Los fondos públicos para investigación en las universidades se reducen un 21% desde 2008

La investigación en las universidades públicas es una de las grandes damnificadas de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe La Universidad española en cifras2014-2015 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que detalla que los fondos públicos para investigación en las universidades se han reducido un 21% entre 2008 y 2014 al pasar de 1.113 millones de euros a 876 (-237 millones de euros). 

Los rectores ponen de manifiesto, además, que los sistemas universitarios con mayor capacidad investigadora son los que presentan mayores "retrocesos" en su financiación. El documento destaca especialmente el caso de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que han perdido un 43% de los fondos –tanto públicos como privados– que recibían para investigación en el periodo analizado, así como las de Andalucía (-37%), Cataluña (-16%) y la Comunitat Valenciana (-15%). 

El informe destaca que aunque todas las fuentes han visto disminuir su caudal financiero en estos años, las aportaciones procedentes del sector privado han mostrado mayores descensos, hasta del 47% acumulado entre 2008 y 2014 –de 359 millones de euros a 191– sin que puedan observarse, además, cambios de tendencia en 2014. 

No obstante, los autores del documento sí son algo más optimistas respecto a la reactivación de la inversión por parte del sector público, del que destaca que ha sido "más moderado" en sus recortes que el privado. Así, destaca el aumento del 22% en los fondos públicos para investigar registrados entre 2013 y 2014, período en el que la cuantía pasó de 720 millones de euros a 876. 

Caída de la inversión 

En paralelo a estos datos, el documento también alerta de que la inversión de las universidades públicas sigue sin tocar fondo. En este sentido, pone de manifiesto que las cifras de los presupuestos de gastos liquidados por los campus en 2014 marcan un nuevo mínimo en la caída que viene produciéndose desde el inicio de la crisis económica. Y es que los campus públicos funcionaron ese año con 929 millones de euros menos que en 2008, lo que supone un descenso de los gastos liquidados del 41%. 

El 75% de este recorte lo sufrió la inversión material destinada a la construcción y reparación de edificios y a la adquisición de equipamientos, que perdió 694 millones de euros en ese período; y el restante 25% la inversión inmaterial que registra, fundamentalmente, los gastos directos de la actividad investigadora universitaria. Esta partida perdió en seis años 235 millones de euros. 

Los recursos humanos de las universidades públicas se han visto igualmente afectados por esta caída de la financiación. De hecho, en el período analizado se han destruido más de 7.500 empleos (entre ellos 3.486 profesores e investigadores). Los autores consideran que esta es una "grave pérdida", especialmente porque no ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia. 

No obstante, pese al recorte en medios, la producción científica ha crecido un 54% entre  2008 y 2014, un hecho que los autores del informe atribuyen a la "capacidad" y "determinación" de las universidades por mantener los proyectos y programas de investigación con cargo a los recursos propios generados por los remanentes de la actividad de I+D+i, que en lugar de convertirse en gastos de estructura o destinarse a incentivos para el personal investigador se han dedicado a mantener la actividad investigadora. 

Modelo de becas 

El informe de la CRUE constata también que España se sigue manteniendo entre los cuatro países con el nivel de precios públicos universitarios más altos de la Unión Europea, sólo superada por Reino Unido, Irlanda y Holanda. Una circunstancia que va aparejada a un sistema de becas que los autores definen como "muy insuficiente". De hecho, alertan de que la reforma de las becas que impulsó en 2012 el exministro José Ignacio Wert ha dejado sin beca a 40.000 universitarios y ha reducido las cuantías medias. 

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El Gobierno del PP dio en 2012 un vuelco radical al sistema de ayudas al estudio. En un polémico reglamento añadió criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a la ayuda general. E introdujo un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable que se otorga en función del número de demandantes y del presupuesto.

La consecuencia es que este sistema permite que un mismo estudiante con una renta similar e idénticas notas pueda cobrar cantidades distintas de un curso al siguiente en función del presupuesto disponible. Las partidas anuales destinadas a las becas sufrieron un tijeretazo de treinta millones en 2012 –pasaron de 1.168 millones a 1.138 (-2,6%)– y desde ahí han ido subiendo de forma progresiva hasta los 1.416,5 millones actuales. 

Además, los datos aportados por los rectores evidencian las consecuencias que ha tenido este cambio de modelo en el sistema de ayudas en la igualdad de oportunidades. Así, el informe pone de manifiesto cómo han ganado peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%.