Ignacio González acusa al SUP, al comisario Villarejo y a la prensa de provocar su “destrucción”

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero, han enviado un escrito a la titular del Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que investiga la compra del ático de lujo en esta localidad malagueña, en el que aseguran que "la investigación prospectiva" iniciada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) es consecuencia de una "reacción corporativista" después de que al comisario de Policía Agapito Hermes de Dios, uno de sus afiliados, se le incoaran dos expedientes administrativos tras investigar el caso.

Este es el principal motivo por el que el expresidente madrileño del PP reclama el sobreseimiento del caso, pese a reconocer que todavía falta por conocer el resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá y de que llegue la documentación a reclamada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en relación con la presencia del presunto testaferro Rudy Valner en España. 

"En nuestro caso la situación ya excede de los 4 años y hasta el momento lo único probado es que el contenido de la denuncia inicial del SUP era inconcreta, difusa, falta de rigor cuando no falsa y mendaz", especifica el letrado en representación de Ignacio González y su esposa.

Rescisión de contratos

Pero el escrito, de fecha 2 de noviembre, no sólo carga contra el sindicato policial, sino que también critica la actuación de los medios de comunicación: "Es público y notorio que las relaciones político-personales entre algunos diarios y el señor González (El Mundo, El Español, otros periódicos digitales y periodistas adscritos) no eran buenas a consecuencia de distintos motivos: unos relacionados con la rescisión de distintos contratos de publicidad y compra de ejemplares con la Comunidad de Madrid u organismos vinculados y otros de índole política".

Gonzalez sostiene que las informaciones publicadas han sido utilizadas por las acusaciones populares para aportarlas a la causa "como si de pruebas se tratasen. Estas informaciones tendenciosas, a la postre, se han demostrado falsas o especulativas pero han mantenido viva una investigación que, sin perjuicio de su resultado final, han provocado la destrucción profesional y política del señor González", destaca el escrito, que completa que la instrucción se ha mantenido "a golpe de titular periodístico".

Y en definitiva, para el letrado defensor del expresidente madrileño, contra González y su mujer "se ha abierto una causa general inquisitorial con apoyo expreso del propio Juzgado, atemperado tan sólo por el Ministerio Fiscal".

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Pero el escrito carga también contra el comisario José Manuel Villarejo. Y para ello alude a la información publicada por el periodista Javier Ayuso en el diario El País el 10 de marzo de 2015. "En este se analiza su vasto capital inmobiliario y societario que valoran en 16 millones (en otras ocasiones en 20 millones) - a todas luces excesivo para un funcionario público-, su implicación en asuntos de turbio contenido político, sin que conste otras actuaciones profesionales de interés público que aquellas donde se ventilan cuestiones político-económicas de envergadura, lo que enlaza con la descubierta, por injustificada y sospechosa posición económica del funcionario público, que con un sueldo amasó, siempre según el artículo –nunca desmentido- una fortuna inconmensurable". 

También en el apartado del comisario Villarejo, el escrito de González cita a la Asociación Transparencia y Justicia, que está personada como acusación popular, y que según el expresidente madrileño "detrás de la cual parecen enmascararse una parte de las actividades particulares del testigo excomisario Villarejo".

En este sentido, el documento resalta que el secretario de la mencionada asociación, Rafael Redondo Rodríguez, es el abogado personal del excomisario Villarejo "y ambos son partícipes, según el contenido de la citada información, en algunas de las sociedades que aparecen en el artículo periodístico, concretamente en Premium Salud S.L., cuyo administrador único es el señor Redondo Rodríguez, con un capital social de 5.500.000 euros. Esta mercantil, casualmente, tiene intereses hospitalarios en esta ciudad de Estepona, primero a través de Clínica Premium, hoy Clínica Cenyt", completa el escrito de González.