Afganistán
El juez Pedraz pide a Interior, Exteriores y Defensa informes sobre el atentado en la embajada de Kabul de 2005
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado este viernes al Ministerio del Interior, de Exteriores y Defensa los informes relacionados con la investigación del atentado contra la embajada española en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2005 en el que murieron dos policías, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El juez instructor reclama esta documentación dentro de la investigación sobre los fallos de seguridad en la legación diplomática, en la que se encuentran imputados por delito de homicidio imprudente el embajador y el segundo embajador en aquella fecha, Emilio Pérez de Ágreda y Oriol Sola Pardel, respectivamente.
La causa comenzó en noviembre tras una extensa investigación anterior por parte de la Fiscalía. Los familiares de las víctimas acusan en su querella a Pérez de Ágreda de no atender "nunca" las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la Embajada, que se remontan al inicio de su construcción, en el año 2008.
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Los denunciantes aseguran que las deficiencias se comunicaron también a Exteriores y que la mañana del día en que se produjo el atentado se alertó, por los servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. "Esto debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas" que hubieran evitado la explosión de un coche bomba en los muros de la legación, dicen los familiares.
Las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encuentra, añade la querella, que destaca que la sede diplomática está, además, situada fuera del perímetro de seguridad, en un barrio "rodeado de casas de militares y de señores de la guerra".
El domicilio del embajador –que estaba de vacaciones el día que se produjo el atentado– sí se encuentra, no obstante, en la conocida como zona verde. Pérez de Ágreda mantuvo, a pesar de ello, un "mutismo absoluto" sobre estos problemas y "ponía en constante riesgo" a los ocupantes del edificio al permitir "el trasiego de mercaderes" que paseaban por la legación ofreciendo productos como joyas y alfombras, dicen los familiares.
