Del pacto educativo a la gestión del IVA cultural, los principales retos del ministro Méndez de Vigo

Iñigo Méndez de Vigo (Tetuán, 1956) revalidó este jueves su puesto de ministro de Educación, Cultura y Deporte con el añadido, además, de la portavocía que hasta ahora controlaba Soraya Sáenz de Santamaría, lo que le hará ser la cara visible del Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ponía así en valor su gestión al frente del departamento en el que sucedió en junio de 2015 a José Ignacio Wert, el que fuera el ministro peor valorado durante toda la legislatura. 

De él heredó una comunidad educativa alzada en armas contra la ley educativa que el PP apoyó en solitario en 2013. Aunque ya ha tenido que soportar varias movilizaciones de protesta de estudiantes, familias y profesores, en el sector admiten que su talante es muy diferente al de su predecesor. Entre sus retos para este mandato estará pacificar estas relaciones si se quiere llegar a un pacto educativo con un consenso real, lo que parece estar entre las prioridades del Ejecutivo.

En material cultural sin duda la gran reivindicación del sector es la bajada del IVA cultural después de que los conservadores lo elevaran hasta el 21% entre protestas generalizadas.  Otras reivindicaciones relevantes son también la creación del anhelado estatuto del artista, la mejora presupuestaria de las ayudas al cine y la puesta en marcha de una ley de mecenazgo. 

infoLibre explica a continuación cuáles son algunos de los principales retos de Méndez de Vigo en materia educativa y cultural: 

La regulación de las reválidas

Sin duda una de las primeras tareas de Méndez de Vigo al frente del gabinete será publicar los contenidos y las características de las reválidas de ESO y Bachillerato. Aunque estas pruebas no tendrán carácter académico hasta que se pueda acordar un nuevo pacto educativo entre las diferentes fuerzas políticas sí se realizarán ya a partir de este curso –como preveía la ley– por lo que el Ministerio tendrá que publicar en los próximos días la orden que las regula. 

Especialmente urgente es la de prueba Bachillerato, pues conformará el 40% de la nota final con la que cada estudiante intentará acceder a la Universidad. Como hasta ahora, el otro 60% procederá de la media del curso. Colectivos de estudiantes, familias y docentes se vienen quejando en los últimos meses de la situación de incertidumbre generada especialmente en relación a esta prueba. 

El calendario fijado por el Ministerio de Educación [consultar en PDF, aquí] prevé que en junio de 2017 más de medio millón de alumnos realicen por primera vez tanto la evaluación final de ESO como la evaluación final de Bachillerato, que es la que estaba pensada para sustituir a la selectividad. Este curso, al ser primero, ninguna de las dos tendría efectos académicos, es decir, no sería necesario superarlas para graduarse. Según este calendario sí estaba previsto que ocurriera así a partir del curso 2017/2018.

A partir de ese año, los alumnos que no aprobaran en 4º de ESO solo podrían matricularse en FP básica y los que no hicieran lo propio con la de 2º de Bachillerato no podrían ir a la Universidad. Si hubieran querido seguir estudiando se habrían tenido que conformar con la FP. Esto cambia con lo anunciado por Rajoy en el debate de investidura, pues las polémicas reválidas se harán, pero no serán necesarias para obtener el título y poder seguir estudiando hasta que haya un nuevo pacto educativo.

Para Ceapa, la organización que representa a 12.000 asociaciones de familias de centros públicos, las reválidas son el paradigma de un modelo pedagógico "arcaico" y basado en una sucesión continua de exámenes que tiene como fin último "impedir a la mayor cantidad posible de alumnado que pueda ejercer el derecho a la educación". Un argumento similar exponen en el Sindicato de Estudiantes, donde defienden que estas reválidas "franquistas" establecen "un triple filtro con el que desechar a miles de jóvenes".

