Condenados e investigados por la Justicia solicitan subvenciones públicas para impartir cursos a trabajadores

La sombra de la sospecha se ha extendido sobre un sector en principio poco glamuroso y lucrativo como la formación para el empleo. A los casos de fraude de la antigua Forcem (Fundación para la Formación Continua) con que comenzó el nuevo siglo –100 millones de euros en ayudas de la UE– y que obligaron a su reconversión en Fundación Tripartita en 2004, no dejan de sucederse otros. Los cursos de formación de la Junta de Andalucía o el caso Aneri han vuelto a poner las subvenciones a los cursos para empleados y parados en el centro de las sospechas.

El Gobierno elaboró en 2015 una reforma “urgente” del sistema, para aumentar su transparencia y consagrar el principio de “tolerancia cero al fraude”, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Así, se apartó a los sindicatos y la patronal del control y gestión directa de los cursos, que se abrieron a la libre concurrencia. Además, la Fundación Tripartita ha vuelto a cambiar de nombre, rebautizada desde hace sólo unos meses como Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (Fundae).

La convocatoria de este año para la llamada formación de oferta –dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados para que aumenten sus competencias profesionales– suma 250 millones de euros. Ya han presentado solicitudes un total de 884 empresas. Un informe elaborado por CCOO, al que ha tenido acceso infoLibre, ha puesto la lupa sobre algunas de ellas, por sus conexiones societarias o por los problemas judiciales de sus responsables, que este periódico ha verificado y cribado.

Es Fundae, donde están representados tanto la Administración como los sindicatos y la CEOE, la encargada de comprobar si los solicitantes de subvenciones están al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, si el representante legal tiene los poderes suficientes y si las empresas respetan el resto de las condiciones técnicas establecidas en la convocatoria.

Cada entidad solicitante debe estar constituida antes del 1 de enero de 2015 y acreditada en el registro de empresas de formación del SEPE. También debe demostrar que posee solvencia económica para el volumen de subvención que pide. De ahí que deba acreditar un volumen de negocio en formación durante el ejercicio anterior que sea superior a la subvención solicitada. Y para ello tiene que aportar las cuentas anuales. También debe contar con instalaciones adecuadas y, al menos, una persona contratada por cuenta ajena desde el 1 de enero de 2015. Igualmente se le exige que haya realizado acciones formativas durante los 12 meses precedentes, con al menos dos trabajadores en plantilla.

Cada entidad puede pedir un máximo de 4,12 millones de euros y de 2.200 horas lectivas.

Además, los funcionarios verifican si existe contra las empresas algún procedimiento judicial en curso o denuncia, que se analizan con la asesoría jurídica y con el SEPE, explica un portavoz de la fundación. También investigan si los solicitantes cumplen los requisitos para ser beneficiarios establecidos por la Ley General de Subvenciones.

La Ley General de Subvenciones prohíbe conceder ayudas públicas a cualquier persona condenada mediante sentencia firme por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y delito urbanístico. También a empresas en concurso, insolventes o sujetas a intervención judicial. O a las que pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas a las que se hubiera prohibido una subvención.

Pues bien, entre las empresas solicitantes de subvenciones a la formación este año saltan algunos nombres que merecen atención.

Aragón Hills e Iván Losada, condenado por Marsans

Aragón Hills, perteneciente al grupo Fun & Rooms Hotels, ha presentado tres expedientes. Detrás del grupo se encuentra Spanish Business Management, cuyo representante es Andrés Martínez López, amigo personal del último director general de Marsans, Iván Losada. Éste, a su vez mano derecha de Ángel de Cabo, fue condenado junto a éste y al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento de Viajes Marsans.

En concreto, la Audiencia Nacional le impuso en septiembre de 2015 una primera condena de dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, Iván Losada consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal. El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional le condenó a un año más de cárcel por apropiación indebida, así como a una multa de seis euros al día durante seis meses y a pagar una indemnización a Viajes Marsans de 400.000 euros.

