La Audiencia de Málaga califica de "graves" los delitos por los que se investiga a Ignacio González

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado tres autos fechados el 9 de diciembre en los que confirma la decisión de la juez Isabel Conejo de proseguir con la investigación de la compra del ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero.

Las tres resoluciones, que han tenido como ponente al magistrado Enrique Peralta, califican los delitos por los que son investigados González y Cavero como "graves", ya que son los de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y cohecho.

"Se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble objeto de la causa, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados, ya que estamos ante hechos graves", especifica la Sección Novena de la Audiencia malagueña, que no da la razón a la representación legal de Ignacio González, que recurrió todas las diligencias acordadas por la jueza.

"Lo acordado es correcto"

Pero la resolución apunta también la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número de Estepona, Isabel Conejo, analice "la relación de los investigados con el bien, el momento de su relación (fechas) y su forma específica (título), siendo necesario tener conocimiento de las actuaciones, lugares de ella y forma de efectuarlas (en Estados Unidos y Panamá) de la sociedad a la que se refiere la comisión rogatoria, siendo por ello correcto lo acordado, que debe ser mantenido", especifica una de las resoluciones, a las que ha tenido acceso infoLibre.

En otra resolución, también redactada por el mismo magistrado Enrique Peralta, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga defiende la investigación de la jueza, y rechaza, como ha asegurado Ignacio González, que sea genérica, ya que se refiere a actos "específicos", y tampoco es prospectiva y desproporcionada, "pues está basada en hechos graves acontecidos con anterioridad a la investigación judicial".

Las pesquisas también han sido acotadas desde un punto de vista temporal, destaca el auto de la Audiencia Provincial, que recuerda que el sumario analiza los hechos entre abril de 2008 a diciembre de 2013; "desde la adquisición del bien por la compañía hasta el año después de la venta" al matrimonio en diciembre de 2012.

"Auxilio internacional"

En concreto, la Sección Novena confirma la resolución de Isabel Conejo en la que acordaba ampliar las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá, los países en los que se sospecha que están radicadas las empresas con las que se compró en 2008 el ático de lujo de Estepona. Los jueces consideran necesario conocer la documentación de estos países, "que tienen relevancia en las actuaciones y que tienden al conocimiento real de lo acontecido, y que para su efectividad necesitan del auxilio judicial internacional".

Los magistrados destacan que las actuaciones solicitadas por la jueza justifican su decisión de confirmar la ampliación de las rogatorias porque se reclaman sobre "una entidad investigada en esta causa", en referencia a Walfort Overseas Investments Ltd. LLC, que está registrada en Delaware (EEUU), "y que al parecer tiene conexiones en Panamá, lo que debe ser objeto de análisis".

Los autos de la Audiencia Provincial de Málaga también ratificar que se proceda a la averiguación patrimonial del matrimonio y de la empresa Coast investor LLC, "a través del punto neutro judicial y librándose oficio a las entidades bancarias Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular", ya que con estas diligencias se trata de acreditar "la capacidad adquisitiva, el pago del mismo, el origen del dinero, y son, por ello, necesarias en la causa, no siendo una investigación abstracta, ni previa al hecho que da origen a la instrucción, sino que tiende a establecer el contenido del mismo".

Encargo a la Policía Judicial

Los magistrados tampoco ven un problema en el hecho de que sea la Policía Judicial la que se encargue de investigar la compra del dúplex de lujo, "ya que es la auxiliadora de la justicia, y dependiente funcionalmente -aunque no orgánicamente- del juzgado. Es lógico, natural y necesario y será el órgano jurisdiccional el que valore el resultado de las citadas gestiones, y por ello nada de lo acordado a ese respecto debe ser modificado", indica la Sección Novena.

Y finalmente, los magistrados también apoyan a la jueza en su decisión de llamar a declarar a dos agentes de la Policía que investigaron los hechos, al mismo tiempo que rechazan el intento del matrimonio de que la información sobre el patrimonio de González sea filtrada, al considerar que todo aquello que es irrelevante para la causa, "no tiene trascendencia en ella, ni es objeto de uso en la misma".

El presidente de la Comunidad de Madrid sostiene que alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en 2012. Pero la justicia investiga si en realidad González y su mujer son los dueños del inmueble desde 2008.

La instrucción de la jueza Isabel Conejo ha confirmado que el presunto testaferro Rudy Valner, residente en Estados Unidos, fue el que compró el ático de lujo en la localidad malagueña y que lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el inmuebleGonzález . Justo después de esta compra, González y su mujer alquilaron el inmueble a un precio considerado muy bajo para la zona.

Extrabajadores de Telemadrid

Dragados pagó tres millones a la empresa de la familia González en el campo de golf del Canal

Ver más

La acusación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid la sostiene el colectivo de extrabajadores de Telemadrid, que presentaron una querella contra Ignacio González, al considerar que el ático de lujo podría ser una dádiva del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también imputado en el caso de Estepona, a cambio de los numerosos contratos recibidos. 

Precisamente este viernes, en la comisión de investigación de la corrupción que se desarrolla en la Asamblea de Madrid se analizará el supuesto trato de favor de Telemadrid a Cerezo. La mesa de la comisión acordó llamar a comparecer a cuatro altos cargos de Telemadrid y Caja Madrid para analizar la compra en 2007 por 306 millones de los derechos de los partidos del Atlético de Madrid y del Getafe CF a través de una empresa creada entre ambas entidades, denominada Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyas pérdidas han superado los 25 millones de euros.

A la sesión de la comisión están citados el director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, el exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos Contreras; el exdirector económico de Telemadrid José Manuel Díez-Picazo, y el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual (MDA), Pablo Ferrándiz Avendaño.