Recortes consolidados 

Esta nueva etapa como portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo la enfrenta también con una comunidad educativa muy beligerante contra las políticas de su jefe, Mariano Rajoy, al que afean muy especialmente el tijeretazo económico que metió al sector educativo al llegar a la Moncloa. Lo cierto es que para este 2016 la partida destinada a educación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue un 12,6% inferior a la de cinco años antes. La partida pasó de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.484 millones para este año, es decir, 359 millones de euros menos.

A juicio de Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, sólo es posible mejorar la calidad educativa invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en los centros, contratando profesores, aumentando los desdobles, acabando con la masificación... "Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP despidiendo a 32.000 profesores, subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor", subraya.

CCOO señala que igual de importante debe ser reintegrar al sistema educativo los más de 43.100 profesionales que ha perdido en estos años –unos 30.000 docentes en la enseñanza pública, 6.000 miembros del personal de servicios educativos y complementarios, más de 4.600 profesoras y profesores universitarios y cerca de 2.500 trabajadoras y trabajadores pertenecientes al personal de administración y servicios de los campus públicos– y reducir de manera decisiva la tasa de precariedad y temporalidad, que en el caso del profesorado de la enseñanza pública no universitaria asciende al 23,5%.

El ansiado pacto educativo 

En este contexto nadie augura que sea fácil alcanzar una de las –según parece–  prioridades en esta segunda etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno: establecer un gran pacto político que dé estabilidad legal al sistema. Es decir, un gran acuerdo de Estado que garantice la buena educación de las futuras generaciones y propicie que no haya grandes cambios legislativos cada vez que hay un nuevo Gobierno.  

Pero la dificultad para el acuerdo tiene su origen en la propia Constitución y en las diferentes posturas desde las que derecha e izquierda han abordado tradicionalmente el tema educativo. De hecho, la ponencia de la Carta Magna llegó a romperse por este asunto. Finalmente, las posturas se acercaron y, tras cesiones de uno y otro bando, se firmó el artículo 27 de esta norma, el único acuerdo de fondo que deja muchos asuntos en el aire y que es el único logrado en toda la historia democrática en esta materia.

La pelea entre escuela pública y privada, las divergencias en el modelo pedagógico y el protagonismo de la religión en las aulas fueron algunos de los factores de conflicto en aquel momento. Y aún hoy, 38 años después, son circunstancias que pueden seguir lastrando la posibilidad de abordar este acuerdo. El exministro socialista Ángel Gabilondo intentó armar entre los años 2009 y 2010 un pacto centrado en solucionar los problemas educativos del país y en el que intentó pasar casi de puntillas por los asuntos que han provocado enfrentamientos ideológicos. Tampoco lo logró de esa forma.

Habrá que ver si Rajoy, que se ha dado para ello un plazo de seis meses, lo consigue en esta ocasión. Por lo pronto, Méndez de Vigo inició el pasado septiembre una ronda de contactos con miembros de la comunidad educativa –familias, sindicatos de docentes, colectivos estudiantiles, rectores, patronales....– para escuchar sus propuestas de cara a lograr un acuerdo en este sentido. La intención era "recabar opiniones, sugerencias e iniciativas" de todos los agentes para trabajar de manera conjunta y lograr ese pacto "con el máximo consenso posible".

El IVA cultural

En materia cultural posiblemente el principal reto de Méndez de Vigo sea modificar el polémico IVA cultural, que en 2012 el Gobierno del PP elevó hasta el 21% entre las protestas de todo el sector. En el acuerdo de investidura que los conservadores suscribieron con Ciudadanos se comprometieron a reducir este impuesto para "los espectáculos en directo". Es decir, para los conciertos, el teatro o la danza. Ese acuerdo, sin embargo, deja fuera al cine. Y tampoco concreta cuál será el nuevo tipo fiscal aplicable a la cultura. 

El Secretario General de la Unión de Actores (sindicato mayoritario de los intérpretes), Iñaki Guevara, dice tener "cierta esperanza" en que en esta nueva legislatura el PP esté dispuesto a cumplir el compromiso que firmó en su pacto con Albert Rivera tras cuatro años "muy difíciles" caracterizados por unas políticas "muy agresivas contra la cultura". Y que el resto de grupos en el Congreso fuercen al Ejecutivo a ampliar esta bajada también para el cine. 