Sólo unos meses después de esta segunda condena, el 10 de junio, Losada constituyó con Andrés Martínez López una fundación, Fun Foundation, cuyos fines son “la ayuda a la infancia, atender las necesidades educativas y sanitarias de los menores y promover su integración social”: compra de material escolar, actividades deportivas, promoción de eventos culturales y campañas de difusión.

La sede de la fundación, en la calle Mayor de Castellón, es la misma que tienen el puñado de sociedades que figuran detrás de Fun & Rooms, algunas de las cuales fueron creadas y administradas, o siguen siéndolo, por Iván Losada. Andrés Martínez asegura a infoLibre que Losada es un viejo amigo y, ahora, su empleado. “Trabaja para mí”, explica, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También dice que aprovecha los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector. Pero niega que el gestor de Marsans intervenga en la toma de decisiones o en la administración. “Las tomo yo”, zanja.

Andrés Martínez revela que Hacienda, y hasta la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, le han preguntado por su relación actual con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Las subvenciones que Andrés Martínez ha solicitado a la Fundae son precisamente para impartir cursos en el hotel de Formigal, que él rescató tras permanecer dos años cerrado por orden de la Audiencia Nacional, como parte del entramado de De Cabo. En colaboración con una escuela de hostelería, pretende Martínez López “combatir la estacionalidad del hotel de invierno”, explica, “manteniendo a los trabajadores todo el año”. Sobre la fundación infantil, apunta que Losada intenta así “reparar el daño que hizo a la sociedad”.

'Caso Ojeda'

También ha presentado tres expedientes para recibir subvenciones de formación la Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009, que figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros.

La asociación fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero, hija del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda. Estos dos últimos fueron detenidos el verano de 2014, acusados de crear una red de 36 empresas y 14 asociaciones y fundaciones que recibieron millones en subvenciones pese a que no cumplían los requisitos legales. Los dos socios son José Antonio Cárabe Álvarez y Alicia María Raigón Pleguezuelos. Vanessa Ojeda y Alicia Raigón fueron administradoras de Satia Tecnología y Formación hasta 2013.

Además, Raigón y Ojeda Romero, junto con Cárabe, son los fundadores de otra asociación, Afeme (Asociación Andaluza para el Fomento de la Empleabilidad y la Mejora de la Capacitación Profesional), constituida en Sevilla el 8 de septiembre de 2010 en la sede de Satia Tecnología y Formación.

La propuesta de dictamen del PP en la comisión de investigación andaluza detalla el sistema que utilizaba la trama de Ángel Ojeda para operar. Solicitaba las subvenciones a través de sus asociaciones sin ánimo de lucro, pues esta característica facilitaba su concesión. Después las asociaciones “subcontrataban la formación con otras empresas vinculadas al entramado, que obtenían así un porcentaje de la subvención”, al menos un 20%, asegura el informe.

Subcontratando se conseguía que las asociaciones no percibieran beneficios –carecen de ánimo de lucro–, pero las entidades vinculadas, sociedades limitadas, “les facturaban la totalidad del importe de la subvención, inflando los precios de los servicios contratados”. Forinemas, que dice estar “fiscalizada en todos sus proyectos de ámbito público” y rechaza mantener o haber mantenido “relaciones  profesionales o mercantiles” con Vanessa Ojeda.

Vinculadas igualmente con las empresas de Ángel Ojeda aparecen Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, que presentan dos expedientes cada una. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda. Félix Nenclares niega que sus empresas formen parte de la trama del exconsejero y tacha de “sinvergüenza” a la Junta de Andalucía. “Le compramos Hasa Asistencial [a Vanessa Ojeda] y eso es todo”, indica.

Investigada por la Fiscalía

Método Estudio Consultores ha presentado seis solicitudes de subvenciones. La empresa es propiedad de Jorge Cuntín Rey, presidente del patronato de la Fundación Análisis y Formación. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal ha abierto diligencias previas y los responsables de la fundación ya han prestado declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización porque detectó un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir.

