La Constitución se enfrenta a una futura reforma con la cuestión territorial en el punto de mira

Este martes se cumplen 38 años de la ratificación en referéndum de la Constitución española. Han pasado casi cuatro décadas desde que aquel 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron una de las Cartas Magnas más modernas y avanzadas en materia de derechos sociales. No son tantos si se compara, por ejemplo, con la de EEUU, con más de tres siglos a sus espaldas y más de una veintena de enmiendas. Sin embargo, nuestro texto fundamental es uno de los menos reformados de nuestro entorno: en todo este tiempo sólo se han incluido dos modificaciones –en 1992 (en relación con el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales) y en 2011 (la famosa modificación del artículo 135)–. 

En los últimos años se ha pedido con intensidad volver a abrir el melón constitucional para intentar adecuar la Carta Magna al nuevo contexto. La reforma de la Constitución se ha convertido en uno de los asuntos pendientes. Tanto para los partidos –que recogían esta intención en sus programas electorales– como para la ciudadanía. Ya en 2010 el 54,1% de encuestados por el CIS pidió cambiarla frente al 24,7% que apostó por "dejarla como está". Y en 2012, última ocasión en la que el barómetro del instituto público preguntó por esta cuestión, el 51,5% de ciudadanos dijo estar "poco" o "nada" satisfecho con el texto constitucional frente al 37,4% que se sentían "bastante" o "muy" satisfechos.

La reforma es una de las prioridades para el PSOE. Y así lo hizo saber el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, que aseguró el pasado jueves en declaraciones a los medios que es “absolutamente esencial para arreglar problemas de fondo que tiene este país” y que su partido tomará iniciativas en este sentido "en las próximas semanas y meses". Gregorio Cámara, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, avanzó el mismo día que su intención es crear, "con carácter inmediato", una subcomisión de estudio que consulte a expertos, pida informes a lor órganos constitucionales y escuche el punto de vista de las comunidades autónomas.

El PP pide consenso en el punto de partida

Desde el PP aseguran que no cierran la puerta a la reforma de la Carta Magna. Pero añaden que es necesario que exista un consenso amplio antes de dar el paso. Algo que, según recordó la pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional, no parece haberse alcanzado todavía. "Hay que hacer las cosas con cierta solera porque una Constitución no es un reglamento de circulación", señaló la mano derecha de Rajoy, que añadió que todo lo que se haga tiene que ser "para mejorar" y no para abrir debates que luego "no sepamos cómo cerrar".

Para Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, el consenso "tiene que existir en el punto de llegada": "Principalmente porque si se hace una reforma que afecte a las partes especialmente protegidas de la Constitución –Título preliminar, Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II– es necesario que las Cortes la aprueben por mayoría de dos tercios. Pero aunque se trate de reformar las partes no protegidas, es imprescindible una mayoría cualificada", recuerda en conversación con infoLibre. Sin embargo, ese consenso no tiene que existir "necesariamente" en el punto de partida, "donde los desacuerdos son naturales".

En la misma línea se posiciona la constitucionalista Argelia Queralt, que recuerda que por el momento se ha hablado mucho de abrir el melón constitucional pero no se ha hecho "ningún intento serio de ponerse a trabajar en la reforma". "Es necesario empezar una negociación para alcanzar un consenso", apunta. En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, asegura que el argumento que sostiene la formación conservadora no es "convincente". "Cuando empezaron a hablar en 1977 tampoco sabían si iban a conseguir llegar a un acuerdo. Se encontró el consenso porque todos los partidos lo buscaron", añade.

El miedo a que se fuerce un referéndum

Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta en la Cámara baja, a la formación conservadora no le sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta que llegue al Senado, donde sí dispone de la fuerza necesaria. En este sentido, el verdadero temor del PP es que, una vez aprobada la nueva redacción del texto, una décima parte –35 parlamentarios– del Congreso o el Senado pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. Los 67 diputados del Grupo de Podemos son suficientes para arrancar la consulta pública que recoge el artículo 167 de la Constitución Española. 

"Cualquier reforma será sometida a referéndum si lo piden 35 diputados o senadores" independientemente del calado de la modificación, recordó Sáenz de Santamaría a mediados de octubre en una entrevista en 13TV. Y añadió: "Hay que hacer las cosas con mucho sentido común". Más allá de que se someta a ratificación una modificación concreta, lo que quiere evitar a toda costa la formación conservadora es que la campaña de esta consulta se convierta en un plebiscito sobre cuestiones como el régimen del 78 o la forma del Estado.

