Las peticiones de las organizaciones civiles para el “diálogo social”

"Convocaré inmediatamente a los interlocutores sociales para compartir nuestros análisis sobre la situación económica y social". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestaba su supuesta intención de "dar un giro y un impulso al diálogo social" de cara a la ahora recién estrenada legislatura. Lo hizo el miércoles 26 de octubre, en la lectura del discurso destinado a solicitar una investidura que finalmente saldría adelante el sábado 29 con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones socialistas. 

Durante los últimos cuatro años, las plataformas sociales han tratado de poner sobre la mesa las demandas más urgentes en respuesta a las políticas del Partido Popular. Las principales organizaciones del país se han reunido con Gobierno y oposición para pergeñar la forma en que sus peticiones podrían dejar de ser una aspiración para pasar a convertirse en una realidad, con resultados rara vez satisfactorios.

El trabajo de las asociaciones se ha visto en ocasiones encallado a consecuencia de los obstáculos impuestos por el equipo de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno proclama ahora su intención de impulsar un diálogo eficaz con los actores de la sociedad civil. ¿Cuáles son las reivindicaciones de las plataformas de cara a la nueva legislatura?

Empleo y derechos laborales

Los principales sindicatos del país, UGT y CCOO, mantienen como prioritarias las demandas que presentaron de forma conjunta en junio de este año.

La línea de salida para impulsar el diálogo social con los sindicatos es la lucha contra el desempleo, basada en la reducción a la mitad de la actual tasa de paro antes del final de la legislatura. Para ello, solicitan un Plan de Choque por el Empleo con medidas específicas que permitan alcanzar los fines planteados.

La derogación de las reformas laborales del 2010 y 2012 son también imprescindibles para "recuperar los derechos laborales arrebatados a los trabajadores". Se trata, según ambos sindicatos, del paso previo "para poder construir después, de manera negociada, un modelo de relaciones laborales más equilibrado y más eficiente".

Con la derogación de las reformas iría además aparejada la supresión de todas las formas de precariedad laboral, como la temporalidad abusiva, los contratos de muy corta duración o las horas extras no pagadas. Promueven, asimismo, el contrato indefinido como norma, una modificación de la normativa legal sobre el despido, especialmente en la definición de las causas objetivas, y la recuperación del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva.

Conviene apuntar que el mismo día de la investidura, en su breve discurso previo a la votación, Rajoy mostró una cara menos amable que 48 horas antes, y advirtió que no estaba dispuesto a "destruir lo construido ni a liquidar las reformas", lo cual viene a ser una negativa rotunda a la derogación de las reformas laborales vigentes.

Los sindicatos exigen un aumento del salario mínimo mediante la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que su valor equivalga al 60% del salario medio neto. Como primer paso, apuestan por establecer un salario de 800 euros con subidas progresivas desde el primer año.

En cuanto a las políticas activas de empleo, tanto UGT como CCOO demandan reforzarlas a través de una dotación presupuestaria correspondiente al 50% del importe que se obtenga anualmente en la lucha contra el fraude fiscal. Piden, asimismo, extender el sistema de protección por desempleo y ampliar los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE), además de recuperar los requisitos que el Plan de Recualificación Profesional (Prepara) tenía antes de entrar en vigor el Real Decreto ley 23/2012. En este sentido, abogan por recuperar el subsidio para mayores de 52 años en las condiciones de acceso y garantías anteriores a la pasada legislatura, y articular mecanismos para que los desempleados de larga duración de más edad puedan alcanzar una pensión de jubilación digna.

Finalmente, juzgan imprescindible el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, revisando el sistema de calificación y declaración de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y eliminando los artículos 20.4, 52.d y 54.f del Estatuto del Trabajador. También piden derogar la normativa de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Ley 35/2014).

Feminismo

Las asociaciones feministas son otra de las piezas fundamentales en el impulso de un diálogo social que busque reparar los efectos de un sistema que aún hoy perpetúa el machismo tradicionalmente imperante en todos los ámbitos de la sociedad.

