Energía solar
La política del Gobierno contra las renovables ya le ha costado nueve millones en litigios
España acumula gastos en los dos últimos años por casi 9 millones de euros en asesorías externas para defenderse de la lluvia de procesos arbitrales internacionales de inversores por los recortes aplicados a las energías renovables, informa Europa Press.
En concreto, desde marzo de 2015, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha contratado servicios de asistencia especializada para estos litigios por 8,72 millones de euros en un total de 18 frentes abiertos.
Asimismo, el organismo ha abierto la convocatoria de dos concursos más para la contratación de asistencia de asesoría externa, compuesta por cuatro lotes por importe de 600.000 euros cada uno, el último de ellos publicado el pasado mes de enero, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los registros del IDAE.
Las beneficiarias de estos contratos adjudicados en estos dos años han sido cinco firmas: Accuracy (3,1 millones de euros), BDO (2,295 millones), Econ One (1,5 millones) y la UTE entre McGroup y Altran (1,81 millones).
27 demandas en el Ciadi
España acumula un total de 27 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables.
La última de ellas fue presentada el pasado mes de agosto por las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies, según los registros del tribunal consultados por Europa Press.
España ocupa así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.
En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.
Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.
Denuncias
Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España.
En noviembre del año pasado se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.
Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.
También han presentado denuncias la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes..
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Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país. Entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.
El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.
Además, el organismo había iniciado la tramitación, entre otras, de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera.
