El Tribunal de Cuentas denuncia la mala gestión en la lucha contra el déficit del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha no cumplió ninguna de las medidas para aumentar los ingresos que debían servir para cumplir el objetivo de déficit en 2014, cuando lo presidía María Dolores de Cospedal. Como la comunidad autónoma había incumplido el objetivo para 2013, cerrando el ejercicio con un 2,13% –en lugar del 1,3% previsto–, debía presentar un Plan Económico Financiero para 2014 y 2015, que la obligaba a tomar medidas para estimular los ingresos por importe de 50,38 millones de euros y un recorte de gastos de 239 millones. Sin embargo, el Gobierno de Cospedal, en lugar de aumentar los ingresos, los redujo en 517.000 euros, según revela el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización del Ejecutivo castellano-manchego.De las medidas para reducir el gasto ejecutó el 77,6%.

La actual ministra de Defensa hizo de la reducción del déficit su prioridad política. Los tijeretazos que aplicó a los servicios públicos la convirtieron en la campeona autonómica del recorte presupuestario. Ahora el Tribunal de Cuentas le reprocha que no fuera igual de diligente con los ingresos.

Para dar fuelle a esa partida, el 41,7% de las medidas del Plan Económico Financiero eran acciones tributarias. Gracias al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales el objetivo era aumentar la recaudación en 20 millones de euros. Por el contrario, los ingresos por este concepto cayeron en 258.000 euros, una “ejecución negativa del 1,3%”, indica el Tribunal de Cuentas. Con los impuestos al juego y las apuestas, el Gobierno de Castilla-La Mancha debería haber conseguido 940.000 euros más, pero la recaudación real sufrió un descenso de 1,07 millones de euros, una ejecución negativa del 114,3%.

El motivo que aduce el Ejecutivo de Cospedal en sus alegaciones al informe del tribunal fue que, en lugar de subir los impuestos, los bajó. “El Gobierno regional decidió no incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes castellano-manchegos”, resume.

El resto de las medidas sobre ingresos incluían la “enajenación de inversiones reales” por importe de 24,79 millones de euros, que fueron ejecutadas al 100%. Así, Castilla-La Mancha cerró 2014 con un déficit del 1,8%, ocho décimas por encima del déficit previsto.

El Tribunal de Cuentas también critica al Ejecutivo de Cospedal por haber tramitado ampliaciones de crédito por importe de 290 millones de euros en 2014, pese a que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma prohíbe aprobar modificaciones de crédito que supongan un aumento en las necesidades de financiación. El órgano fiscalizador advierte de que el “desequilibrio” causado por estos aumentos de créditos sin financiación puede generar “déficit presupuestarios”.

En sus alegaciones, el Gobierno de Cospedal destaca las “medidas de disciplina presupuestaria y reestructuración financiera” que aplicó, entre ellas “la reducción de los supuestos para ampliar créditos” establecidas en las leyes anuales de presupuestos, así como la “intensificación del control del gasto público y la contención de los gastos de personal”.

Contratos temporales fraudulentos

El caso es que el Tribunal de Cuentas saca los colores al Ejecutivo manchego también por su política de personal. En concreto, critica el aumento de plantilla y de gasto por este concepto descubierto tanto en el Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, la radio y la televisión autonómicas, como en el Servicio de Salud (Sescam).

Pese a que la plantilla óptima del Sescam se fijó en 20.037 trabajadores, en 2014 la integraban 27.388 personas. Ese año se registraron 7.027 altas de personal, de las cuales 6.892 eran de carácter temporal: eventuales, interinos y sustitutos. Éstos corresponden a 1.079 contratos, casi el doble de los firmados un año anterior –687–. Además, el tribunal revela que se acumulan para un mismo trabajador contratos durante 12 meses o más en un periodo de dos años; es decir, advierte, pueden estar tapando necesidades estructurales de plantilla. Al tiempo, se mantienen 647 vacantes sin cubrir.

Este personal, contratado en teoría para atender necesidades coyunturales, se utiliza “de manera recurrente”, destaca el informe, “además de ser coincidente, en gran parte, con quien realiza también funciones eventuales”. El Tribunal de Cuentas constata así “una mala práctica de contratación” que los tribunales ya han declarado “fraudulenta” y que ha costado a las arcas públicas castellano-manchegas 139.000 euros en 2014.