El primer paso para ello se materializaría en la creación de un Ministerio de Igualdad que compense "la presencia y el impulso que han perdido las políticas de igualdad en la última legislatura", tal y como señala Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Reclama, por ello, "mejor y mayor institucionalización".

Otro paso esencial es, para las agrupaciones de mujeres, un Pacto de Estadoen la lucha contra la violencia machista que vaya más allá de declaraciones, y que impulse espacios reales de relación institucional con la sociedad civil. Ello debe ir acompañado del cumplimiento de las recomendaciones dictadas por el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha frente a la violencia contra las mujeres.

Es necesario, asimismo, trabajar en aspectos como la trata, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las mejoras en la sanidad, en la justicia y en el empleo. En este último campo apuestan por la implantación de políticas de igualdad de las empresas y una distribución económica equilibrada.

Gema Fernández, abogada en Women's Link Worldwide, recuerda además el caso de Ángela González, cuya expareja asesinó a su hija menor después de haber sido denunciado en reiteradas ocasiones. "No se ha hecho nada al respecto desde el Gobierno, de modo que pediremos de forma urgente el acatamiento de las recomendaciones" anunciadas por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Medio ambiente

Las líneas defendidas por las principales plataformas ecologistas son diversas y abarcan un amplio abanico de medidas.

La primera de ellas es la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Así lo defienden el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, y el presidente de WWF, Juan Carlos del Olmo. "La primera demanda tiene que ver con la propia estructura del Gobierno", señala Segura, quien insta un ministerio "independiente y no supeditado a otras políticas". Del Olmo recuerda, además, la petición en su momento de "una vicepresidencia de sostenibilidad", aspiración que de momento los agentes sociales juzgan prácticamente irrealizable.

Las organizaciones ecologistas se proponen caminar hacia una economía ecológica y circular. Es decir, una reconversión ecológica de la economía que evite "el colapso, el desastre y la desigualdad". Para ello, es imprescindible una apuesta por las energías renovables y el abandono de las fósiles, algo que tendría "un potencial enorme" en la creación de I+D y en la generación de actividad económica. La puesta en marcha de las renovables ha de ir aparejada al fin progresivo de energías como el carbón, con el año 2018 como fecha límite. También exigen, las asociaciones, la abolición del decreto de autoconsumo que establece un impuesto al sol, y el desarrollo de una economía circular basada en reducir, reciclar y usar con mayor eficiencia los recursos.

Otra de las patas que conforman la batería de medidas propuestas por las organizaciones es la lucha contra el cambio climático, reducir las emisiones que han aumentado a consecuencia de la apuesta por el frack, y ratificar "urgentemente" el acuerdo de París para "recuperar el tiempo perdido". "Una legislación rigurosa que pueda poner cotos a estos contaminantes", acompañada por una fiscalidad verde que premie los comportamientos respetuosos con el medio ambiente y penalice las actuaciones que generen impacto negativo, sería, a juicio de las plataformas, una buena estrategia a seguir.

Otra de las posturas comunes entre los grupos ecologistas es el firme rechazo al TTIP y al CETA, "que pueden suponer vía de entrada para sustancias químicas prohibidas en Europa".

La protección de la naturaleza y la biodiversidad, por otro lado, se torna imprescindible entre los objetivos de los ecologistas. "Nuestra vida depende de la biodiversidad del planeta, es necesaria una gestión de espacios protegidos, recuperación de especies, y conservación de valores naturales". También en este sentido es fundamental la protección y el desarrollo del medio rural, ya que "no hay políticas para evitar el abandono y despoblamiento del mundo rural".

Finalmente, apuntan a un plan de cierre de las nucleares, al apoyo de la pesca sostenible, y a la derogación de leyes como la de costas, montes y la ley mordaza, "que afecta de lleno" al ecologismo porque "no puede ser que se criminalice la protesta pacífica y se persiga a los activistas por resultar incómodos".