Según el escrito remitido por Cultura e Empleo y al que ha tenido acceso infoLibre, el Protectorado destaca que la Fundación Análisis y Formación “no realizó prácticamente actividad” desde que se creó, en 2003, hasta 2012, cuando empezó a ejecutar una subvención pedida al SEPE el año anterior, por importe de 768.300 euros. Fue entonces también cuando solicitó por primera vez autorización para contratar con Método Estudio Consultores con el fin de impartir formación a menores de 30 años, por importe de 614.640 euros. Además, pidió permiso para contratar con la empresa de su presidente por una asesoría que valoraba en 10.000 euros. Directamente a Método Estudio Consultores el SEPE le había concedido otra ayuda de 131.813 euros en la misma convocatoria.

Un año después, en 2013, la fundación pidió una nueva subvención, de 297.851 euros. Los contratos con empresas de sus patronos –la citada Método Estudio Consultores, Academia Postal Vigo y Estudios Mega– sumaban 263.215 euros, el 88,37% de la ayuda pública.

El Protectorado dice que la fundación carece de otros ingresos que no sean las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”, concluye el escrito.

Otra de las empresas pertenecientes a un patrono de la Fundación Análisis y Formación, Academia Postal Vigo, solicita este año una subvención. El administrador de esta empresa y patrono es César Gómez Blanco, secretario de Formación del PP de Ourense, quien no ha respondido a los intentos de infoLibre de contactar con él por teléfono ni por correo electrónico.

Alberto Martín, abogado de la fundación, explica que las empresas de los patronatos dejaron de impartir los cursos en cuanto el Protectorado del Ministerio de Cultura denegó la autorización. Y que sólo una pequeña parte de ellos –para una treintena de alumnos– continuaron impartiéndolos una empresa de la esposa de otro patrono, Giovanni Giuseppe Giardina, y de un pariente de César Gómez Blanco. “No hubo ninguna ocultación de información como sostiene la Inspección”, asegura, “sólo un error administrativo y de interpretación: pensaron que la prohibición de contratar era exclusivamente para los patronos, no para familiares de los patronos”. El abogado señala también que la fundación ha devuelto todo el dinero que le reclamaba la Inspección. Y niega que Análisis y Formación permaneciera sin actividad hasta 2012 como dice el Protectorado de Cultura: “Tenía locales y personal contratado para impartir cursos”. El Código Penal establece una pena de uno a cinco años de prisión por los fraudes de subvenciones.

La sucesora de la quebrada Editrain

La empresa de formación Editrain entró en concurso de acreedores en noviembre de 2014, con una deuda total de 6,47 millones de euros. La firma era contratada de forma habitual por las asociaciones de editores, tanto de libros como de prensa, para ejecutar sus cursos de formación. Tras quebrar, ni siquiera pudo pagar los sueldos adeudados ni las indemnizaciones a sus trabajadores de plantilla, que debieron recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Peor aún lo tuvieron sus formadores, todos ellos autónomos, que han terminado en la lista de acreedores del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid o reclamando las cantidades a través de juicios monitorios.

Además, la Fundae ha abierto expedientes a las asociaciones que recibieron las subvenciones para ofrecer cursos gratuitos a sus miembros. En concreto, un Master de Edición Digital, cuyo título emitía la Universidad de Alcalá de Henares y que costaba 6.200 euros. Pero que la Federación de Gremios de Editores de España ofreció gratis a las editoriales en 2013 y 2014. Mediante los Permisos Individuales de Formación (PIF) un total de 13 trabajadores cursaron cada año el máster, cuyas clases impartía Editrain en la Casa del Lector de Madrid. Esos PIF son bonificados por la Fundae: se le pagan a la empresa los costes salariales –salario y cotizaciones a la Seguridad Social– de las horas que el trabajador emplea en el curso –un máximo de 200 horas–.

