El Tribunal de Cuentas constata deficiencias en la gestión que hace Sanidad del gasto farmacéutico

ElTribunal de Cuentasha auditado la gestión que el Ministerio de Sanidad hizo del gasto farmacéutico en los ejercicios de 2014 y 2015 y ha destapado ciertas deficiencias, especialmente, en relación a los procedimientos de control y los sistemas de información sobre la inversión pública en medicamentos.

En una extensa evaluación [ver en PDF], el organismo fiscalizador del Estado concluye que los informes que anualmente realiza el ministerio evaluando el Sistema Nacional de Salud (SNS) "no incluyen información alguna sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto presupuestario de la financiación de los medicamentos", incumpliendo así la normativa reguladora aplicable. 

Los auditores públicos ponen en cuestión el funcionamiento de algunas de las principales medidas puestas en marcha por Sanidad en los últimos años, entre ellas el sistema de información sobre el gasto farmacéutico en los hospitales públicos, que está en funcionamiento desde 2013. Subrayan que la falta de definición del formato de los ficheros, del contenido de la información y de la periodicidad de su remisión, ha hecho que la información remitida al ministerio por las comunidades autónomas hasta diciembre de 2015 haya sido "heterogénea, dispar, incompleta y poco uniforme" y, por tanto, que carezca de calidad y sea "poco fiable" para la toma de decisiones. 

No obstante, sí ponen en valor el hecho de que en enero de 2016 se pusiera en marcha una nueva aplicación informática para el seguimiento de la farmacia hospitalaria. De hecho, en sus alegaciones, el ministerio admite la necesidad de que se cumpla "con mayor rigor" el real decreto que puso en marcha este sistema de información, si bien recuerda que ya se están tomando algunas medidas como la puesta en marcha de un grupo de trabajo con representantes de las comunidades autónomas. 

Techos de gasto

Por otro lado, los auditores públicos también cuestionan los llamados techos de gasto para fármacos de elevado coste como los medicamentos de última generación que son capaces de curar determinados genotipos de la hepatitis C. En la fecha de realización de la fiscalización se encontraban sujetos a techo de gasto 12 medicamentos a los que, de acuerdo con las resoluciones aprobadas –que no son públicas– correspondía un techo de gasto conjunto aproximado de 1.197 millones de euros, fijándose diferentes plazos temporales de aplicación que varían entre uno y tres años.

En su informe, el Tribunal de Cuentas censura que las obligaciones adicionales para las farmacéuticas que marcan algunas de esas resoluciones –por ejemplo, que superado un máximo de unidades de un fármaco, el resto de las que se necesiten sean suministradas de forma gratuita por los laboratorios– escapen "a las posibilidades de inspección y examen por parte del ministerio, por carecer de la información que los laboratorios y, en su caso, los hospitales tendrían que proporcionar para hacer posible su seguimiento". 

El informe subraya que pueden darse "importantes disfunciones" la hora de aplicar, interpretar y ejecutar los acuerdos de retorno fijados en las resoluciones como consecuencia de haberse establecido techos de gasto conjuntos para presentaciones farmacéuticas pertenecientes a diferentes laboratorios, al tiempo que cuestiona la "importante complejidad" de los sistemas de coste de los tratamientos que sirven para fijar esos techos de gasto. Todas estas cuestiones –señala el organismo fiscalizador– hacen que sea "de difícil comprobación" el cumplimiento del límite fijado en las distintas resoluciones y sus retornos al SNS.

En sus alegaciones, el Ministerio de Sanidad dice a este respecto que con la aplicación desarrollada "con carácter de urgencia" es difícil que el ministerio pueda "acometer actuaciones inspectoras" y señala que en "en futuros desarrollos" se tratará de solucionar esta "carencia". Asimismo, recuerda que las competencias en facturación de medicamentos corresponden a las comunidades autónomas. 

Información 

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Cada mes, el Ministerio de Sanidad informa en su página web sobre lo que paga la Administración por la parte subvencionada de los medicamentos que se dispensan con receta en las farmacias. Esta información se la facilitan, mes a mes, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el caso de Ceuta y Melilla, los únicos dos territorios en los que no está transferida la competencia en materia de sanidad. 

Los últimos datos conocidos son los relativos a noviembre del año pasado cuando la Administración gastó 837 millones de euros en recetas. Pues bien, el Tribunal de Cuentas subraya que el modelo de fichero o documento a través del cual se transmiten los datos se encuentra "obsoleto" y "no recoge el sistema de financiación de los medicamentos por el cual la aportación del ciudadano se calcula en función de su nivel de renta o categoría de usuario". 

En este sentido, el órgano fiscalizador del Estado pone el acento sobre los "importantes retrasos" con los que las provincias remitieron a Sanidad la información, correspondiente a los años 2014 y 2015, sobre los medicamentos que se dispensan a los pacientes en los hospitales para que los tomen en sus domicilios. Destaca especialmente el caso de Madrid, que en 2014 proporcionaba esa información con un retraso medio de 402 días. En 2015, el retraso se redujo hasta los 109 días, aunque siguió siendo la provincia que proporcionaba esta información con más demora.