Lo cierto es que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos defienden que los productos culturales pasen de estar gravados al tipo reducido del 10%, por lo que su mayoría absoluta de 188 diputados serviría sobradamente para modificar la Ley 37/1992 del IVA, que además, al ser una norma ordinaria, no necesitaría de mayoría absoluta para ser cambiada. Pero puede no ser tan fácil, pues la Constitución incluye una prerrogativa legal que permite al Ejecutivo vetar enmiendas y proposiciones de ley de la oposición si considera que comportan aumento de gasto o disminución de ingresos. 

Las condiciones de los artistas

Según Iñaki Guevara, de la Unión de Actores, otra reivindicación clave del sector es la del estatuto del artista, que, imitando el modelo francés, propone un régimen especial para creadores y trabajadores culturales que facilite el acceso a la prestación por desempleo, el permiso por maternidad y otras ayudas hoy especialmente difíciles de obtener para ellos. El acuerdo suscrito entre el PP y Ciudadanos hacía una alusión a esta propuesta, aunque sin entrar en detalles. 

El panorama es muy malo: el 65% de los actores no trabaja más de tres meses al año y el 28% de los que se encuentran en el paro no recibe ningún tipo de prestación, según un informe realizado por la sociedad de gestión de intérpretes AISGE. Pueden ser los casos, por ejemplo, de actores que son contratados durante dos meses para representar una obra de teatro, taquilleros que trabaja en festivales o por temporadas o cámaras que participan en un rodaje de seis semanas.

En España, todos ellos deben reunir los mismos requisitos que el resto de empleados para acceder a ciertas ayudas sociales. "No estamos pidiendo ningún privilegio. La cuestión es que las particulares características de nuestro trabajo nos privan de los derechos que tienen la mayor parte de los trabajadores porque la ley está pensada para ellos", dice Guevara.

En Francia, ejemplo europeo en el tema, el Estado trata de equilibrar una situación que reconoce desigual rebajando las condiciones para artistas y técnicos. "Estos asalariados cotizan según unas reglas específicas que tienen como objetivo paliar la precariedad de estos profesionales", explica el Gobierno francés en su página web. La aprobación de este régimen especial en la próxima legislatura supondría, por tanto, un cambio radical en un sector precarizado.

Las ayudas al cine y la ley de mecenazgo 

También estará encima de la mesa en esta legislatura la evolución del sistema de ayudas al cine, que han pasado de ser un pago a posteriori —procedimiento que condujo al fraude de taquilla hecho público en noviembre de 2015— a abonos por proyecto, asignando una cantidad a cada película en función de "criterios objetivos" de la producción y no con base en su funcionamiento comercial.

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Cuando el pasado julio se publicó la resolución con la lista de películas beneficiadas por la subvención del Ministerio de Cultura para el año 2016 [ver en PDF], la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) valoró el nuevo modelo. La queja, sin embargo, fue que la cantidad destinada a estas ayudas alcanzó los 27 millones de euros, cuando en 2014 se habían dedicado 57 millones.

A la cantidad de este año habría que sumarle los 10 millones que faltan por asignar y que se repartirán en una segunda fase sin fecha todavía. Pero, en cualquier caso, no se alcanzaría la cifra de 2014. Además, hay que tener en cuenta que las ayudas están pensadas para que los filmes obtengan el 20% de ellas antes de ponerse a rodar, por lo que ya llegan muy tarde, pues a estas alturas del año muchos han avanzado ya en la producción.

Entre las reivindicaciones de las principales asociaciones del sector (productores, exhibidores, guionistas...) también está la puesta en marcha de una ley de mecenazgo. Esta fue una de las principales propuestas del PP en materia de cultura antes de acceder a la Moncloa en 2011, si bien acabó quedándose en una reforma fiscal.