Sin embargo, según las editoriales a las que ha preguntado infoLibre, la Fundae les está reclamando ahora a ellos ese dinero. “Incluso tuvimos problemas para que nos dieran el título”, aseguran, por la quiebra de Editrain. La Universidad de Alcalá de Henares figura en la lista de acreedores de la empresa con una deuda de 203.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Editrain se había especializado en formación para el sector editorial, a través de IPECC, y para el sector médico, a través de IPEM. Los materiales didácticos de esta última fueron vendidos por el administrador concursal, José María de la Cruz Bértolo, al Grupo Business Administration, por un importe de 35.482,09 euros, según explica en conversación con este periódico. Fue la única oferta recibida. Grupo Business Administration está explotando estos materiales, que Editrain no ha pagado a sus creadores, a través de una de sus empresas, 4Doctors, que ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y ha pedido subvenciones para formación a través de otras dos, Criteria y Runtos.

Pese a que el fundador y dueño de Editrain, Jaime Brull Fontseré, no aparece entre los socios de Business Administration, 4Doctors, Criteria y Runtos, sí trabaja en el grupo. A preguntas de infoLibre, dice ser “un empleado más”. “El grupo me pidió que colaborara con ellos en poner en marcha un nuevo proyecto denominado 4Doctors”, explica, “por lo que recibo la nómina correspondiente”. “Se me ha contratado por mis conocimientos y experiencia profesional”, añade, como “asesor y consejero” del presidente, Jorge Albalate, desde el pasado mes de julio. El administrador concursal, De la Cruz Bértolo, aseguró a este periódico que desconocía la existencia de ninguna relación entre Business Administration y Editrain. Sobre la quiebra de esta última, Jaime Brull indica que el concurso fue declarado “fortuito” y que aportó todo su patrimonio para intentar salvar la empresa.

Por su parte, el administrador de Business Administration, Jorge Albalate, precisa que 4Doctors, que define como una “plataforma de desarrollo” profesional para médicos, “casi” no utiliza los materiales comprados a Editrain.

Condenado por el Tribunal Supremo

Finalmente, la Universidad Internacional de La Rioja ha pedido este año una subvención para cursos de empleo, y la empresa Formación Lozoya ha solicitado tres. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. También fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío.

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Manuel Tarrío Berjano y su sociedad, Odón 91, fueron contratados de forma irregular por Forcem entre 1996 y 1998. Ignacio Velilla era entonces asesor jurídico interno de Forcem y Manuel Tarrío, secretario de actas. El Supremo, ratificando una condena previa del Tribunal de Cuentas, ordenó a Velilla y al gerente de Forcem, Arturo Ribero Jubete, devolver 2,1 millones de euros, correspondientes al menoscabo a los fondos públicos provocado por la “falta de diligencia” de sus responsables.

Forcem firmó con Odón 91 un contrato de asesoramiento jurídico el 21 de julio de 1994, por importe de 11,5 millones de pesetas –69.116 euros–. Estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1998. La sociedad la había creado en 1991 Manuel Tarrío, que es abogado del Estado, su esposa y un hijo de ambos menor de edad. En abril de 1995 Forcem nombró a Tarrío Berjano secretario de actas de los órganos de gobierno. Cobraba 300 euros por cada sesión a la que asistía. En julio de 1996 se amplió el contrato de asesoramiento con Odón 91, que pasó a percibir 30 millones de pesetas –180.300 euros– al año.

Es decir, pese a que Forcem tenía sus propios asesores jurídicos se contrató por partida doble a Tarrío, como secretario y como asesor externo a través de su empresa, explica la sentencia. Además, se le pagaron a esa empresa cinco dictámenes que ni por su “finalidad, ni por su extensión ni por su complejidad” justificaban el precio a los que fueron tasados, asegura el Tribunal Supremo. Esos cinco documentos fueron encargados y pagados por Ignacio Velilla, asegura el Supremo. Contactado por infoLibre, Ignacio Velilla ha declinado hacer comentarios sobre este asunto.