Hacienda suavizará la prohibición de aplazar el IVA, una medida aprobada hace un mes que favorecía a la banca

El Ministerio de Hacienda ultima una instrucción que rectificará parte del decreto-ley de 2 de diciembre de 2016 donde, entre otras medidas, se eliminaba la posibilidad de aplazar el pago del IVA y los impuestos especiales. La supresión perjudica especialmente a los autónomos y las empresas más pequeñas. El 97,5% de las solicitudes de aplazamiento de impuestos son por importes inferiores a 18.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria referidos a 2015. Ese año se cursaron 1,67 millones de solicitudes, el triple que en 2008. La cifra se refiere a todos los aplazamientos sin discriminar por tipo de impuesto, por lo que la agencia no ofrece el dato de las solicitudes referidas al IVA.

El cambio la anunció el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, apenas unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto. El departamento que dirige Cristóbal Montoro se limita a indicar ahora que está “en conversaciones” para elaborar esa instrucción, pero no precisa ni la fecha de su aprobación ni cuáles serán los términos en que quedará redactada. Por su parte, Lorenzo Amor explica a infoLibre que se mantendrá la posibilidad de aplazar los pagos del IVA por importe inferior a 30.000 euros por un plazo máximo de 12 meses –en lugar de los 18 meses originales– para los trabajadores autónomos, y por el mismo importe pero con un plazo de seis meses para las empresas.

El pago del IVA correspondiente al último trimestre del año debe realizarse antes del próximo día 30, por lo que la instrucción debería estar aprobada antes de esa fecha. En principio, los aplazamientos del pago del IVA, los impuestos especiales y el impuesto de sociedades hasta 30.000 euros se mantendrán sólo durante 2017. Al acabar este año, “se revisará” el resultado, apunta Lorenzo Amor, quien en cualquier caso se muestra seguro de que la medida “pervivirá en el futuro”. “Aunque no sé con qué fórmula e importes”, matiza.

Desplome de la recaudación

Para revertir el desplome de la recaudación fiscal y cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, el Gobierno ha adelantado el pago fraccionado del impuesto de sociedades. El objetivo, recaudar 8.000 millones de euros. Con las medidas incluidas en el decreto-ley de 2 de diciembre intenta ingresar otros 7.500 millones. Además de prohibir los aplazamientos fiscales, Hacienda endureció el régimen de deducciones por doble imposición y por pérdidas de ejercicios anteriores en el impuesto de sociedades, subió los impuestos al tacaco y las bebidas alcohólicas, creó una tasa para bebidas azucaradas y limitó los pagos en efectivo a 1.000 euros.

Ese paquete fiscal contó con la inmediata reprobación de las organizaciones empresariales. Y de los autónomos. Si los cambios en el impuesto de sociedades recaían sobre las sociedades de mayor tamaño, el aplazamiento de los pagos del IVA impacta sobre todo en las pymes y a los trabajadores por cuenta propia. La mitad de los 10.033 millones de euros cuyo aplazamiento se solicitó a Hacienda en 2015 corresponde a liquidaciones inferiores a 18.000 euros. Pese a que la cantidad ha sufrido un considerable descenso desde el máximo de 17.959 millones alcanzado en 2013 –un 44%–, sigue siendo más de tres veces superior al importe cuyo aplazamiento se pidió en 2006. De los 1,67 millones de solicitudes para retrasar el pago de todo tipo de impuestos cursadas en 2015, 1,28 millones corresponden a los llamados Acuerdos RAM (Resolución de Aplazamientos Masiva), un procedimiento automatizado de resolución con unos criterios preestablecidos para conceder el aplazamiento. Se trata, en la mayoría de los casos, de solicitudes por pequeños importes, explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Cepyme y UPTA miran a los bancos

Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas, se queja de que prohibir los aplazamientos de los pagos perjudica a las empresas que mayores dificultades tienen para acceder a la financiación, para conseguir un crédito en el banco y pagar así al fisco. En el mismo sentido se pronuncia el sindicato de autónomos UPTA. Hacienda permite retrasar el pago de las obligaciones tributarias, pero cobra un interés por ello del 3,75% si son inferiores a 30.000 euros y sin necesidad de aportar garantías. “No tiene mucho sentido que, teniendo la facilidad de crédito que tienen hoy las empresas, se financien sobre la Hacienda pública de todos”, justificó el ministro Montoro en el Congreso de Diputados al anunciar la medida.

El secretario general de UPTA le replica: “Los bancos ya han empezado a ofrecer líneas especiales de crédito con intereses que no bajarán del 8,5%”. A su juicio, son los bancos los principales beneficiados de la prohibición de aplazar los pagos fiscales. Cepyme pone la lupa en el “coste financiero” que para las pequeñas empresas tiene el decreto-ley. Abad destaca la “pérdida de liquidez” que sufrirán los autónomos si la medida no se revierte y que cifra en 20.000 millones de euros. “Supondrá el estrangulamiento económico de autónomos y microempresas”, recalca. Según explica, muchos trabajadores por cuenta propia con actividades muy estacionales y que, por tanto, concentran en pocos meses del año su mayor facturación, pagan el IVA en el siguiente trimestre. “Esa liquidez les permite seguir con el negocio”, resume. O adquirir existencias para vender después en temporada.

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Criterio de caja, sólo para una minoría

La norma establece sólo una excepción para seguir solicitando el aplazamiento del pago: que el autónomo justifique debidamente que no ha cobrado el IVA. El problema, apunta Eduardo Abad, es que “ni siquiera hay una casilla en la solicitud para poner que no se ha cobrado”. Desde que se aprobó la Ley de Apoyo a los Emprendedores, autónomos y pymes pueden acogerse al régimen especial del IVA con criterio de caja, en lugar del anterior con criterio de devengo. Es decir, pueden pagar el IVA cuando lo hayan cobrado, en lugar de adelantarlo de las facturas que aún no han ingresado.

Pero sólo muy pocos autónomos han preferido hasta el momento esta novedad, una reivindicación histórica del colectivo. Según UPTA, no llegan ni al 10%. Según ATA, aún menos, unos 30.000, el 1%. Aunque, precisa Lorenzo Amor, en realidad la medida sólo es apropiada para unos 500.000 trabajadores por cuenta propia. “Únicamente es necesaria para aquéllos que tienen más problemas de morosidad”, señala, “al 50% de los autónomos, que se reparten en los sectores de la hostelería, el comercio y la agricultura, el criterio de caja no les sirve para nada”. Aun así, la cifra de los que se han acogido equivale sólo al 6% de aquellos para los que, en principio, fue pensado el nuevo régimen de pago. Entre otras razones, porque para acogerse a él, un autónomo necesita que tanto sus proveedores como sus clientes también funcionen con el mismo sistema. Y desde luego las grandes empresas no cambian sus sistemas de pago y contabilidad para adaptarse a las necesidades de sus más pequeños proveedores.