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'Operación Nelson'

El juez cree que Ausbanc exportó su "modelo de negocio" al extranjero y le embarga bienes en tres países

Luis Pineda.

El instructor de la Operación Nelson en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y de sus empresas satélite en Estados Unidos, Venezuela y Colombia, al mismo tiempo que ha prohibido la venta de los inmuebles que el presunto cabecilla de la trama, Luis Pineda, llegó a atesorar en estos tres países, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado adopta esta decisión tras decretar el levantamiento del secreto de esta pieza separada del sumario sobre la actividades de la trama en los tres países, y al constatar la existencia de "indicios suficientes" de que Pineda creó "un complejo entramado empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, empleado para continuar efectuando el modus operandi de Ausbanc en terceros países, así como aprovechar esa presencia internacional para presionar a las entidades españolas con intereses" en esos Estados.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Pineda creó empresas filiales en los países en los que tenían presencia las entidades bancarias extorsionadas en España: "También se aprecia cómo se distraen los beneficios obtenidos por Ausbanc, ampliando y expandiendo el 'modelo de negocio', y adquiriendo determinadas propiedades en el extranjero", como por ejemplo un apartamento de lujo en Miami (Florida-EEUU) y oficinas en Bogotá (Colombia) y en el área metropolitana de Caracas (Venezuela).

Sociedades "controladas por Pineda"

Estos inmuebles fueron adquiridos por sociedades extranjeras "controladas de una u otra manera por Luis PinedaLuis Pineda", completa el juez en el auto, en el que reclama el auxilio de las autoridades de los tres países para que transfieran al juzgado "los saldos objeto de embargo y bloqueo" en las entidades bancarias Wells Fargo Bank, Banco Universal y Citibank.

Los agentes del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef tuvieron acceso a carpetas informáticas que fueron incautadas "en la oficina en la que trabajaba [el imputado] Alfonso Solé Gil", situada en la Avenida de América de Madrid. Y en concreto, en el documento titulado "Transferencias América", los policías descubrieron que la trama detallaba ahí "las diversas transferencias realizadas entre 2010-2015 a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Venezuela". 

Gracias a este documento, los policías han podido constatar la existencia de "importantes cantidades derivadas a estas entidades en el extranjero, las cuales, además de captar fondos propios con el mismo modus operandi que la matriz Ausbanc, recibían parte de financiación de la propia asociación".

Prohíbe la venta

Este es el motivo por el que el juez Pedraz ordena el bloqueo y el embargo de las cuentas bancarias de la trama en estos países, al mismo tiempo que prohíbe la posible venta de los inmuebles. El propio magistrado explica en el auto que esta decisión pretende impedir "la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos".

Y como estas cuentas y los inmuebles se encuentran fuera de España, el instructor reclama "la cooperación entre países para combatir la amenaza de ocultar los hechos delictivos y el beneficio de sus delitos, nacionales o transnacionales, y evadir las investigaciones y el enjuiciamiento; pues esa facilidad de traspasar fronteras dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades, y por ende acarrea impunidad".

El juez reclama a las autoridades de los tres países que identifiquen a los titulares y personas autorizadas, en las cuentas indicadas, y faciliten copia de los contratos de apertura y documentación complementaria. Asimismo, deberán facilitar y remitir "los movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, con expresión de la cuenta de origen y destino, ordenante, beneficiario, banco ordenante, banco beneficiario y cuantos datos posea sobre esa cuenta desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible".

En el auto, el juez indica, además, que entre la documentación de Ausbanc se ha detectado una transferencia en 2013 de 169.644 euros para la compra del apartamento en Miami (Florida), que figura a nombre de la sociedad Mdusa International Media Group LLC, en la que figuran como directores Luis Pineda, María Teresa Cuadrado y Ángel Garay Echevarría.

Dinero desde España

Los agentes de la Udef también han detectado dos transferencias de Ausbanc Empresas de 50.345 euros y 36.761 euros con destino a la mencionada firma Mdusa International Media Group LLC en Estados Unidos, según consta en la documentación facilitada por el Banco Santander. Gracias a estos extractos, los agentes han llegado a la conclusión de que la compra del apartamento de Miami "fue adquirido con dinero procedente de la asociación Ausbanc Empresas, objeto de la presente investigación".

En relación con la empresa que Pineda creó en Colombia, que se denomina Mercado de Dinero Colombia, los agentes han descubierto otras dos transferencias desde España a este país sudamericano por un total de 22.000 euros.  Esta sociedad es propietaria, según el juez Pedraz, de al menos un inmueble que estaría valorado, según las cuentas de la empresa, en unos 118.000 euros.

En cuanto a la filial de Ausbanc en Venezuela, también denominada Mercado de Dinero, los agentes han podido descubrir que el presunto cabecilla abonó 100.000 dólares de Estados Unidos para comprar el 100% de las acciones de la empresa, al mismo tiempo que realizó diferentes transferencias de dinero al país sudamericano que habrían servido para adquirir un inmueble de 130 metros cuadrados de superficie en el área metropolitana de Caracas.

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Blanqueo y alzamiento de bienes

El juez Pedraz ha acordado librar las comisiones rogatorias después de recibir un informe policial de 25 de noviembre, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que los agentes le pedían que reclamara auxilio judicial a las autoridades de Washington, Caracas y Bogotá por "la gravedad de los delitos cometidos y con el objeto de que no se pueda disponer de un importante patrimonio en el extranjero obtenido principalmente como consecuencia de los delitos investigados".

Además, los policías especifican que el bloqueo de las cuentas tiene como "finalidad última asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran exigirse a los responsables de los delitos imputados y garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse a éstos; así como delimitar las posibles responsabilidades penales por los actos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes".

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