que los aeropuertos de Aena están sujetos a una “escasa competencia real con otros aeropuertos”. Pero, advierten, sus ingresos comerciales les impulsan a bajar las tarifas para atraer más pasajeros, sufren la presión competitiva de la alta velocidad y, en 13 de ellos, la cuota de mercado de la principal aerolínea es superior al 60%, por lo que su “poder de mercado” disminuye.

Las ayudas públicas a Correos

Correos acumula multas de Competencia por abuso de posición dominante. Suma 24,37 millones en sanciones desde 2004 que, posteriormente, han sido anuladas o recortadas en su mayor parte por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea. Su responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sospecha que el Estado compensa en exceso a la empresa pública por prestar el servicio postal universal: que las cartas lleguen hasta el último pueblo de España. Considerado como un servicio público irrenunciable, no es rentable para ningún operador privado y Correos lo tiene concedido en exclusiva al menos hasta 2025. Bruselas permite que las empresas perciban compensaciones en estos casos por el déficit que les supone hacerse cargo de esa función básica. Pero investiga si las recibidas del Estado por Correos le otorgan ventajas indebidas.

Es lo que opina Asempre, la asociación que aglutina a los competidores postales. También los órganos de defensa de la competencia, que en sus sucesivos expedientes sancionaban a Correos por dificultar la entrada de nuevas empresas y aplicar a sus grandes clientes –los que le contratan servicios postales por más de 100.000 euros al año– mayores descuentos de los que ofrece a los pequeños operadores, obligados a utilizar la red de la empresa pública.

La facturación de Correos –1.766 millones de euros en 2015–multiplica por 10 la de Unipost, su principal competidor. La Audiencia Nacional reconoció que esos descuentos diferentes estrechan los márgenes de las pequeñas empresas, pero como éstas no han sido “expulsadas del mercado”, rechaza que exista el abuso de posición de dominio que tan claramente constató la CNMC.

Después de cuadriplicar sus beneficios en 2014, hasta alcanzar los 193,9 millones de euros, Correos regresó a las pérdidas el año pasado, 34 millones, las mayores desde 2001. El motivo ha sido precisamente el recorte en la aportación del Estado por el servicio público universal, que descendió en 2015 de 518 a 180 millones.

Loterías gana, la ONCE pierde, el Estado la cubre

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En España Loterías del Estado y la ONCE se reparten por ley el mercado del juego. El monopolio estatal de las apuestas se remonta al reinado de Carlos III. En 2011 el Gobierno socialista planeó privatizar el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, después de modificar la Ley del Juego para regularizar las apuestas online y liberalizar el sector. Pero el anuncio apenas duró unos días. El escaso interés de los inversores y el mal comportamiento de los mercados de capitales en plena crisis hicieron recular al Gobierno para no “malvender” la sociedad, que sólo el año pasado le reportó unos dividendos de 1.556 millones de euros, un 32% más que en 2014. El último ejercicio la sociedad cerró con unos beneficios de 1.778 millones, un 30% más que el anterior. Gestiona la Lotería Nacional, la Lotería Primitiva, los Euromillones y las apuestas deportivas (quiniela e hípicas).

Por el contrario, la ONCE, configurada como una corporación de derecho público de carácter social, pierde mucho dinero cada año. En 2015, 26,22 millones de euros. En 2013 sus números rojos alcanzaron los 87,5 millones. Pero un acuerdo firmado con el Gobierno en 2004 y renovado en 2011, permite a la ONCE cubrir sus pérdidas gracias a una “asignación financiera” del Estado que el Consejo de Ministros aprueba cada año. En el caso de que la ONCE no alcance los objetivos de venta aprobados por el Gobierno, Loterías y Apuestas del Estado le paga, con cargo a los resultados del Euromillones, una cantidad que en 2010 ascendió a 64,5 millones de euros y en 2011 a 88,4 millones, más otros 8,7 de asignación adicional. Así se cubrieron las pérdidas de la organización de ciegos registradas en 2008 y 2009.

Pese a una relación en apariencia tan amistosa, Gobierno y ONCE llegaron a los tribunales por culpa de esa asignación. El Consejo de Ministros acordó en diciembre de 2012 exigir a la organización de ciegos que devolviera 31 millones de euros. La ONCE recurrió y el Supremo falló a su favor en abril de 2014. En total, la organización de ciegos reclamaba el abono de 13 millones de asignación financiera ordinaria y otros 11,5 millones de euros de asignación adicional. En virtud del último acuerdo suscrito, el Estado seguirá cubriendo las pérdidas de la ONCE al menos hasta 2021.