Los fraudes de las cajas rescatadas que el Estado persigue en los tribunales

El Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob), el organismo del Estado responsable de la recapitalización de las cajas de ahorros, persigue en estos momentos a los responsables de 24 pelotazos cometidos en el seno de las entidades restacadas, según desveló esta semana el presidente de este organismo público, Jaime Ponce, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en la que especificó que el organismo que preside ha denunciado 47 actuaciones sospechosas que han supuesto "un perjuicio económico" de 3.587 millones.

Jaime Ponce cuantificó las ayudas concedidas por la Administración pública al sector financiero español: 58.996 millones, entre las ayudas directas aportadas para la recapitalización y las garantías otorgadas en varios procesos. En cualquier caso, hasta ahora sólo se han recuperado 4.837 millones, un 8% del total. El Tribunal de Cuentas casi dobla aquella cifra y asegura que han sido necesarios 107.914 millones de euros.

Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, este organismo dependiente del Ministerio de Economía y del Banco de España ha revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que ha ido asumiendo la propiedad, aunque después haya vendido sus participaciones, como por ejemplo es el caso del Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Catalunya Banc.

Casi la mitad de estas denuncias se encuentran en manos de los tribunales por actividades de las entidades financieras relacionadas "con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas", según especificó Jaime Ponce a los parlamentarios.

1.503 millones de impacto

En marzo, el Frob envió una decena de operaciones a la justicia, con un impacto patrimonial de 1.503 millones, esto es, un 40% de todo el perjuicio calculado de las nacionalizadas.

Asimismo, el Fondo se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo, según aclaró Ponce, bien ante la Fiscalía o mediante las propias entidades durante el periodo que fueron administradas por el Estado. Sin embargo, una portavoz del organismo no ha querido especificar en qué causas concretas está personado. infoLibre hace un recuento de estos casos:

operaciones vinculadas con el Banco de Valencia

El exfiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas llegó a asegurar a infoLibre que el caso Banco de Valencia, compuesto por una pieza principal y una decena de piezas separadas "está dando un trabajo infernal". Lo dijo tras reconocer que ha tenido que asignar a tres fiscales al caso y sus ramificaciones.

La investigación se inició después de que el Frob, una de las entidades que ha tenido que suministrar una parte de los 17.000 millones necesarios para evitar su quiebra, denunciara ocho actuaciones presuntamente ilegales. El fondo estatal de rescate señaló como principal responsable al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que figura en las ocho querellas como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. 

Precisamente, el juez Santiago Pedraz ha acordado el archivo de dos de estas piezas separadas del caso Banco de Valencia. La última de ellas contra Parra y el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer y el empresario Bartolomé Cursach por la presunta comisión de apropiación indebida en la concesión de préstamos a dos empresas del grupo.

Novacaixagalicia Banco

La Audiencia Nacional condenó el 22 de octubre a Julio Fernández Gayoso como excopresidente de Novacaixagalicia, así como a su exdirector general José Luis Pego y al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, en una causa en la que el Frob ejerció la acusación popular.

La Audiencia les condenó a dos años de cárcel por delitos de administración desleal y de apropiación indebida por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones. Sin embargo, ninguno ha ingresado en prisión.

Asimismo, el Frob envió a la Fiscalía nueve operaciones correspondientes a NCG Banco, que podrían suponer un daño estimado de 810 millones. Entre ellas está un crédito de 60 millones que otorgó Caixanova a la inmobiliaria Rivas ACI para la compra de una parcela de 40.000 metros cuadrados en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.

Según el diario económico Expansión, en las denuncias también se incluye la conexión entre Caixa Galicia y la inmobiliaria Astroc, cuyos hechos presuntamente delictivos dejaron un agujero de 300 millones de euros en las cuentas de NCG Banco.

Catalunya Banc

El Frob remitió a la Fiscalía General del Estado 16 operaciones financieras presuntamente delictivas correspondientes a Catalunya Banc (Catalunya Caixa), con un perjuicio estimado de 900 millones, así como un expediente relativo a una cartera de préstamos hipotecarios minoristas concedido por esta entidad.

Además, el Fondo envió a la Fiscalía un expediente relativo a la extinción de contratos de alta dirección correspondientes al periodo 2008- 2009. En aquella época la entidad estaba presidida por el exvicepresidente socialista Narcís SerraNarcís Serra y dirigida por Adolf Todó.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona acabó denunciando a Serra, Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Bankia y Caja Madrid

Por lo que respecta a las operaciones relacionadas con retribuciones de los administradores, el Frob denunció ante los fiscales dos expedientes relativos al grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, o a las cajas que lo formaron. En ambos casos está personado el Frob.

El primero de estos expedientes es el de las tarjetas blackblack, tal y como lo denominó el propio teniente fiscal Alejandro Luzón, que está juzgándose ahora mismo en la Audiencia Nacional con 65 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. El fiscal Luzón les acusa de haberse beneficiado de forma irregular de 12 millones de euros.

El segundo caso denunciado por el Frob sobre Bankia y Caja Madrid ante la Fiscalía está relacionado con sobresueldos e indemnizaciones por parte de directivos de Caja Madrid en el período 2007-2010. Tanto Blesa como su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, declararon por este asunto como investigados ante la jueza de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto. El perjuicio provocado presuntamente por estos sobresueldos, según el Fondo, fue de 14,8 millones.

El organismo presidido por Jaime Ponce también está personado en la pieza principal del caso Bankia,caso Bankia, en la que se juzga a Rodrigo Rato y otros directivos por las irregularidades cometidas en la fusión y posterior salida a bolsa. El agujero de Bankia es, según el Tribunal de Cuentas, de 22.400 millones.

Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) solicitaron tras el rescate bancario a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera. El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la anterior cúpula por estafa, delito societario y falsedad documental.

El agujero dejado por la CAM, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, es el mayor de todos, superando incluso al de Bankia. La CAM ha necesitado 24.000 millones de euros por 22.400 la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri. En estos momentos la entidad de origen valenciano y murciano forma marte del grupo Sabadell.

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Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès

En julio del año pasado el Frob remitió a la Fiscalía General del Estado otras cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedés, con un daño conjunto para el Estado cifrado en 175 millones de euros. Hasta el momento, ninguna de estas denuncias se ha convertido en una querella interpuesta en los juzgados.

El Banco Mare Nostrum (BMN) que conformaron junto a la entidad granadina, las también desaparecidas Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedés precisó un total de 1.645 millones de fondos públicos para evitar su quiebra.