Queralt sostiene que "no hay que tener miedo a un referéndum". Arbós, por su parte, considera que ese temor es "razonable y fundado" y recuerda que, como en el caso de Italia, existe el riesgo de que la consulta se acabe convirtiendo en una "protesta genérica hacia el gobierno o la clase política" en lugar de en un referéndum sobre medidas concretas de reforma. "Pero ahora de lo que se trata es de gestionar esto", añade el catedrático de Derecho Constitucional, que pide "agarrar el toro por los cuernos" y "afrontar el riesgo como sociedad madura". Incluso deja caer, volviendo a poner como ejemplo el caso de Renzi, que sean las formaciones mayoritarias las que lleven la reforma a una consulta para así poder quitar a Podemos "el argumento de la apelación al pueblo". "Si no, el tema de la reforma constitucional no se va a mover nunca", concluye.

La propuesta de 2006 

La posibilidad de abrir el melón constitucional no es nueva. Desde el PSOE se lleva años poniendo sobre la mesa. De hecho, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno socialista consultó al Consejo de Estado sobre una reforma constitucional en cuatro aspectos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. 

Los constitucionalistas consultados por este diario considerarían escasa que la futura modificación de la Carta Magna se quedase sólo en esos cuatro aspectos. "Serían, a día de hoy, claramente insuficientes", sostiene Presno Linera. "Si se abre tan sólo para eso no sirve de nada", añade Queralt, que cree que hay otros temas mucho más prioritarios que afrontar. Una opinión a la que también se suma Arbós, que pide que los partidos se sienten en una mesa y comiencen a "repasar los capítulos de la Constitución".

Son conscientes de que el contexto político y social es diferente al de 2006 y, en mayor medida, al de 1978. Por eso, consideran necesario que en la futurible reforma de la Carta Magna se ponga el foco sobre temas mucho más actuales. Como la participación ciudadana: "Es fundamental aprobar una reforma para mejorar los instrumentos de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos", asevera el constitucionalista de la Universidad de Oviedo. O como la protección del medio ambiente o los derechos digitales. "Marcar, por ejemplo, hasta donde pueden llegar los Estados en materia de privacidad o de protección de datos", apunta Queralt. Sin embargo, avisa: "Pero sin entrar tampoco en mucha concreción porque son aspectos que cambian muy rápidamente. Que no nos lleve el hacer cosas muy blindadas o detalladas a quedarnos luego obsoletos a los cinco años".

Y, sobre todo, los expertos creen que es necesario prestar atención a los derechos sociales. "Pero tenemos que repensarla de otra manera: la Constitución no puede contener promesas incumplidas", sostiene el catedrático de la Universidad de Barcelona, que considera necesario que se estudie "convertir algunos derechos sociales en derechos fundamentales, como el derecho a la salud". Presno Linera cree que también se podría "incluir una referencia al derecho a poner fin a la propia vida". Todo ello sin olvidar, como recuerda Queralt, la perspectiva de género: "Incorporar, incluso como uno de los valores fundamentales, el reconocimiento de una democracia paritaria", sostiene.

La cuestión territorial

Y, con todos estos temas sobre la mesa, los constitucionalistas ponen el foco en la cuestión territorial, uno de los aspectos sobre los que hay un mayor disenso entre las distintas fuerzas políticas. "Estamos viendo la peor crisis territorial del Estado desde la transición", sostuvo la pasada semana el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, durante la reunión de la Comisión Constitucional en la que compareció la vicepresidenta del Gobierno. Y pidió una comisión para "abordar esa crisis desde las distintas perspectivas y desde los distintos proyectos".

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Sin embargo, los partidos independentistas catalanes ya han anunciado su intención de bajarse del carro de la reforma de la Carta Magna. "No cuenten con Esquerra Republicana. Ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva: ya no estamos en esta línea", aseveró la portavoz de Justicia de ERC ante Sáenz de Santamaría. "Ni Estado descentralizado, ni puñetas", afirmó, por su parte, el portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs. Ante el disenso político, Presno Linera propone que se trate de "manera monográfica aparte" para que "no entorpezca" la aprobación de otras reformas.

Sin embargo, los expertos consultados coinciden en señalar que no tendría sentido meterse en una reforma constitucional en la que no se preste atención a la cuestión territorial. "Sería hipócrita e incluso cínico modificar la Constitución y no tocar uno de los elementos que están generando una mayor tensión institucional y política a día de hoy", apunta Queralt. "Es un asunto urgente. Hay que mover ficha y combinar un debate común entre todas las comunidades autónomas y una política de diálogo en relación con Cataluña", dice Arbós.

Por eso, creen que es necesario debatir sobre el tema de las competencias del Estado y las Comunidades, sobre el sistema de financiación autonómico, preguntarse si tiene futuro el estado de las autonomías o si es necesario cambiar el modelo. "Y reconocer plenamente la descentralización del Estado en la Constitución", apunta Queralt. En este sentido, Arbós considera necesario integrar en la conversación a todas las comunidades autónomas. "Sin duda es uno de los ámbitos en los que puede ser más difícil llegar a acuerdos. Pero lo que está claro es que las discrepancias no se resuelven con la inactividad", sentencia Presno Linera.