Piden cuatro años de cárcel para cuatro profesores y un activista por participar en una protesta contra los recortes educativos

El 7 de septiembre de 2011, en plena crisis económica y de recortes en educación, cientos de docentes se concentraron de manera espontánea frente a los Servicios Periféricos de Educación en Guadalajara como protesta por el despido de más de 800 profesores que ya habían iniciado la planificación del nuevo curso. Posteriormente, alrededor de 400 manifestantes se dirigieron hacia el teatro Buero Vallejo, interrumpiendo el pregón de las fiestas que allí se celebraba.

Pasados unos días, y a pesar de que la protesta tuvo un carácter pacífico, el Ayuntamiento de Guadalajara, presidido por Antonio Román (PP), aprobó en el Pleno –donde los conservadores contaban con mayoría absoluta– “identificar y castigar a los culpables de la interrupción del pregón”.

Dos meses después, la Brigada de Información de la Policía Nacional y la Policía Local seleccionaron a cinco de los manifestantes –cuatro profesores y un activista– y comenzaron a buscar cualquier prueba incriminatoria, según denuncia en un comunicado la Plataforma por la Absolución de los 5 del Buero.

"Yo ni siquiera fui identificado por la Policía en el acto, pero el 20 de noviembre me llegó una carta del juzgado de lo penal que decía que me enfrentaba a cuatro años de cárcel y dos meses", explica Domingo Alcázar, uno de los manifestantes imputados, en declaraciones a infoLibre.

"La protesta fue absolutamente pacífica y legítima. De hecho, cuando se producía algún rifirrafe, los propios manifestantes paraban para tranquilizar a la gente”, recuerda.

Domingo, que trabaja como profesor en un centro de adultos, duda de que la selección se hiciese al azar: "No nos eligieron aleatoriamente, sino como un instrumento represivo para acallar las protestas". En este punto, asegura que algunos de los manifestantes ya temían que les pudiera tocar a ellos. "Yo soy miembro de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), y teníamos cierta actividad política". De hecho, de los cinco imputados, solo dos fueron identificados durante las protestas. Los tres restantes, señala, son personas activas sindicalmente. 

Esta versión la corrobora Miguel Ángel Santos López, otro de los profesores imputados y miembro del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STE). Miguel Ángel, que tampoco fue identificado por la Policía durante la manifestación, subraya las consecuencias que tuvieron los recortes en educación en Castilla La-Mancha: "Durante la legislatura de Cospedal, se llegaron a echar a más de 7.000 profesores interinos, con el consecuente sobrecarga y reducción de la calidad de la enseñanza pública".

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Los policías no les identifican como agresores

En octubre de 2016 finalizó la fase de instrucción. El caso pasó a un juzgado de lo penal y se decidió el señalamiento del juicio oral para el 14 de febrero de 2017. Los cinco procesados están acusados de un delito continuado de atentado a agente de la autoridad –2 años de prisión–, falta continuada de lesiones (2 meses) y desórdenes públicos –2 años–. Sin embargo, los policías que sufrieron dichas supuestas lesiones, y que ejercen como acusación particular, no identificaron durante la fase de instrucción a ninguno de los cinco imputados como los agresores. El comunicado recalca que "resulta curioso que no se aluda a la desobediencia, la cual, según el juez justificaba nuestra presencia en lo Penal".

La Fiscalía, por su parte, argumenta que "tanto el atestado como las declaraciones de los agentes adolecen de prueba expresa contra los imputados", dado que no fueron identificados durante la protesta ni posteriormente en el juicio, algo que el juez rechaza. Por ello, en un escrito donde pide el sobreseimento del caso, denuncian que "en ningún caso pudo apreciarse que los imputados hayan sido los autores directos o materiales de las concretas lesiones”, a lo que añaden que “en ningún momento los agentes agredidos han concretado la posible actuación concreta que tuvieron cada uno de los hoy imputados”.