El Consejo de Transparencia sólo recibe 10 peticiones de información al día

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen GobiernoConsejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha admitido que, dos años después de la puesta en funcionamiento del Portal de Transparencia, el nivel de peticiones de acceso a información es "bajísimo", porque "no hay más de 10 al día", y lo ha achacado a la falta de una campaña institucional para difundirla y a los obstáculos que existen en el Portal.

"La calidad de la transparencia que tiene la Administración General del Estado en este momento es francamente mejorable", ha dicho en una entrevista con Europa Press.

Arizmendi ha pedido comparecer en el Congreso y en el Senado para presentar la Memoria de la institución y, además, denunciar que tras la entrada en vigor de la ley no hubo una campaña adecuada para fomentar que los ciudadanos pidan información, y reclamar una nueva campaña porque ha habido apenas 6.000 en dos años. "Cuando se aprobó la ley, por fin después de 40 años de democracia, había que haber puesto lonetas en la Puerta del Sol, en los autobuses... pero hubo una campaña de cuñas en radio entre el 28 y el 31 de diciembre, la gente estaba comiendo el turrón y no se enteró, y no se hicieron más", ha lamentado.

También quiere más personal y que se faciliten las peticiones para que todo el mundo pueda hacerlas. En lugar de una solicitud con firma electrónica en el Portal, cree que debería bastar un correo electrónico o un correo postal.

Este 10 de diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Transparencia, dos desde que se abrió el Portal y comenzó a funcionar el Consejo y un año desde que la transparencia es obligatoria para comunidades autónomas y ayuntamientos. En el balance, Arizmendi subraya como positivo que "toda la Administración está en transparencia" y las instituciones están en marcha.

"La parte cualitativa no se cumple"

"Pero la parte cualitativa no se cumple", ha lamentado. De entrada, ha señalado que aunque el Portal tiene muchos datos, "datos no es igual a información" y "el ciudadano no quiere entrar en un marasmo donde hay cantidad de información que no comprende y en el que es difícil navegar, sino respuestas sencillas a problemas sencillos".

Arizmendi lamenta que el lenguaje del portal "está hecho por y para funcionarios" y denuncia el "inmenso problema del acceso", porque para pedir información hay que tener una "firma electrónica avanzada", o bien pedir una clave temporal, que obliga a desplazarse a una oficina, o una permanente, que se pide en la plataforma de la Agencia Tributaria y que obliga a facilitar una cuenta bancaria, lo que no ofrece "mucha confianza" al usuario, "ni tiene mucha relación".

Según ha dicho, "hace cuatro o cinco meses" Presidencia le informó de que trabajaban en un sistema más simple, con claves concertadas como las que usan los bancos, pero para Arizmendi eso sigue siendo insuficiente, porque eso obliga a tener un móvil. Y además, cree que el Gobierno "no ha demostrado que tenga intención de hacerlo rápido".

Para mejorar la situación, espera que se encargue al propio Consejo la redacción del reglamento de la ley, que aún está pendiente, y que se apruebe una excepción a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, para que no haga falta firma electrónica avanzada para solicitar información pública.

Además, confía en que en la nueva legislatura "de negociación, de trabajo conjunto" esté muy presente la transparencia. Y eso que, a su juicio, "en política la transparencia se usa como envoltorio", porque todos los partidos la predican en sus mítines y programas pero luego no están a la altura.

"La transparencia es molesta"

A su modo de ver, está claro que "la transparencia es molesta, le encanta a todo el mundo siempre que sea la del otro" y la Administración "ha vivido mucho tiempo en una situación de confort", porque era la "dueña de la información, e información es poder".

También asume que en España hay que trabajar en la cultura de la transparencia: "Nunca nos han enseñado que preguntar es de buena educación democrática". Eso sí, ha añadido que no puede "culpar a la ciudadanía de que no participen mucho" porque no ha habido formación ciudadana", de manera que la gente "no sabe que hay una ley que le permite saber por qué el polideportivo de al lado de su casa lleva nueve años sin acabarse".

Frente a quienes hablan de un clima de "posverdad", Arizmendi sí cree que vivimos una época "de exigencia de la verdad". "En España pasa mucho menos, porque en España nos quejamos en el bar y luego a la hora de hacer la pregunta somos timoratos", añade, antes de admitir que, desde luego, no ayuda que para preguntar se solicite un número de cuenta corriente. De cara al Presupuesto de 2017, ha asegurado que ella no quiere "dinero", sino "gente" para poner en marcha sus proyectos, teniendo en cuenta que ahora mismo sólo trabajan en el Consejo 19 personas, de las que seis son personal directivo y el resto auxiliar.

Impedir que surjan mediciones "como setas"

Para 2017, ha dicho, el "gran proyecto" es poner en marcha un instrumento de medición, seguimiento y control del cumplimiento de la ley, que esté a disposición de todas las instituciones de forma gratuita. Según ha explicado, a la sombra de la ley han surgido consultoras y empresas que se ofrecen a medir el cumplimiento pero, a su juicio, no se puede "permitir que crezcan como setas instrumentos de medición que se paguen y que te saquen guapo".

El Consejo ha pactado la metodología con las comunidades autónomas y tiene ahorrados 200.000 euros para poner en marcha el aplicativo, que debería servir para 48.000 instituciones y entidades, pero el propio Consejo no tiene "ni un informático".

Según ha explicado, ese instrumento servirá para que las instituciones se autoevalúen y mejoren sus prácticas, compitiendo en "términos positivos". En estos momentos, el único incentivo para que se cumpla la transparencia es "el coste reputacional".

Para Arizmendi, "el coste reputacional importa" y de momento las resoluciones del Consejo se cumplen, pero cree que este órgano debería poder imponer "medidas coercitivas", porque eso reforzaría su autoridad. "En países como Chile el no dar reiteradamente una información es capaz de quitarle el sueldo al responsable, que suele ser el director general, durante cuatro meses", ha relatado.

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También quiere crear un "procedimiento preventivo de resolución temprana de conflictos" para intentar evitar los recursos ante los tribunales. El Consejo ha gastado este año más de 20.000 euros en abogados privados para hacer frente a recursos judiciales frente a sus resoluciones, ya que la Abogacía del Estado sólo le representa frente a los ciudadanos, no frente a la Administración.

"Nos cogió con el pie cambiadísimo, no pensábamos que nos fuera a ocurrir", ha admitido. En este punto, ha defendido que el Consejo es el órgano que interpreta la ley y quiere abrir la puerta al diálogo, no "ir directamente a los tribunales a cuestionar las cosas" en "la plaza pública". "Antes de ir a los tribunales, a lo mejor los convencemos y no nos gastamos dinero en esto", ha proseguido.

Con todo, a la luz de la experiencia acumulada, cree que los jueces están dando indicios de ser "pro transparencia" en general y están sentando jurisprudencia en sentencias en las que se reconoce que "la transparencia y la información es la norma y el límite es la excepción".