La contratación de trabajadores temporales requiere un informe previo de la Dirección General de Presupuestos autonómica, “preceptivo y vinculante”, que el Gobierno de Cospedal obvió en todos los casos. También en el de los 29 temporales empleados en el ente público de la radio y televisión autonómicas. Con una plantilla de 456 trabajadores, el ente superó el gasto de personal presupuestado inicialmente en un total de 1,039 millones de euros.

Pero no es el único aspecto de la política de personal que critica el órgano fiscalizador. La gerencia del Sescam aprobó para 2014 un complemento de productividad de carácter mensual para los equipos directivos del Servicio de Salud. Según las propias leyes autonómicas, esa retribución variable debe ser remunerada con periodicidad anual y sólo si se cumplen totalmente los objetivos fijados para su percepción. En cambio, según el Tribunal de Cuentas, en 2014 “se reconocieron obligaciones en concepto de incentivos al rendimiento por importe de 131,56 millones de euros”, pese a que “sólo una gerencia [del Sescam] cumplió con el objetivo financiero del contrato de gestión –gasto real inferior al asignado–”. Por ello, sus altos cargos recibieron 7.000 euros como complemento de productividad.

El Gobierno de Cospedal contestó al tribunal que la ley le permite retribuir con este bonus no sólo el cumplimiento de objetivos, sino también “el especial rendimiento, el interés o la iniciativa, y la participación en programas o actuaciones concretas”.

Contratos irregulares convalidados 'a posteriori'

El Tribunal de Cuentas fiscaliza igualmente los sistemas de control interno de la comunidad autónoma. Y encuentra numerosas deficiencias. Por ejemplo, cifra en 4,56 millones de euros el importe de los actos de contenido económico que debió convalidar el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a posteriori por no haber sido fiscalizados en su momento. De esa cantidad, casi un millón son gastos anteriores a 2014 pero que no habían sido registrados a 1 de enero de ese año. Además, se trata de contratos fraccionados, por importe de 216.000 euros; de servicios prestados sin contrato –652.000 euros– e incluso de un contrato verbal por valor de medio millón de euros.

El patrocinio de clubes deportivos manchegos para difundir la imagen CLM+Activa fue encargado “verbalmente”, explica el informe, pese a que ese tipo de contratos están prohibidos por la Ley de Contratos del Sector Público, salvo si tienen carácter de emergencia. Es más, el patrocinio a los clubes comenzó antes de que abriera siquiera el procedimiento de contratación.

Entre los contratos fraccionados, otra práctica prohibida por la ley, figuran también algunos referidos a campañas de publicidad institucional, valorados en 307.000 euros.

El informe de fiscalización dedica un apartado a vigilar las cuentas bancarias a nombre de la comunidad autónoma y descubre que 21 de ellas tenían en 2014 “firmas autorizadas de carácter indistinto”, lo que incumple la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: exige al menos dos firmas conjuntas. Siete de ellas pertenecían al Sescam. Otras tres de este mismo servicio eran unipersonales, lo que tampoco es legal. En el caso del Servicio Público de Empleo autonómico, que Cospedal suprimió en enero de 2012, el Tribunal de Cuentas constató que aún mantenía en cuentas operativas a su nombre, dos años después, un saldo de 843.000 euros.

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El Sescam reúne una buena parte de las críticas del informe a la gestión del Gobierno castellano-manchego. Le recrimina que recurra al “convenio singular de vinculación”, una figura que excede el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público y que debería ser excepcional, para prestar la “asistencia sanitaria con medios ajenos”, a través de hospitales privados. En 2014 Castilla-La Mancha mantenía en vigor un total de 40 convenios. Según el tribunal, este instrumento no garantiza la “aplicación de los principios básicos de concurrencia, publicidad y libertad de acceso a las licitaciones”. Además, cada año los convenios “incorporan nuevas prestaciones de servicio”, distintas a las estipuladas inicialmente, sin estar motivadas de forma adecuada.

De esos 40 convenios, 15 fueron suscritos con centros sanitarios privados ubicados en otras comunidades autónomas ubicados en otras comunidades autónomas limítrofes y en aquéllos firmados para reducir las listas de espera quirúrgicas no se crearon comisiones de seguimiento, “lo que dificulta el control de las derivaciones a la sanidad privada”, destaca el informe.

Éste es el tercer informe que el Tribunal de Cuentas elabora sobre los gobiernos de Cospedal. El órgano fiscalizador no deja de señalar que, un año más, el Ejecutivo autonómico no ha aplicado ninguna de las recomendaciones incluidas en sus informes anterioresinformes anteriores.