Inmigración y refugiados

Las reivindicaciones en materia de inmigración se centran, a día de hoy, en una cuestión clave: la acogida. No obstante, agrupaciones como Accem van más allá: "La demanda fundamental es que lleguen los refugiados, pero es muy importante que se planifique su integración". De este modo, los medios para la acogida deben ir acompañados de una sostenibilidad del sistema que contemple convivir y coexistir pacíficamente con el resto de la sociedad a largo plazo.

Para ello, además, es igualmente necesaria la puesta en marcha de políticas de sensibilización para "luchar contra los bulos, el rechazo y el incremento de racismo y xenofobia", algo que "ya se está instalando en países europeos".

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) pone en primera línea la urgencia de aprobar el Reglamento que desarrolle la Ley del Asilo, "pendiente desde hace más de siete años".

En cuanto a Europa, las organizaciones apuestan también por un sistema de asilo común europeo que abra vías legales y seguras de acceso y rechace acuerdos como el de Turquía. Esto supone también acciones como el fin de las devoluciones ilegales de personas en las fronteras de Ceuta y Melilla y la eliminación de la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas de nacionalidad siria.

Emigración

Las necesidades de quienes han cruzado las fronteras nacionales también suponen una cuestión imprescindible a la hora de establecer y regular políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida. El colectivo Marea Granate trabaja por conservar los derechos de los españoles residentes en el extranjero, especialmente en lo que al derecho a voto se refiere.

Piden, en primer lugar, una reforma de la ley electoral que suprima el voto rogado, amplíe los plazos de la documentación y de los mecanismos para efectuar los envíos, desarrolle "un verdadero sistema mixto de voto", y ofrezca una alternativa eficaz al sistema postal.

Por otro lado, demandan la implantación de un sistema de inscripción a distancia y de reclamaciones del censo electoral que elimine los problemas de acceso en los consulados. También requieren el establecimiento de una circunscripción exterior que conceda a la emigración "el peso político que le corresponde", así como una adecuada información institucional que derive en una mayor transparencia de los escrutinios y en campañas informativas.

Finalmente, solicitan la adecuación de recursos humanos y tecnológicos proporcional al volumen de personas emigradas.

En cuanto a sanidad, Marea Granate pone sobre la mesa la necesidad de establecer un sistema de Cobertura Sanitaria Universal, acompañado por la derogación del Real Decreto 16/2012, además de la expedición de la Tarjeta Sanitaria Europea, la supresión de los Certificados Sustitutorios Sanitarios, la habilitación de Consejerías de Seguridad Social en el extranjero y el fomento de los convenios bilaterales fuera del territorio de la UE.

Por último, consideran necesario que se dimensione adecuadamente la ola migratoria y que se cubran las necesidades de los migrantes en el exterior, se habiliten planes de retorno adecuados, y se eliminen trabas como la dificultad de cobrar pensiones cuando se ha trabajado en países diferentes.

Memoria histórica

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica, entiende como prioritaria la creación de una Ley de Víctimas del Franquismo "que recoja el reconocimiento jurídico de dichas víctimas y las homologue a otros colectivos de víctimas". En este sentido, Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, reclama que "se acabe con la discriminación de las víctimas del franquismo frente a las del terrorismo".

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Reivindican, asimismo, la puesta en marcha de un censo de víctimas y otro de desaparecidos, que vaya de la mano de una digitalización de los archivos y de un catálogo de obras públicas y privadas hechas "por los esclavos", y al que le siga una reparación adecuada. La represión hacia las mujeres y los homosexuales, además, debe ser objeto de una "investigación profunda" para analizar sus aspectos más opacos.

Por otro lado, los portavoces apuestan por una educación que imparta la historia de la etapa republicana y el franquismo con "mayor rigurosidad", así como el uso de centros de detención y tortura desde un punto de vista museístico y pedagógico.

Finalmente, las asociaciones por la memoria histórica exigen el cumplimiento de las recomendaciones que la ONU y las plataformas de defensa de los derechos humanos llevan realizando desde septiembre del 2014.