Moral Santín defiende que nunca se le pidió que justificara los gastos de las ‘black’

El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín ha asegurado que las tarjetas black por cuyo uso presuntamente fraudulento se sientan en el banquillo 65 exaltos cargos y directivos de la entidad y Bankia, fueron entregadas para utilizarlas "sin justificación" y ha calificado de "error" referirse a ellas como una "retribución" porque en realidad era un medio de pago.

Moral Santín, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y multa de 81.000 euros por el uso que hizo de su plástico, ha respondido al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón que estas tarjetas no aparecían en las actas de retribuciones de la entidad porque no son un concepto retributivo y la normativa no requiere que se identifiquen los medios de pago.

"De lo que hay que hablar es de si las remuneraciones, especialmente las hechas a través de la tarjeta, estaban fiscalizadas y sometidas a los procedimientos normativos de la empresa. Pero es un error entenderlas como retribución porque es un medio de pago", ha dicho y ha precisado que es compatible el sistema de incentivos (como las remuneraciones) con las retribuciones.

El exdiputado de Izquierda Unida ha expuesto ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que esta práctica –por la que se les acusa de delitos de apropiación indebida y administración desleal– nació en 1988 por un acuerdo de la caja para compensar el "esfuerzo y dedicación" de los consejeros de la entidad y cubrir los costes en los que incurrían en el ejercicio de sus funciones.

El expolítico de IU, que ha dicho en varias ocasiones que guarda mucha documentación sobre la causa debido a la dilatación de la misma, nunca se vio obligado a justificar los gastos cargados a su tarjeta, que ascienden a 456.522 euros, de los cuáles más de 300.000 eran retiradas en efectivo de cajeros. Al igual que han manifestado Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Sánchez Barcoj hasta el momento, Moral Santín ha rechazado la prueba pericial presentada por Bankia y que incluye el desglose de gastos efectuados presuntamente con estas tarjetas alegando que no aporta extracto bancario y por tanto no queda acreditado el documento.

El exconsejero ha puesto como ejemplo alguno cargos efectuados "sin saber cómo" en febrero de 2009 y que ascienden a 4.900 euros. "Podría ser de otra persona porque no tiene nada que ver conmigo. Corresponden a restaurantes a los que no he ido en mi vida (...). Yo he hecho extracciones normalmente en la oficina, y aquí me las ponen en reintegro en cajero pero no identifican cual. Eso no puede ser", ha espetado.

Tras las preguntas del fiscal, Moral Santín ha respondido a las de su abogado, a quien ha dicho que la única visa que tuvo nació con Caja Madrid y murió cuando la entidad puso fin a esta práctica en 2011. Así, durante las tres etapas de la entidad (Terceiro, Blesa y Rato) no se produjeron cambios respecto a la operativa de la tarjeta. Los beneficiarios de las black  –entre los que se incluye una nutrida representación de miembros del PP, PSOE e IU además de los sindicatos de UGT y CC.OO y de la patronal como la CEOE–, tampoco recibieron información de los extractos ni tenían acceso a los movimientos, por lo que no podían cotejar la información que estaba en potestad de la caja, según ha explicado.

En sintonía con lo expuesto por su predecesor Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero ha asegurado que el presidente de la entidad era el responsable directo de las tarjetas si bien luego, de acuerdo con el procedimiento vigente, se analizaban sus propuestas en el comité de retribuciones donde debía explicar "cómo se asignaba la masa global". En los 24 años en los que se extendió esta práctica no tuvo indicios de irregularidad alguna por parte de los responsables de los plásticos a los que les profería "confianza absoluta". No obstante, ha precisado que planteó ante la comisión ejecutiva que se reflexionara sobre los devengos que percibían y Terceiro le dijo al respecto que el sistema era "inamovible".

Moral Santín, que se incorporó a Caja Madrid en 1995, ha dicho que era la secretaría general de la entidad la que tenía competencias sobre las black –a las que se cargó un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012– y se ha remitido a un informe elaborado por la misma. También ha dicho no tener conocimiento del famoso correo electrónico entre Enrique de la Torre, secretario del consejo de administración en la época en que Miguel Blesa, y su sucesor en el cargo Jesús Rodrigo, en el que se preguntaba por las remuneraciones de exaltos cargos y directivos y que se envió con copia a Blesa bajo el epígrafe de Confidencial.

Barquero se niega a reconocer los gastos efectuados con su 'black'

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid por Comisiones Obreras, Francisco Baquero, se ha negado a reconocer el desglose de los gastos efectuados con su tarjeta 'black', los cuales ascienden un total de 266.400 euros. Baquero se apoyó en la afirmación de que aparecen cargos que no recuerda haber efectuado.

Ante las preguntas del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de su defensa, el exconsejero ha afirmado que a su llegada a la caja se le otorgó esta tarjeta, que entiende como parte de su remuneración, y desconoce si todos los gastos que se le atribuyen a su plástico fueron efectuados porque no se ofrece detalles de los mismos.

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El exconsejero se ha negado a otorgar veracidad a la hoja Excel que aportó Bankia como prueba pericial y que recoge los 12,5 millones de euros que los 65 encausados cargaron a sus tarjetas entre 2003 y 2012, al igual que hicieron ya Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj y José Antonio Moral Santín. En esta ocasión, alegó que aparecen cargos a restaurantes donde no ha ido en su vida.

Respecto al uso de la visa, Baquero, que se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años de cárcel y una multa de 81.000 euros, ha asegurado que no recuerda si hubo cambios en las cuantías máximas de la 'black'. Lo que sí ha confirmado es que la suya tenía dos límites: uno de carácter mensual y otro anual.

La Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal se encarga de dirimir si los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia cometieron delitos continuados por apropiación indebida y administración desleal por el uso presuntamente fraudulento que hicieron de las tarjetas, que estuvieron vigentes durante 24 años.